En medio del debate por el aumento de parlamentarios que genera el proyecto del gobierno al cambiar el sistema electoral binominal por uno proporcional, salió al ruedo el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, cuya misión es justamente distribuir –en base a lo otorgado en la Ley de Presupuestos de cada año- los recursos destinados a diputados y senadores en determinadas áreas para desempeñar la labor parlamentaria. Este organismo nació para terminar con el mal uso de los dineros, luego que algunos integrantes de la Cámara Baja fueran sorprendidos desviando parte de las asignaciones a sus cuentas particulares.
De hecho, el presidente de la Cámara Baja, Aldo Cornejo (DC), es quien ha hecho una dura crítica al organismo, argumentando que con su formación, la Corporación perdió autonomía financiera. No obstante, fuentes cercanas al Consejo reconocen, muy en privado, que sus integrantes han admitido estar “en el aire” respecto de la función que le correspondería asumir, en el caso que la iniciativa del Ejectivo sea aprobada, pasando de 120 a 155 diputados y de 38 a 50 senadores.
Quienes han tenido la oportunidad de conversar con algún miembro del Consejo, explican que están conscientes de que lo que les compete es asignar los recursos, pero no intervenir en la cantidad que se le destine a los parlamentarios. Algo que se resuelve cada año en la Ley de Presupuestos y en el marco de cuya tramitación, los incumbentes solicitan lo necesario para realizar su labor.
Cuestionado oficio
En medio de los cuestionamientos de Cornejo, surgen dudas acerca de la real utilidad de esta instancia que podría pasar a jugar un rol más relevante en el caso de tener que efectuarse reasignaciones tras el ingreso de los nuevos parlamentarios. Las aprensiones apuntan por ejemplo al hecho de que el organismo no tiene atribuciones resolutivas, lo que quedaría de manifiesto, por ejemplo, en el oficio que emitió el 7 de agosto recién pasado, a raíz de la polémica que se suscitó por el gasto en encuestas en que incurrieron algunos legisladores, en el marco de su campaña para la reelección, y que no estaría considerado entre los ítems que cubren las asignaciones.
En el punto 2 del documento, firmado por el presidente de la instancia Sergio Páez (DC) y fechado el 7 de agosto, se establece que “ambas cámaras deben ejercer un control interno sobre el adecuado uso de las asignaciones, resultando también esencial, para el correcto funcionamiento del sistema, el control que los propios parlamentarios deben efectuar sobre el uso y la gestión de esos fondos públicos de conformidad a las reglas definidas por este Consejo”.
Y en el punto 5, se lee: “siendo fundamental que los parlamentarios se ciñan a los criterios definidos por el Consejo y que las propias corporaciones realicen controles previos en el uso de eso fondos”, entregándole a los legisladores el control que se supone tendría el organismo,que además cuenta con un Comité de Auditoría.
EL CONSEJO Y SU FUNCIÓN
El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias está integrado por 5 miembros elegidos por 3/5 de los senadores y diputados en ejercicio. Estos son propuestos por una Comisión Bicameral. Actualmente está pendiente el cupo dejado por el actual ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien renunció al grupo tras ser nombrado en el cargo.
El organismo, nació en 2010 tras el escándalo por malversación de fondos cometido por algunos parlamentarios y entre sus funciones le corresponde "fijar el monto, destino, reajustabilidad y criterios de uso de las asignaciones que, con cargo a los fondos públicos contenidos para el Congreso Nacional en la Ley de Presupuestos, cada Cámara destine a financiar el ejercicio de la función parlamentaria".
Entre las asignaciones figuran los gastos en personal de apoyo, asesorías externas (de personas naturales o
jurídicas), gastos operacionales (oficinas parlamentarias, traslados, telefonía, materiales de oficina, etc) y pasajes aéreos nacionales.
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