Por años se ha ido profundizando el desprestigio de la democracia representativa y sus instituciones, de la mano de “cierta incapacidad del sistema” de recoger demandas que han sido protagónicas del proceso constituyente, como regionalización, pueblos indígenas o paridad.
Este diagnóstico comparten los constitucionalistas reunidos por DF este lunes. Marisol Peña, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad Del Desarrollo; Tomás Jordán, profesor de derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y coordinador del Observatorio Nueva Constitución; Claudia Sarmiento, profesora de derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado; y José Francisco García, profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica, profundizaron en los alcances de seis temas ya presentes en el texto en construcción. El ejercicio buscó responder parte de las dudas que más se repiten hoy en la ciudadanía.
Los abogados explican que el borrador de la nueva Constitución no busca eliminar el sistema representativo, sino actualizarlo hacia uno con más instancias de participación que las elecciones actuales, cada cuatro años.
“Es mucho más que simplemente si es un mecanismo concreto y particular para mover el sistema. Es, a mi juicio, una mirada más crítica del sistema democrático chileno”.
Claudia Sarmiento
Tomás Jordán, académico de la Universidad Alberto Hurtado, dice que la discusión constituyente ha relevado el rol de la representación. “Va a haber una mixtura de un modelo en que va a ser representativo, pero que requiere oxigenarse a través de estos instrumentos particulares definidos o por la Constitución o por la ley, porque es una discusión pendiente”, señala.
Un cambio más profundo concibe Claudia Sarmiento, profesora de la misma casa de estudios, quien sugiere que las propuestas sobre democracia directa “están asociadas a un concepto de igualdad en la participación política” que, desde su perspectiva, “es el principio que inspira estos cambios”.
Citando la experiencia comparada, Marisol Peña, investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad Del Desarrollo, explica que países que han tenido procesos constituyentes participativos y ciudadanos -como Colombia- se han inclinado por respuestas similares a la nacional, con mecanismos como la iniciativa popular de ley. Pero advierte que, según lo que ha conversado con académicos colombianos, el proceso generó grandes expectativas al comienzo, pero progresivamente “el péndulo se ha ido volviendo nuevamente hacia la representación más clásica”, ya que estos modelos de participación directa “terminaban igualmente siendo manipulados por fuerzas políticas”.
José Francisco García, de la Universidad Católica, considera que “hay buena sinergia entre la democracia representativa y la democracia directa a la hora que se implementan los mecanismos de democracia directa”.
Pero alerta que le preocupa “la capacidad que tenga un caudillo en tratar de echar mano con estos mecanismos para tratar de esquivar en particular el Congreso Nacional”.
“Las fórmulas de democracia directa no pueden sino ser un complemento de la democracia representativa, porque pareciera que esa es la realidad a través ya de más de 200 años de historia en que nuestra democracia en particular ha podido funcionar”.
Marisol Peña
El rol de los partidos
Pese a su desprestigio, el grupo destaca la importancia de tener partidos políticos robustos para el buen funcionamiento de la democracia. De hecho, ponen una nota de alerta sobre la homologación entre partidos y movimientos políticos para participar justamente en el sistema político, que se vota hoy en el pleno de la Convención.
Peña enfatiza que las organizaciones políticas deben estar reguladas de forma similar a los partidos, y advierte que, si esto no ocurre, en lugar de favorecer una mayor participación y articulación de demandas postergadas “se podría favorecer el clientelismo”. Sarmiento coincide, y suma la preocupación de que los espacios no regulados podrían llegar a ser cooptados por fenómenos de criminalidad o narcotráfico.
García añade al debate las diferencias que podrían darse entre la política nacional y regional. Afirma que no tiene problema con que haya una Cámara de las Regiones, pero señala que se va a armar un “subsistema de política regional que va a tener muchos efectos distintos de la política nacional”, considerando el Senado no formaría parte del cuadro.
También puntualiza en el número de partidos políticos que persistirían al alero de la nueva Constitución. “Ese número es clave y es lo que permite cierta gobernabilidad en un presidencialismo atenuado, donde va a tener más fuerza la cámara política que el Presidente”, señala.
Principales propuestas del borrador
- Garantías democráticas. El estado deberá garantizar a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa, a través de mecanismos de democracia directa.
- Plebiscitos regionales o comunales. Se podrán someter a referéndum las materias de competencia de los gobiernos regionales y locales en conformidad a lo dispuesto en la ley y Estatuto Regional respectivo.
- Prohibiciones en materia tributaria. La ley de Presupuestos no puede crear tributos ni beneficios tributarios. No procederán iniciativas populares ni plebiscito y referéndum en materia tributaria.
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