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Publicado: Viernes 9 de julio de 2021 a las 04:00 hrs.
La peor pesadilla se hizo realidad para la empresa de transportes DiDi: tiene a las autoridades de China y Estados Unidos en su contra.
La aplicación china se abrió en la bolsa de EEUU el 30 de junio, a un precio de US$ 16,51 por acción, logrando recaudar US$ 4.400 millones. Pero su suerte cambió rápidamente. Ayer cerró en US$ 11,21, acumulando una pérdida de 26% desde su debut.
El 2 de julio el regulador de Internet de China inició una investigación en contra de la firma y le prohibió agregar a nuevos usuarios por su preocupación sobre el manejo de datos sensibles, de posible interés nacional, y al listarse en EEUU debe rendir cuentas a un gobierno extranjero. Ese día la acción se desplomó 22% hasta US$ 12,14.
El 4 de julio China exigió a todas las tiendas de aplicaciones que eliminaran a DiDi. Más del 90% de sus ingresos provienen de este segmento.
Al otro lado del Pacífico también desconfían de la app. Por estar basada en China debe responder a un gobierno autoritario, lo que dificulta el acceso a información para los inversionistas.
El senador republicano Mark Rubio pidió, sin éxito a la SEC -el regulador financiero de EEUU- que bloqueara la apertura de la empresa.
El 7 de julio dijo a FT que fue “imprudente e irresponsable” permitir que DiDi, “una empresa china que no rinde cuentas”, transe en Wall Street.
Esto ocurre después de que a fines de 2020 se aprobó una ley para aumentar la rendición de cuentas de empresas extranjeras. La visión proteccionista toma fuerza en las dos potencias mundiales. Va a depender de qué pase con estos eventos si DiDi será o no una buena apuesta.
A pesar de que en 2024 nuestra economía superó el promedio del organismo en creación de puestos de trabajo -registrando un alza de 2,5% versus un 0,9% del bloque- esto no sería suficiente.
Según el CEO Luis Sepúlveda, muchas compañías están recurriendo únicamente a abogados para enfrentar la regulación, sin incorporar aún la capa tecnológica necesaria para cumplir en su totalidad con la regulación que entra en vigencia en 2026.