Banca & FinTech

La mirada del BC sobre las utilidades de la banca, el conflicto en medios de pago y los proyectos de deuda en el Congreso

Llamó a la banca a reforzar sus niveles de solvencia y también consideró necesaria “la resolución pronta y adecuada de las cuestiones pendientes asociadas a la judicialización de aspectos tarifarios” de la industria de medios de pago.

Por: Vicente Vera V. | Publicado: Miércoles 9 de noviembre de 2022 a las 12:18 hrs.
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El Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central abordó tres elementos que han estado en la discusión por parte de los agentes del mercado: las utilidades alcanzadas por la banca, la regulación de la industria de medios de pago y los proyectos de datos de endeudamiento de las personas. 

Respecto al primer tema, cabe recordar que la banca acumula ganancias entre enero y septiembre de US$ 4.502 millones, un 41,9% más que en 2021. 

Frente a esta situación, la autoridad monetaria explicó “las utilidades aumentaron de manera importante en el último año. Esto es producto -entre otros factores- del incremento en el margen de reajustes y la mayor eficiencia operacional, los que han compensado el menor margen de intereses”. 

El ente rector presidido por Rosanna Costa apuntó que dada esta situación “sería positivo que (la banca) reforzara sus niveles de solvencia aprovechando las mayores utilidades alcanzadas durante este año”.

Asimismo, indicó en el informe que “es preciso que las entidades bancarias vayan acomodando la estructura de su balance para hacer frente al cumplimiento de obligaciones adquiridas durante la pandemia, manteniendo niveles de liquidez apropiados”. 

Esto, pues dichos elementos “contribuirán a cubrir apropiadamente las distintas fuentes de riesgo y preservar así la estabilidad financiera y de la oferta de crédito”. 

Medios de pago

El IEF también resaltó que la implementación del modelo de cuatro partes en la industria de medios de pago “ha logrado evidentes progresos”. Gracias a esta iniciativa, señaló el informe, se han ido sumando actores en la adquirencia y subadquirencia, incorporando una importante cantidad de comercios a la red. 

Sin embargo, “la transición ha sido más lenta de lo esperado y no exenta de fricciones entre los distintos participantes”, manifestó el Central.

Ante los distintos frentes legales que se han abierto en la regulación de las tarifas de la industria, el Banco Central consideró que “es necesaria la resolución pronta y adecuada de las cuestiones pendientes asociadas a la judicialización de aspectos tarifarios, por cuanto inciden en las decisiones de los distintos agentes involucrados en este mercado, poniendo en riesgo el desarrollo eficiente del sistema”. 

Ahondó que “contar con certeza sobre uno de los precios estructurales de este mercado es imprescindible para que todos los participantes puedan tomar decisiones de mediano y largo plazo”. 

De cara a la próxima publicación de las tasa de intercambio que hará el Comité Técnico sobre la materia, defendió que “parece razonable no restringir los grados de independencia con que cuenta”. 

Justificó que “si una decisión técnica llevara a determinar las tasas de intercambio en niveles más altos que los merchant discount (y estos no pueden aumentar) no sería posible cubrir los costos de procesar las transacciones, lo que además podría dificultar la competencia de los nuevos entrantes”.

Proyectos de ley sobre deudas

El Banco Central mostró su preocupación sobre las iniciativas parlamentarias que buscan generar un tipo de eliminación de información de deudas financieras de las personas.

Al respecto, estos proyectos “podrían debilitar la cultura de pago y la evaluación de riesgo de las instituciones financieras, en contraposición a proyectos como el de registro de deuda consolidada que el Banco Central y autoridades financieras han impulsado por años”. 

Profundizó que las mociones que se discuten en el “apuntan en la dirección contraria, que reducen la calidad y cantidad de información crediticia disponible en el sistema o que apuntan a la suspensión o condonación de pagos o intereses, entre otras”. 

Todo ello, “considerando que este tipo de reformas implican efectos colaterales no deseados, como restricciones adicionales en la oferta de crédito o aumentos en sus costos, y eventualmente efectos negativos para la estabilidad del sistema financiero”. 

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