Marta Sánchez L
Existe coincidencia total en otorgarle a los funcionarios públicos el derecho a negociar colectivamente y a declararse en huelga. No hay, hasta ahora, una voz en contra, incluso hasta los trece gremios que componen la Asociación Nacional de empleados Fiscales (ANEF) han expresado en el Congreso su apoyo a esta iniciativa.
Pero, a juicio de los dirigentes de los trabajadores, el proyecto de ley aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado está en punto de quiebre.
¿La razón? La elaboración de una ley orgánica que regule cómo y quiénes podrán negociar, pues la iniciativa sometida a votación sólo plantea un cambio a la Constitución Política para permitir que los trabajadores del Estado puedan negociar colectivamente.
Todo partió con la exposición en la Comisión de la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien planteó que “antes de avanzar en la discusión de este proyecto de reforma constitucional sería conveniente definir los principales criterios”, donde se precise “si la negociación colectiva en el sector público será nacional, regional o por sectores de actividad; si los acuerdos que alcance el gobierno con las organizaciones de trabajadores vincularán o no al Congreso Nacional; si se contemplará la figura del descuelgue y si se podrá recurrir al reemplazo de los trabajadores en huelga”.
A lo que sumó que también se debe aclarar “si sólo se negociará colectivamente el reajuste de remuneraciones o, en general, las condiciones de trabajo; si serán o no comunes las normas legales sobre negociación colectiva y derecho a huelga de los sectores público y privado”.
Y “si se podrán descontar las remuneraciones por los días no trabajados por paralizaciones no autorizadas; en fin, si se podrá desvincular a los trabajadores que incurran en prácticas ilegales”.
Es que, insistió, “si no se concuerdan definiciones básicas (...) antes de aprobar la reforma constitucional, la negociación colectiva en el sector público se daría en forma muy desordenada”.
En concreto, para disipar todas estas dudas propuso formar un grupo de trabajo “que aporte ciertos criterios en forma previa a la adopción de las definiciones que plantea esta iniciativa”.
Visión parlamentaria
A juicio del senador Juan Pablo Letelier (PS), “un tema complementario es que para algunos trabajadores del sector público tendrán que existir excepciones, por ejemplo, Carabineros y salud con los llamados turnos éticos. Por tanto, me imagino que la ministra Matthei apuntará por esta línea”.
Pero el senador Hernán Larraín (UDI), en su calidad de autor de esta moción parlamentaria fue más allá. Ello, porque pidió que se agregue en esta iniciativa una disposición transitoria: “Las modificaciones introducidas (…) sobre negociación colectiva y huelga de los funcionarios públicos regirán al momento de entrar en vigencia la ley orgánica constitucional que regulará estas materias”.
Sostuvo que “he hablado con la ministra del Trabajo para hacerle presente que tan pronto se apruebe esta reforma, ella tendrá que encabezar un proceso de diálogo con los dirigentes, académicos, expertos de la OIT y conformar esta mesa de trabajo donde se puedan discutir los elementos centrales que se deben incorporar en esta legislación para luego enviar un proyecto de ley al Congreso que le dé forma legal a esta negociación”.
La propuesta
Este, precisamente, es el punto que molestó a los dirigentes de la ANEF. Si bien ellos apoyan que los trabajadores públicos cuenten con una normativa par negociar colectivamente, no están de acuerdo con una regulación adicional, pues tienen su propia propuesta que se divide en tres niveles de negociación articulada. Estas son:
1. General con el reajuste salarial, donde concurren las trece organizaciones del sector público.
2. Sectorial, relacionadacon las condiciones de trabajo y los sistemas de cada uno de los sectores. Por ejemplo, la administración central tiene su propio sistema de incentivos y pago de remuneraciones ligadas al desempeño.
3. Servicios, donde cada uno presenta su propia particularidad como es el caso de gendarmería, impuestos internos o el registro civil.
“Esta forma la venimos aplicando hace 20 años, por lo tanto, lo que queremos es formalizar este sistema, pero los pensamientos que tiene la ministra van en otra dirección”.
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