Un nuevo hito se marcó ayer en la controversia entre la Municipalidad de Lo Barnechea y la sociedad Los Peumos, luego del polémico fallo de la Corte Suprema del 25 de septiembre que zanjó que las sociedades pasivas de inversión no están afectas al pago de patentes municipales. El pronunciamiento ha copado la atención de los abogados tributaristas en la última semana.
Luego del fallo, el gobierno local presentó un duro recurso de queja ante el máximo tribunal, acusando a la instancia de cometer “graves faltas” al contravenir su propia jurisprudencia. Esto, ya que a partir del 2010 la Suprema había fallado sistemáticamente a favor de los municipios en sus litigios con las sociedades de inversión.
Sin embargo, ayer la corte declaró inadmisible el recurso de queja, lo que suspende el proceso mediante el cual el gobierno local perseguía el cobro de patentes comerciales pendientes entre 2013 y 2015.
Expertos aseguran que a futuro lo relevante será si la Suprema sustentará el cambio de jurisprudencia en nuevos fallos. Así lo señala el socio de Astur Consultores, Eduardo Elgueta, quien asegura que es “importante considerar que las sentencias judiciales solo tienen efecto relativo respecto al asunto concreto que están discutiendo las partes, por lo que sería importante que este cambio de criterio fuese respaldado y ratificado por más fallos del máximo tribunal, a objeto de generar una jurisprudencia consistente en el tiempo”.
Más duro es Ignacio Gepp, de Puente Sur: “Tenemos a las municipalidades diciendo A, a la Primera Sala de la Corte Suprema diciendo Z y a la Tercera Sala confirmando que solo A es correcto. Necesitamos que intervenga el legislador en este caso puntual, pero que también se vuelva a pensar en el rol que tienen nuestras instituciones, como la Contraloría y la Corte Suprema y los recursos para llegar a ellas”.
La socia de Brzovic & Cía. y de la alianza con Fontaine & Cía., Magdalena Brzovic, propone como solución “revivir” las presentaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) realizadas en el pasado para declarar inconstitucional el artículo 23 que determina el pago de la patente comercial de parte de las distintas sociedades. O, bien, agrega, “dejar de pagar las patentes y provocar a las municipalidades para zanjar este asunto de manera definitiva”.
Tras la sentencia, el abogado de Baker Mckenzie, Cristián Bonacic, ve posible que otras sociedades de inversión se acojan a ese criterio: “Y frente a demandas de las municipalidades se opongan a dichos cobros o, derechamente, pidan devoluciones de patentes cobradas en el pasado (hasta tres años). Esto implicará una mayor judicialización de estos casos, los que muy probablemente terminarán en la Corte Suprema”.
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