A fines de mayo el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente y suspendió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que en octubre de 2018 dio el visto bueno al proyecto “Terminal Cerros de Valparaíso, TCVAL”. Sin embargo, esta tarde y pese a lo que ello conlleva, desde la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) informaron que el directorio de dicha compañía resolvió "de forma unánime no recurrir a la Corte Suprema por la sentencia emitida".
Esto, según indicó la firma a través de un comunicado, debido a las posibilidades de consenso surgidas "a partir del proceso de participación ciudadana 'Valparaíso Dialoga', en el que tanto EPV como los distintos actores de la ciudad han tenido la oportunidad de plantear posiciones".
De este modo, EPV sostuvo que "ya se están evaluando distintos escenarios posibles para concretar la necesaria ampliación portuaria y el desarrollo de los 11 kilómetros del borde costero urbano de la comuna". Y que ratifican su decisión "de continuar trabajando (...) en una nueva mirada sobre el desarrollo del borde costero y la ampliación portuaria que requiere la ciudad puerto de Valparaíso, la región y el comercio exterior del país".
"Esta nueva mirada es fruto de un amplio proceso de diálogo que la Empresa ha impulsado desde el año 2020, con el objetivo de avanzar en un desarrollo armónico del puerto en sus aguas abrigadas y en convivencia con las distintas vocaciones de la ciudad", expresaron.
El Terminal 2 de Valparaíso -que será operado hasta el año 2026 por la concesionaria Agunsa, tras la renuncia de la australiana TCVAL- permitirá duplicar la capacidad de transferencia de carga de Puerto Valparaíso, tanto fraccionada como contenedorizada, y de atención de pasajeros de cruceros, de modo de mantener la competitividad con miras a potenciar el comercio exterior del país, de acuerdo a lo indicado por la empresa.
Permiso ambiental con "vicios de legalidad"
El anuncio de la Empresa Portuaria Valparaíso se da a dos semanas de que el Segundo Tribunal Ambiental resolviera que la RCA que calificó ambientalmente favorable el proyecto, contiene "vicios de legalidad", por lo que ordenó "que se retrotraiga el procedimiento de evaluación”.
Según el texto, los "vicios de legalidad" se fundamentan en el hecho de "no haber considerado debidamente las observaciones ciudadanas formuladas por los señores Rosa Inés Martínez Moraga y Gonzalo Ilabaca Astorga en lo referido a la evaluación de la eventual alteración significativa de los sistemas de vida (...) por la expulsión de los pescadores y eliminación de la caleta Sudamericana, así como en la evaluación y predicción del impacto ambiental sobre el paisaje", entre otras cosas.
En aquella instancia, los ministros del tribunal resolvieron, además, “suspender los efectos de aquella parte no anulada de la RCA N° 39/2018 por todo el tiempo que dure la evaluación ambiental de la parte viciada, hasta la dictación de la RCA complementaria. De esta forma, el proyecto no puede ser ejecutado hasta no contar con esta última resolución”, según dijeron.
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