Por Maximiliano Villena
“Desde el mismo día que solicitamos la suspensión de operaciones comenzamos a reunirnos con nuestros acreedores para acordar alguna forma de pago. Sin embargo, la intervención destemplada y absolutamente injustificada del entonces superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín Ríos, mediante una serie de declaraciones públicas, se transformó en un gran desincentivo para nuestros acreedores, en materia de acuerdos o convenios de pago”. Este es uno de los antecedentes presentados en la querella interpuesta el martes pasado por los abogados de la fallida corredora Alfa, acción que se enmarca dentro de la arremetida judicial que la familia Contin, entonces propietaria de la intermediaria, iniciaron hace un par de semanas.
La querella, que persigue responsabilidades penales, es complementaria a la Acción Revocatoria presentada el 8 de agosto, y que pretende deshacer la venta, por parte de LarrainVial, de un paquete de acciones de AFP Provida correspondiente al 9,7% de la propiedad.
Según el abogado de la familia Contin, Pablo Gómez Edwards, en el proceso -en el que los acreedores presentaron un acuerdo judicial preventivo a Alfa, para vender esos activos y pagar a sus deudores- terminó en “una venta irregular en la que no se realiza ninguna gestión tendiente a cumplir con el objetivo del convenio, que es maximizar el precio de venta. Se hace todo lo contrario para bajar el precio, eso puede ser estafa, o quiebra fraudulenta”.
Respecto de la actuación de Larraín en el caso, el documento indica que ello “hizo fracasar cualquier alternativa de lograr un acuerdo de extensiones de plazo de los pasivos con miras a realizar una liquidación eficiente del paquete de acciones de Provida”.
La demanda
La querella persigue el delito de estafa y fue interpuesta contra todos aquellos ejecutivos o directores de las corredoras que propusieron la firma del Convenio Privado, pero también persigue el delito de quiebra fraudulenta, debido a la “ejecución dolosa del mandato,” ya que ello habría infringido la Ley de Quiebras al auto pagarse sus acreencias.
Bajo este último punto, se acusa a Banco BICE, pues el mismo día que se declaró la insolvencia de Alfa, señala la querella, “hizo dos cargos a la cuenta corriente” por un monto total de $ 401 millones, “de manera unilateral, sin previa consulta a Alfa”.
En la querella, además, se solicita que se pidan las actas de sesión de directorio del 28 de abril de las corredoras que firmaron el convenio privado.
La diligencia también solicita que se cite a declarar a los firmantes de dicho convenio: el ex gerente general de BCI Corredor de Bolsa, Ricardo Victorero; al gerente de inversión y finanzas de BCI, Eugenio von Chrismar; al gerente de tesorería de Scotiabank, Enrique Rosello, y al ex gerente general de la corredora de la entidad, Pablo Monge; al dueño de LarrainVial, Leonidas Vial; y a Marco Comparini, del grupo Penta; entre otros.
Las acciones de la familia Contin podrían continuar. Según el abogado, “aún no hay nada definido” pero se evaluarán otras acciones, “dependerá de los resultados de la investigación”. La SVS “es una posibilidad”, dicen.
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