Ingresar al país por pasos no habilitados impacta de forma directa en la empleabilidad de los migrantes.
Esa es una de las conclusiones que se puede desprender del informe “Informalidad laboral extranjera: caracterización y propuestas”, elaborado por la consultora Nómade Asesorías Migratorias, de la cual es socio José Tomás Vicuña, exdirector del Servicio Jesuita a Migrantes.
De acuerdo al análisis -que revisó datos de la Encuesta Nacional de Empleo del trimestre julio - septiembre entre 2014 y 2023 y la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2022-, la situación laboral de las personas extranjeras se ha complejizado fuertemente en los últimos tres años.
Así lo grafica el hecho de que la tasa de ocupación informal ha mostrado un aumento casi diez puntos porcentuales (pp.) en estos últimos tres años, pasando de 21,4% en 2020 a 30,9% en 2023.
“Desde que tenemos registro de la tasa de ocupación informal hasta finales de 2020, la población migrante históricamente había tenido tasas de ocupación informal menores a la chilena. En estos tres años no sólo aumentó diez puntos porcentuales, sino que también los últimos 18 meses la población migrante ha tenido persistentemente tasas de ocupación informal mayores a la chilena”, dice Vicuña.
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Según recopiló el análisis, la participación de migrantes en el mercado laboral ha crecido de forma sostenida. Si en 2014 representaban el 3,6% del total de ocupados, para 2023 dicha cifra creció a 11%, totalizando 996.591 empleados. Una cifra bastante significativa al considerar que, de acuerdo a las últimas cifras del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el país habría 1.625.074 personas extranjeras residentes.
Con respecto a quiénes componen ese 11%, el informe arrojó que la población venezolana lidera, con 47% de los ocupados extranjeros; le sigue Perú con 16,2% y Colombia con 14,2%.
Al profundizar en la informalidad, se observa que la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca lideran en informalidad laboral de migrantes, con una tasa de 58,8%; más atrás queda otras actividades de servicios con 47,4% y en tercer lugar transporte y almacenamiento con una tasa de informalidad de 45,6%.
Para Vicuña, habría al menos tres factores que explicarían el alza de la informalidad entre las personas extranjeras. El primero de ellos tendría relación con la cantidad de personas que han ingresado por pasos no habilitados los últimos cinco años.
El segundo factor tendría que ver con la ley de Migración y Extranjería y, en tercer lugar, el porcentaje tope de personas extranjeras que puede contratar una empresa, que actualmente es de 15%.
“Si bien no todas las personas con tasa de ocupación informal están en situación migratoria irregular, en los últimos cinco años se han registrado más de 175.000 personas mayores de 18 años que han ingresado por paso no habilitado. Esas personas no tienen ninguna posibilidad de trabajar formalmente” dice Vicuña.
Diversas investigaciones sobre la nueva Ley de Migración y Extranjería han mostrado la dificultad que han tenido algunos sectores productivos para poder contratar personas migrantes desde el extranjero. “La Ley exige a la empresa contratar desde el extranjero, lo que para algunas ramas de la actividad económica como agricultura, servicios de comida o construcción se les hace muy difícil en la práctica”, explica Vicuña.
Al mirar la situación por nacionalidad, se observa que las personas provenientes de Bolivia y Venezuela son las que han mostrado la mayor variación en sus niveles de informalidad, llegando a tasas de 40,8% y 32,1% respectivamente.
“Venezuela y Bolivia son las dos nacionalidades que presentan mayores ingresos por paso no habilitado de 2020 a la fecha, sobre todo el primero. Esto repercute en el aumento de la tasa de ocupación informal. En Bolivia, además, se explica por la mayor presencia que tienen en agricultura, uno de los sectores con más altas tasas de ocupación informal”, dice Vicuña.
José Tomás Vicuña, socio consultora Nómade Asesorías Migratorias.
La urgencia de políticas públicas
Con todo, para el vocero, estos datos reflejan la urgencia de avanzar en políticas públicas concretas para mejorar la situación de la población migrante en el país.
De hecho, desde la perspectiva de Vicuña existen tres medidas podrían mejorar la condición laboral de las personas migrantes en el corto plazo: regularizar a quienes se han empadronado, teniendo como criterios su situación laboral y/o arraigo familiar en Chile; aumentar el tope de contratación de personas extranjeras, diferenciando según sectores y regiones; y la publicación con pronta implementación del reglamento de convalidación de estudios.
“Si queremos promover la formalidad laboral en la población migrante, es obligación modificar el tope de contratación de extranjeros, como lo señalan múltiples estudios al respecto. La misma Ley de Migración y Extranjería en un principió lo contempló, pero luego el Parlamento lo desechó. No hay porqué imaginarse un tope fijo para todo el mercado laboral. Puede ser algo más dinámico. Que sea mayor en algunos sectores y/o algunas regiones. O que varíe según el período del año, tomando en cuenta sectores como agricultura o turismo, por ejemplo”, dice.
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