Tras 14 jornadas de alegatos en la audiencia de formalización del caso Sartor, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya, decidirá este martes sobre las seis medidas cautelares pendientes.
En detalle, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez, mientras que pidió que se decrete el arresto domiciliario total para Juan Carlos Jorquera.En las más de dos semanas de audiencias, el Ministerio Público detalló los delitos imputados a los investigados, como administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, entre otros.En sus intervenciones, la Fiscalía acusó que los socios, exdirectivos o exejecutivos involucrados realizaron “operaciones crediticias que iban en beneficio de ellos mismos”, generando un perjuicio a los fondos de Sartor AGF que superaría los US$ 190 millones.
Por su parte, las defensas de los imputados rechazaron los vínculos que los persecutores buscaron establecer por sus cargos y relaciones con el grupo Sartor, con los financiamientos a entidades relacionadas investigadas, descartando una intervención directa y responsabilidad penal en las operaciones.
Asimismo, negaron conocimiento, dolo y la obtención de beneficios económicos.
El tribunal ya decretó arresto domiciliario total para Alfredo Harz, Óscar Ebel y Hugo Baranda, mientras que dispuso la medida de arresto domiciliario parcial para Mauro Valdés y Miguel León.
Caso Sartor: la cronología del colapso de la AGF y sus aristas
Los hitos publicados por DF que conectan las decisiones de la CMF, la liquidación de fondos, las querellas, Azul Azul y la ofensiva penal de Fiscalía. Actualizado: 24 de agosto de 2026.Interactivo: Claudio Pérez
De la intervención al frente penal
El Caso Sartor escaló en noviembre de 2024, cuando la CMF suspendió fondos de Sartor AGF por fallas en valorizaciones, liquidez y operaciones con relacionados. En diciembre, endureció restricciones, frenó rescates y revocó la existencia de la administradora.
Desde ahí se abrieron capas: liquidación de vehículos, disputas de aportantes, querellas de Credicorp y Toesca, financiamientos cuestionados, deterioros patrimoniales y sociedades relacionadas. DF también siguió el flanco Azul Azul, con acciones de Michael Clark, Tactical Sport y eventuales omisiones de OPA.
En 2026, la investigación penal tomó el centro: Fiscalía cifró el perjuicio en hasta US$ 200 millones y solicitó formalizar a 11 imputados. La formalización se extendió entre julio y agosto, y el tribunal dio por acreditados seis de los siete delitos imputados y decretó medidas cautelares, mientras la Corte Suprema revisó la legalidad de las medidas de la CMF.
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CMF suspende aportes a fondos de Sartor
DF registró el primer quiebre regulatorio: la CMF suspendió aportes a fondos de Sartor AGF tras detectar deficiencias en el proceso de inversión, valorización y liquidez de los vehículos administrados.
La CMF endureció su postura y suspendió rescates de fondos de Sartor AGF. La decisión profundizó la crisis para aportantes y dejó la administración bajo vigilancia reforzada.
El regulador revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y designó un liquidador. La administradora pasó de una crisis de supervisión a un proceso formal de salida del mercado.
Sartor acudió a la Corte de Apelaciones por la revocación de la AGF, alegando ilegalidad y falta de proceso sancionatorio. El conflicto regulatorio entró así al carril judicial.
Credicorp Capital denunció presuntas maniobras de triangulación financiera en una querella contra Sartor. La crisis sumó un frente penal y abrió el mapa de acreedores afectados.
En sus primeras medidas, el liquidador desvinculó al gerente general y al ejecutivo a cargo de inversiones de Sartor AGF. La administración anterior comenzó a quedar fuera del control operativo.
Accionistas de Azul Azul se querellaron contra Michael Clark por presunto fraude asociado a una omisión de OPA. El caso Sartor sumó una derivada ligada al control de la concesionaria.
El liquidador detectó posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración. El hito ordenó parte del daño patrimonial bajo investigación.
La CMF suspendió la oferta pública, transacción y cotización en bolsa de cuotas de fondos de Sartor AGF. La medida limitó la salida de inversionistas y reforzó el control del proceso.
DF informó la resolución que permitió reanudar la liquidación de Sartor AGF. La decisión destrabó una parte relevante del proceso tras los recursos de la administradora.
Un grupo de clientes de Sartor se querelló contra exdirectivos y socios por un posible esquema defraudatorio. La arista de inversionistas afectados ganó peso propio en tribunales.
La CMF formuló cargos a socios, exdirectores y exejecutivos de la AGF en liquidación. La decisión abrió la discusión sobre la aplicación de la Ley de Delitos Económicos.
DF detalló los avances de la arista penal y el rol de la Bridec de la PDI. La investigación empezó a ordenar antecedentes financieros, querellas y eventuales responsabilidades.
La CMF interpuso multas históricas a exdirectores y al exCEO de Sartor AGF. Según la cobertura de DF, el caso consolidó una sanción de gran escala para el mercado de fondos.
Fiscalía realizó diligencias en el Centro Deportivo Azul y otros domicilios vinculados a sociedades de Michael Clark. La investigación penal volvió a conectar Sartor con Azul Azul.
Toesca se querelló contra exdirectores y socios de la AGF por el financiamiento usado en la compra de Azul Azul. La concesionaria quedó en el centro de la disputa de acreedores.
Sartor solicitó reorganización judicial para retomar estabilidad financiera, mientras Bci Corredores acusó ocultamiento de un proceso de liquidación forzosa. El caso se cruzó con el frente concursal.
La Fiscalía cifró en hasta US$ 200 millones el perjuicio para aportantes de fondos de Sartor AGF. La estimación dio escala económica al caso antes de la formalización.
Michael Clark acudió a la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado. La diligencia reforzó la conexión entre la investigación Sartor y las operaciones ligadas a Azul Azul.
Fiscalía ingresó la solicitud para formalizar a 11 imputados por la trama al interior de Sartor AGF. El caso pasó a su antesala judicial más relevante desde la revocación de la administradora.
A días de la audiencia fijada para el 30 de julio, Fiscalía pidió ampliar los delitos e incorporar lavado de activos y fraude por omisión de OPA a las imputaciones del caso Sartor.
En la tercera jornada de formalización, el tribunal decretó arresto domiciliario total intensivo y arraigo nacional para el exdirector de inversiones de Sartor AGF, tras un acuerdo con querellantes.
Credicorp denuncia deuda impaga de US$ 45 millones
En la cuarta jornada, Credicorp Capital afirmó que no se ha pagado un solo dólar de los más de US$ 45 millones que financió. Los querellantes apoyaron la prisión preventiva solicitada para cinco imputados.
Corte Suprema declara ilegal la revocación de la AGF
La Corte Suprema anuló la Resolución Exenta N°12.118, con la que la CMF revocó en diciembre de 2024 la existencia de Sartor AGF, por no tramitar el procedimiento sancionatorio formal exigido y vulnerar el debido proceso administrativo.
Tribunal da por acreditados seis de los siete delitos
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dio por acreditados seis de los siete delitos imputados: administración desleal, estafa, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de OPA y lavado de activos. Desestimó el contrato simulado y fijó medidas cautelares tras 14 días de audiencia.
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