Una normativa en consulta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) encendió las alarmas en la banca. Ello, porque el regulador busca estandarizar la metodología con que se calculan las provisiones (recursos que se destinan para cubrir eventuales impagos) en los créditos de consumo.
La CMF explicó en una presentación que, “considerando el tamaño de la cartera de consumo a diciembre de 2021, la normativa se traduciría en un incremento cercano a US$ 1.000 millones en provisiones. Este impacto no tendría consecuencias relevantes en los niveles de adecuación de capital de los bancos, que contarían con holguras suficientes para absorberlo”.
“Tiene un impacto en el mercado de crédito porque un aumento de provisiones de esa magnitud influye en la tasa de interés”,
sostuvo Cayazzo.
Actualmente, los bancos computan sus provisiones para la cartera de consumo a través de metodología internas, que estiman la probabilidad de incumplimiento y pérdida de grupos de deudores homogéneos. Así, pueden determinar la pérdida esperada.
Garantías y bienes raíces
La Comisión argumentó que la normativa propuesta “constituirá un piso prudencial para métodos internos no aprobados expresamente por este organismo”.
Adicionalmente, se permitirá la constitución de provisiones en base a los resultados de la aplicación de modelos internos, siempre y cuando estos últimos sean aprobados por la CMF.
La propuesta establece que los bancos deberán realizar un tratamiento separado de los créditos que cuenten con una o más garantías en bienes raíces, tanto para la determinación de la probabilidad de incumplimiento, como para la pérdida dado el impago.
En el caso de la probabilidad de incumplimiento, su valor dependerá del nivel de endeudamiento del cliente, la tendencia que ha tenido en su deuda en la cartera de consumo, si posee una mora en los otros oferentes de crédito y el nivel de morosidad en la institución bancaria.
Respecto de la pérdida por un incumplimiento, el valor asignado dependerá si el deudor posee créditos renegociados en la cartera de consumo.
“El método estándar sigue las mejores prácticas internacionales y es congruente con el resto de las disposiciones normativas asociadas a la determinación de los requerimientos de capital por riesgo de crédito”, dijo la CMF en la presentación de la norma, que estará en consulta hasta el 31 de diciembre.
Los reparos de Deloitte
En la banca indican que la nueva norma impactará en las utilidades del sector, en un año marcado por la recesión.
El socio líder de Riesgo Regulatorio y Financiero de Deloitte y exintendente de Supervisión de la exSuperintendencia de Bancos, Jorge Cayazzo, planteó reparos a la normativa. “En la práctica, lo que se hace es generar una sobreestimación de provisiones, las que crecen en torno al 50%”, explicó.
Dadas estas cifras, indicó que “esto tiene preocupado a los bancos que ven en esto una penalización excesiva respecto al nivel efectivo de riesgo que tienen estas carteras en la banca”.
Aunque Cayazzo aseguró que los bancos están en condiciones y tienen la solvencia para hacerse cargo de estas provisiones, podría haber impacto en la oferta crediticia.
Ahondó que esta norma tal como está planteada “tiene un impacto en el mercado de crédito porque un aumento de provisiones de esa magnitud influye en la tasa de interés de los préstamos e incluso en el nivel de acceso”.
Cayazzo afirmó que los sectores socioeconómicos más afectados podrían ser las personas de menores ingresos si se concreta esta regulación.
Por ello, enfatizó que “uno esperaría que en este proceso de consulta se hagan algunos ajustes que limen este sesgo excesivamente conservador que tiene la normativa”.
De hecho, hizo ver que “no encontramos ninguna evidencia de países OCDE que estén aplicando parámetros tan conservadores y explícitos en la normativa en consulta”.
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