Este sábado 14 de junio comienza a regir el periodo de embargo o blackout de las encuestas, también conocido más coloquialmente como “veda” de cara a los comicios de primarias en que se medirán el próximo 29 de junio los cuatro aspirantes oficialistas al sillón presidencial. Y, conforme supuestamente callan los sondeos, se escuchan más alto las voces que cuestionan esta práctica que, con la tecnología, redes sociales y otros, parece cada vez menos razonable en un contexto en que la información a través de medios no oficiales sigue circulando y el mensaje serio llega sólo a la elite.
Pero este no es un debate exclusivo de Chile. Algo similar ocurre en España y otros países de Europa y la escena se repite en gran parte del continente americano, pues según un estudio reciente de la Biblioteca del Congreso sólo el 34% de los estados no establece el periodo de veda y el 45% tiene algún mecanismo de restricción a la publicación los días previos a la elección. Y es en América Latina donde los embargos son más largos, con una media de una semana; destacando Chile entre los cuatro países con el blackout más largo, el segundo –junto con Uruguay- después de Honduras. ¿Pero, qué opinan los expertos en nuestro país?
“25 días antes de una elección es una eternidad en política”
No son pocos los que coinciden en que este instrumento es “retrógrado” incluso “ridículo”. Por su parte, el director de TúInfluyes.com, Axel Callis, por ejemplo, estima que lo de la veda “es un absurdo, porque genera más distorsión, mayor confusión y caos, en términos informativos, que la libre circulación de las encuestas”. Ello, debido a que la opinión pública, en general, no distingue entre un sondeo “trucho” o “irregular”, de los que surgen muchos durante el blackout, o uno serio, argumenta.
Adicionalmente, añade, que como igual circulan estudios de forma reservada, “normalmente la elite puede acceder a ellos, por lo tanto, hay personas que votan sabiendo algo y otras, la gran mayoría de la población, vota no sabiendo nada”. Por último, advierte que dada la proliferación de las encuestas, irregulares, piratas, fake y serias, estas han perdido impacto en la toma de decisión de la opinión pública. Pero Callis también aborda otro aspecto poco o nada considerado en este debate; y, es que esto “le genera un daño grande a la industria de las encuestas”, porque un 25% del electorado, si no un tercio, toma la decisión de votar tres días antes de las elecciones y lo hace con encuestas que midieron algo distinto -15 días antes- a lo que luego sucede el día de la elección. De ahí que, muchas veces los resultados de los sondeos no coincidan con los reales, pues entre más cerca de los comicios se realicen los estudios, más asertivos serán, y viceversa: “25 días antes de una elección es una eternidad en política”, advierte.
“Una política de la inquisición”
Una mirada similar resulta tener el analista político Patricio Gajardo, quien asegura que este mecanismo “es una política retrógrada” a la que se opone “terminantemente”; más aún, en un mundo de redes en las cuales se conocen las encuestas, a través de otras vías, asegura. Incluso llega a plantear que se trata de “una política de la inquisición, que se trató de imponer en la época en que la televisión era el único medio o el medio preferencial en la cual la gente se informaba, es absolutamente poco democrático y ridículo”, concluye. Y propone que la veda sólo se aplicara al último día antes de la elección.
“Sería bueno regular la calidad de las encuestas que se difunden”
“La veda de las encuestas no se condice con la velocidad en que circula la información en la actualidad”, complementa el expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), abogado Marcelo Drago. Desde otro punto de vista, el experto estima que esta política habla, más bien, de “un menosprecio, una infantilización del electorado” que, finalmente, no requiere de las encuestas para tomar la decisión; ya que en distintas elecciones, arguye, se vieron resultados muy distintos a los que arrojaron los sondeos, “que no produjeron ningún efecto y salieron en muchos lados”. Y aprovecha de sacar a colación otro tema que le parece relevante y es que “sería bueno regular la calidad de las encuestas que se difunden. En el sentido de que sepamos que la encuesta cumple con estándares mínimos de fiabilidad técnica antes de que circulen”. Y alerta acerca de que las encuesta que no cumplen los estándares, igualmente pueden ser utilizadas como instrumento político”.
“Es una norma que ya no tiene sentido”
Coincidiendo con sus predecesores, el analista político Tomás Duval señala que la que aún se aplica en Chile “es una norma que ya no tiene sentido” y menos aún su extensión, ya que “por una parte se siguen haciendo y las conoce sólo una élite y, por otra, se pueden publicar en cualquier en diversidad de espacios”, incluso fuera del país e igual se conocerá en Chile, se explaya. Y comparte la mirada de que esto contribuye a aumentar la desinformación y noticias falsas, por lo que esta norma sólo debiera aplicarse 24 horas antes de las elecciones, concluye.
“La utilidad de esta regulación es bastante cuestionable”
Para el director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago y analista político, Marcelo Mella, explica que esta norma “busca evitar que los resultados de las encuestas influyan indebidamente en los votantes y reducir la polarización en las decisiones electorales de la ciudadanía”; pero, admite que “la utilidad de esta regulación es bastante cuestionable”, porque existe un acceso privilegiado a encuestas privadas, por parte de los grupos de élite, que exacerba la asimetría de información; porque el impacto de la veda está bastante acotado y limitado por la relevancia creciente de las redes sociales; y, porque circula información, aunque no oficial y no regulada, de muy mala calidad, argumenta.
“La veda legal es anacrónica y ya no debería existir”
Por último, el director de ImanComs, José Miguel Izquierdo, analiza el actual escenario de los estudios de opinión en este escenario, señalando que en la época de la veda aún circulan encuestas hechas con fines internos, pero que las redes sociales y las distintas aplicaciones permiten una gran difusión, reconoce, por lo que “es muy fácil saltarse la norma. Los únicos que no pueden publicar esos datos son los mismos medios de comunicación, por eso, tiendo a pensar que esa veda legal es anacrónica y ya no debería existir. En cambio, se debería exigir mínimos metodológicos que hagan publicable un sondeo”, plantea al igual que Drago.
Proyectos sin movimiento
Como corolario, llama la atención que habiendo tanto consenso en que el embargo de las encuestas antes de una elección debería terminar o reducirse a un día, el previo a la elección misma, los proyectos que hay en el Congreso sobre este tema y la transparencia de los sondeos no avancen ni un poco. Me refiero al ingresado en noviembre de 2020 a la Cámara y que modifica la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de difusión de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales, y requisitos de transparencia y sanciones en caso de incumplimiento; y, el ingresado en enero de 2022 a la misma Corporación, que elimina la prohibición de divulgar resultados de encuestas en los días previos a una elección o plebiscito. Ambos duermen en la Comisión de Gobierno.