El Ministerio de Economía se encuentra elaborando un proyecto de ley que establecerá una institucionalidad de eficiencia y coherencia regulatoria en el país.
El proyecto forma parte de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento que lidera el titular de la cartera Luis Felipe Céspedes.
La medida involucra la implementación de una unidad especializada que velará por la eficacia de las regulaciones en el sector público.
También se contempla un procedimiento de consulta obligatoria a los privados cuando se dicten nuevas normativas o regulaciones sectoriales.
Fuentes del oficialismo dijeron que la nueva institucionalidad vería la luz durante el próximo año.
Diseño con privados
Para el diseño de la iniciativa, la cartera liderada por Luis Felipe Céspedes ha llevado un proceso de diálogo con el sector privado en cada una de las regiones, destinado a conocer las inquietudes en materia de regulación y acotar ámbitos específicos que son objetivo de estudio.
Sobre la base de las observaciones de los empresarios, el Ejecutivo determinará tres sectores específicos o asuntos regulatorios transversales que se analizarán para determinar si el proceso regulatorio potencia o impide que las políticas enfocadas en su desarrollo se implementen con eficacia y eficiencia.
Trascendió que para los agentes privados las áreas con más trabas en materia regulatoria son medio ambiente, concesiones y consumo.
La discusión sobre la nueva institucionalidad se da en medio de la idea de trasladar el procedimiento de consulta indígena desde el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) al Ministerio de Desarrollo Social.
Enfoque en PYME
En la etapa de diagnóstico, el gobierno también ha consultado la visión de las empresas de menor tamaño sobre los procedimientos de permisos, autorizaciones y fiscalizaciones.
En ese sentido, uno de los acuerdos adoptados con los gremios del sector es el establecimiento de procesos preventivos de permisos, autorizaciones y fiscalizaciones a las PYME en materia laboral y sanitaria.
Además, se revisará la aplicación de los reglamentos sectoriales que afectan a estas empresas para su adecuación o modificación en base a criterios de coherencia regulatoria.
Estándar OCDE
Tomando en cuenta los estándares de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el diagnóstico del gobierno es que Chile no cuenta con una política explícita que promueva a nivel de gobierno los cambios regulatorios, además de carecer de procedimientos formales de consulta cuando se prepara una nueva ley o normativa.
Según el diagnóstico, no existe una institucionalidad que advierta la proliferación de normas con "letra muerta" o que satisfacen a un sector en particular, y que, por lo tanto, no consideran la diversidad de realidades del país.
Desde el plano externo, los países miembros de la Alianza del Pacifico -entidad de la que también forma parte Chile- han acordado avanzar en procesos de coherencia y eficacia regulatoria para simplificar trámites y permisos en el sector público para así facilitar las llegada de inversionistas a dichos mercados.
Mientras tanto el gobierno de Estados Unidos, en el marco de las negociaciones por el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, más conocido como TPP, también ha exigido a los Estados del bloque avanzar en esta materia.
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