Parlamentarios fijan prioridades para Presupuesto 2015 y Consejo Asesor Fiscal analizará hoy los parámetros
El oficialismo espera que tenga un especial énfasis en inversión pública para reactivar la economía; mientras que la oposición centrará debate en el destino de los recursos.
Por: Carlos Alonso M.
Publicado: Lunes 29 de septiembre de 2014 a las 05:00 hrs.
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Durante el fin de semana, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, junto al director de Presupuestos, Sergio Granados, terminaron de afinar el proyecto de Ley de Presupuestos 2015 que debe ingresar a más tardar este martes al Congreso.
Si bien el jefe de las finanzas públicas se ha mantenido hermético sobre los lineamientos principales del erario, lo que sí ha adelantado es que será contracíclico para ayudar a la reactivación de la economía, con énfasis en la inversión pública. Al mismo tiempo, el secretario de Estado ha reiterado que el gobierno cumplirá con la promesa de llevar adelante la convergencia hacia un balance estructural en la Ley de Presupuestos 2018, pero no es un hecho que ello comenzará en 2015.
Todo se empezará a dilucidar el mismo martes, cuando la presidenta Bachelet -por cadena nacional- entregue los principales énfasis del erario 2015. El miércoles a primera hora, Arenas expondrá en el consejo de gabinete el detalle del mismo al resto de los ministros. Luego, a media mañana, la explicación del informe será a la prensa en Teatinos 120.
Habrá también otro antecedente sobre la mesa, puesto que hoy el Consejo Asesor Fiscal se reunirá con Hacienda y la Dipres para revisar los supuestos que entregará el Ejecutivo y, a la vez, realizar sus planteamientos sobre lo acertado o no de las proyecciones.
El intercambio de visiones no es nada irrelevante si se recuerda que en la discusión del Presupuesto 2014, la instancia puso en duda uno de los supuestos que entregó Hacienda: el PIB efectivo de 4,9% que quedó en la Ley. “Cabe hacer notar que si bien la proyección del crecimiento del PIB para el año 2014 es mayor a la del consenso de analistas, se encuentra dentro del rango de proyección publicado en el reciente Informe de Política Monetaria del Banco Central”, decía la minuta de la instancia en septiembre de 2013.
La agenda parlamentaria
A la agenda de Arenas se sumará la de aquellos parlamentarios que integran la comisión Especial Mixta de Presupuesto, quienes ya tienen claro los énfasis que debe considerar la primera ley de Presupuestos del segundo gobierno de Bachelet.
Para el senador Carlos Montes (PS), es fundamental que esté “enfocado en inversión para ayudar a la reactivación de la economía y también se espera un fuerte énfasis en educación por el hecho de que se está haciendo una reforma que apunta a mejorar la calidad”.
El legislador argumentó que en una coyuntura de ciclo lento, se debe aplicar una regla contracíclica y para ello se debe financiar con recursos provenientes de los Fondos de Estabilización Económica y Social (FEES) y también con los recursos que entrega la recientemente aprobada reforma tributaria.
Para Montes, el gasto público debe crecer en torno a 7%.
A su turno, el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), dijo que “el gasto público no debe crecer menos de 8%”.
En ese sentido, dijo que si bien la participación del sector público representa un 22% del PIB, el impulso y las señales que genere la mayor inversión pública “es muy importante para el sector privado”.
El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Pablo Lorenzini (DC), acotó que durante el debate propondrá que algunos recursos queden en regiones, para que ellas las puedan administrar. El diputado resaltó la importancia de “firmar un acuerdo para que se impulse la agenda regionalista”. Esta incluye una nueva ley de rentas regionales para que las patentes de las empresas sean canceladas en aquellas comunas donde se desarrollan sus actividades y generan los impactos sobre la calidad de vida de la población.
Su par en la Cámara, Matías Walker (DC), reiteró su petición de que -junto con ser contracíclico-, el Presupuesto contemple un bono para las familias más vulnerables o, bien, se aumente la asignación familiar.
El diputado RN Alejandro Santana adelantó que una parte central de la discusión será fiscalizar y determinar en qué se gastarán los US$ 2.300 millones que provienen de la reforma tributaria”.
Lyd pide sistema más expedito para evaluar proyectos
Con la aprobación de la reforma tributaria que recaudará en régimen US$ 8.300 millones surgió el debate de la eficiencia del Estado para gestionar y gastar adecuadamente los nuevos ingresos. Según un informe de Libertad y Desarrollo (LyD), en los últimos diez años el gasto público per cápita (en moneda de 2013) pasó de $ 930.000 anual a $ 1.680.000 en 2013, es decir, casi se duplicó.
"Es una cantidad de recursos que parece significativa si la comparamos, por ejemplo, con el ingreso anual de un trabajador que ganaba el salario mínimo ese año, que llega a $ 2.500.000", destaca.
LyD advierte que frente a la magnitud de los recursos surge la pregunta de si la calidad de los servicios entregados por el Estado ha mejorado en una proporción similar, lo que involucra la eficiencia en la asignación de los mismos, ya que "la importancia de la eficiencia de este gasto es clave, no sólo en áreas sociales, sino también en temas tan relevantes para el bienestar social como la seguridad pública. Más aún, en un contexto en que el gobierno está demandando del sector privado un esfuerzo muy significativo de recursos a través de la reforma tributaria, que indudablemente daña la asignación de recursos en términos de ahorro e inversión", expone el informe.
De acuerdo a LyD, existe en el país una tendencia creciente hacia la búsqueda de instrumentos para evaluar la eficiencia en el uso de los recursos públicos". Añade que "uno de los primeros elementos creados para impulsar el buen uso de los recursos públicos fue la evaluación de inversiones, desarrollada históricamente por el ex Mideplan, hoy Desarrollo Social. "Si bien no es obligatorio que su resultado sea positivo, salvo en el caso de los recursos regionales, éste debe estar disponible y se requiere autorización especial para invertir en proyectos sin rentabilidad social".
Pese a este avance, LyD afirma que "ayudaría un sistema más expedito para identificar proyectos realizados sin la rentabilidad mínima exigida por el Sistema Nacional de Inversiones para efectos de un monitoreo más cercano de la opinión pública".
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