La renovación anticipada de la concesión de Zofri S.A. hasta 2050 no solo abrió un debate político y económico en Tarapacá porque el conflicto ahora sumó un frente institucional. Fuentes cercanas al caso informaron a DF Regiones que hasta ahora, la Contraloría ha recibido cinco denuncias vinculadas al proceso: de la senadora Luz Ebensperger, del diputado y senador electo Renzo Trisotti, dos particulares y de la asociación gremial usuarios Zofri, AUZ.
Con ello, a los cuestionamiento públicos a la decisión del presidente del directorio, Iván Berríos, se suman ahora denuncias formales ante Contraloría que mantienen el conflicto en tensión, en un escenario marcado por acusaciones, columnas cruzadas y críticas por una supuesta falta de transparencia en el proceso.
Críticas por legitimidad
Desde la Asociación Usuarios Zofri A.G. (AUZ) en una columna de opinión escrita en un diario local, el vicepresidente Felipe Illanes Petersen cuestionó el mecanismo utilizado para la renovación, planteando dudas sobre su legitimidad y el impacto en la competencia. “La reacción ciudadana y gremios no es casual. Responden a la percepción de una decisión tomada sin legitimidad social ni debate amplio”.
En su columna, el dirigente sostiene que optar por una vía administrativa, consultando previamente a la Contraloría sobre su viabilidad jurídica no equivale a un respaldo político o social. A su juicio, el proceso dejó fuera una discusión de fondo sobre si el sistema concentra demasiado poder en un solo actor, cómo se fijan las tarifas, qué tan competitivo es y cuál debe ser el rol real de la Zona Franca en el desarrollo de la región.
También advierte que extender la concesión hasta 2050, sin licitación pública, limita la entrada de nuevos actores y consolida el modelo actual por décadas. La principal crítica apunta a que el Gobierno cuestionó en el pasado los “amarres” de largo plazo y hoy estaría replicando una lógica similar.
En paralelo, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, planteó que el desarrollo no puede centrarse solo en la actividad tradicional de la Zona Franca y cuestionó que Zofri no haya asumido plenamente un rol estratégico en esta nueva etapa, señalando que, tras la extensión de la concesión, ha priorizado su actual modelo inmobiliario y comercial.
“Zofri no puede seguir pensando sólo desde su lógica inmobiliaria. La ciudad necesita una visión más amplia y articulada con el territorio. La extensión de la concesión no puede ser un punto final al debate. Al contrario, debería abrir una discusión profunda sobre el modelo de desarrollo que queremos para Iquique”.
En tanto, el diputado y senador electo Renzo Trisotti (partido republicano), llamó a aclarar si esta acción se ajustó a la normativa vigente, debido a que la decisión, que implica una concesión, se realizó sin una licitación pública, que era lo que solicitó el año pasado.
“No se trata de obstaculizar, sino de resguardar y proteger a Iquique. Una concesión estratégica hasta 2050 exige el máximo estándar de transparencia y responsabilidad, por el bien de Tarapacá y del sistema franco, y eso lo vamos a exigir con todas las herramientas de la ley”, finalizó.
Luz Ebensperger, senadora de Tarapacá, manifestó que “el gobierno del Presidente Boric vuelve a improvisar. A puertas cerradas y casi en secreto, renuevan la concesión de la Zona Franca de Iquique para decir que hicieron algo".
La parlamentaria advirtió además sobre las consecuencias a largo plazo de este contrato para el desarrollo local: “Lo único que lograron con esta firma es dejar la región amarrada a un modelo obsoleto, sin modernización ni proyección”.
DF Regiones tuvo acceso a una de las denuncias ingresadas ante la Contraloría General de la República, donde se solicita revisar la legalidad de la prórroga por 24 años adicionales de la concesión vigente hasta 2030 y sostiene que el acto administrativo que la habría autorizado es “completamente desconocido”, denunciando “opacidad” (falta de transparencia), la inexistencia de un procedimiento público y competitivo, la eventual vulneración del principio de legalidad y advirtiendo que el acto podría estar afectado de nulidad, además de abrir la interrogante sobre un posible perjuicio fiscal al no mediar licitación que asegure la mejor oferta para el Fisco.
Además, pide el documento oficial que autorizó la prórroga, que CGR revise si esa extensión se ajusta a la ley, determine si debió hacerse una licitación pública y de no cumplirse esos requisitos, declare la nulidad del acto y adopte las medidas correspondientes.
La defensa del directorio
En medio de este escenario, Zofri realizó la ceremonia anual de entrega del 15% de sus ingresos brutos, correspondiente al ejercicio 2025, transfiriendo más de $ 4.800 millones a las siete comunas de la Región de Tarapacá: Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica, Huara, Camiña y Colchane.
El mecanismo que está vigente desde 1990 obliga a la compañía a redistribuir el 15% de sus ingresos brutos a los municipios, recursos que deben destinarse exclusivamente a proyectos de inversión, infraestructura y equipamiento comunitario. Desde 1990, el aporte acumulado supera los $ 147 mil millones en Tarapacá y más de $ 210 mil millones si se considera también Arica y Parinacota.
En la ceremonia, el presidente del directorio, Iván Berríos, defendió tanto el mecanismo como la extensión de la concesión. “Algunas autoridades locales han levantado cuestionamientos. El debate es legítimo. Pero el desarrollo exige algo más que declaraciones. Exige planificación. ¿Dónde está el plan alternativo a 25 años, los estudios técnicos, la hoja de ruta que asegure empleo y competitividad regional? Criticar es fácil. Planificar y ejecutar es mucho más difícil. Nosotros sí tenemos planificación. No improvisamos”.
Berríos señaló que la hoja de ruta contempla la modernización inmediata de la companía, su consolidación estratégica y la transformación hacia una zona franca inteligente, digital y sostenible. Agregó que el Plan Estratégico 2025 - 2050 proyecta una inversión de $ 98.249 millones en Tarapacá durante la próxima década, además de un programa superior a US$ 133 millones para Tarapacá y Arica y Parinacota. Según la proyección de la empresa, esto permitiría generar más de 20 mil empleos adicionales.