Tras dos horas de reunión en el Gobierno Regional (GORE) del Biobío, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, confirmó la continuidad de los proyectos de corredores para el trasporte público en el Gran Concepción, pero con una salvedad: el financiamiento que hoy está bajo la Dirección General Concesiones pasará a la Dirección de Vialidad, del Ministerio de Obras Públicas.
La llegada del secretario de Estado a la región se produjo luego de reportes de que el Ministerio de Hacienda había resuelto paralizar dos proyectos para tres importantes obras de conectividad debido a la estrechez fiscal y la necesidad de lograr ahorros de gasto. La información encendió la alerta entre empresas y autoridades de la región, lo que llevó a una delegación de alto nivel a viajar a Santiago este miércoles para plantear directamente sus reclamos a La Moneda. Tras esta gestión se acordó la visita del biministro a la región para explicar los detalles de la salida comprometida por el Ejecutivo.
Según aseguró De Grange en el GORE, “el diseño del proyecto se mantiene exactamente igual (…) en relación a los plazos de construcción, son exactamente los mismos”. Sin embargo, entre las autoridades locales persisten las dudas, ya que el cambio de modelo de financiamiento implicaría “partir de cero” en todo el proceso de licitación, lo que podría retrasar la ejecución.
Decreto de adjudicación
El biministro argumentó que es factible realizar las modificaciones a la fórmula de financiamiento porque, si bien las obras tenían un oferente único que cumplía con los requisitos de la licitación pública, “nunca salió el decreto de adjudicación. Nunca se ejecutó el decreto de notificación”, dijo.
Administrativamente, las licitación debía pasar por la toma de razón de la Contraloría General de República. Mientras ese acto administrativo no se concretara, el proyecto no estaba formalmente adjudicado.
Cabe recordar que diciembre de 2025, la filial Electro Cointer, del grupo de capitales españoles Azvi, fue la única compañía que presentó una oferta para la ejecución de las obras en Biobío, por un monto total de US$ 400 millones.
Autoridades incrédulas
De acuerdo con lo comprometido, dentro de un mes el MOP deberá presentar a la región una carta Gantt y estudios técnicos que permitan delinear los tiempos y las formas en que se realizará el traspaso desde la Dirección General Concesiones a la Dirección de Vialidad. Pero este jueves nada quedó claro y, por lo mismo, la visita de la autoridad generó más dudas que certezas.
El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, manifestó su incredulidad ante las promesas y exigió que se le entreguen los argumentos legales, logísticos y técnicos que garanticen que el corredor en la Ruta 160 estará operativo en 2032. “Más allá de todos los discursos, aquí llevamos un puente que está se ejecutando hace 13 años, una costanera que está ejecutando hace 30 (…) en noviembre de 2025, la Contraloría detectó 517 obras públicas que quedaron desiertas, que no se terminaron”, dijo.
Respecto del ahorro de recursos fiscales que habría gatillado la decisión de Hacienda, Spoerer solicitó “transparentar cuáles son, porque también toda la experiencia indica que la obra pública cuesta 74% más que la de concesiones”.
Bajo ese prisma, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, rebatió la supuesta eficiencia de la nueva estrategia gubernamental, asegurando que “nos quieren hacer creer que, entregando estas obras a Vialidad, esto va a salir antes. Si eso ocurre (el traspaso) en al menos cinco o seis años recién se van a estar iniciando las obras”.
El también diputado Sergio Bobadilla (UDI) fue prácticamente el único que respaldó el cambio en la fórmula de financiamiento. El legislador justificó la paralización del proceso administrativo argumentando que “no le sigamos entregando obras y proyectos a empresas que tienen un prontuario”. Para defender su postura recordó que “Azvi, que sería la empresa que ejecutaría a través de la concesión, fue la que ejecutó el puente Cau Cau, en Valdivia. Y hasta el día de hoy, esa obra tiene problemas”.
Reporte mensual
Una vez conocidos los planes de Hacienda de paralizar las obras, el gobernador Sergio Giacaman lideró los reclamos de la región, exigiendo garantías administrativas para proteger la competitividad del Gran Concepción. Este jueves Giacaman pidió calma. “Hace 48 horas no teníamos proyecto y hoy día lo tenemos".
Pese a ello, condicionó su confianza a la formalización de los anuncios del biministro. “Yo no tengo ninguna certeza y para tener certeza, lo que le hemos pedido al ministro es que venga mensualmente a reportar”, sentenció.
Fiel a su estilo, criticó que la decisión se hubiera tomado en Santiago sin considerar la opinión de las autoridades locales, lo que calificó como una “decisión centralista”, de un “desinterés por la región brutal” y que relega a los habitantes de regiones a “una segunda categoría”.
Sus expresiones se fundamentan en que las obras de los corredores responderían en los compromisos históricos para equiparar la infraestructura del transporte público local con la de la Región Metropolitana. “En 2007, cuando parte el Transantiago, el Estado se comprometió que en regiones íbamos a desarrollar sistemas de transporte público similares (…) esto buscaba consolidar esa oferta de hace casi 20 años para asemejar la realidad de la región del Biobío a la realidad de Santiago”.
Para Giacaman, la alteración del modelo de Concesiones representa una regresión en las promesas del Estado hacia las regiones, por lo mismo, exigió equidad en el tratamiento porque la zona merece “una calidad de vida igual que la gente de Santiago”, puntualizó.
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