El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, volvió a apuntar en contra de la calidad de la información entregada por las empresas.
Ayer en el marco de un seminario de libre competencia organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez, el personero señaló que a diferencia de lo que ocurre en mercados desarrollados, "acá (en Chile) muchas veces la información es escasa y no de buena calidad, y yo creo que si queremos dar un paso en un sistema de economía de mercado tenemos que permitir que todos, tanto el mundo público como el privado, gocen de mejores niveles de información para sus procesos de toma de decisiones (...) Si se avanza en eso, claramente se podría hacer una diferencia en una discusión mucho más fría, más técnica respecto a todos los problemas que pueden enfrentar los mercados", detalló.
La solución a este problema que también abordó en su cuenta anual el pasado 11 de noviembre, sería que la autoridad de libre competencia elaborara estudios en base a información de "buena calidad", planteó. "Si se pudiese permitir que la Fiscalía (...) recogiera información confidencial de las empresas, eso podría hacer una diferencia en el sentido de que los estudios de mercado pudieran ser sólidos y rigurosos en cuanto a la información y en detectar el problema", explicó.
Para ello, Irarrázabal consideró fundamental el establecimiento de sistemas que protejan esos niveles de confidencialidad y que den confianza a las empresas, porque actualmente su experiencia es que las compañías tienden a decir que todo es información confidencial. "Hay que hilar fino y determinar cuál información es efectivamente confidencial y la que sea tiene que mantenerse así", enfatizó.
Sobre la recepción que han tenido las autoridades respecto a esta iniciativa, puntualizó que ha planteado este requerimiento en varias oportunidades, con buena acogida, pero hay que esperar a que se libere el texto de la reforma a la institucionalidad de libre competencia para ver si es que se consideró en las modificaciones.
Contrastes legales
Consultado al respecto, el abogado del estudio Philippi, Ricardo Riesco, dijo que le parecen una buena iniciativa que la Fiscalía quiera realizar más estudios de mercado para prevenir conductas anticompetitivas, pero que los resultados serían más profundos si "los funcionarios de la FNE fueran a las instalaciones de las empresas e, in situ, les explicaran, preguntaran y entendieran cómo funciona la empresa y el mercado (...) Siempre los intercambios de información productos de cartas que van de ida y vuelta tergiversan la información misma o su entendimiento, complicando las investigaciones de la FNE. Ello es especialmente porque están investigando muchos mercados y es imposible ser expertos en todos", explicó.
Además señaló que actualmente el decreto ley 211 permite que la Fiscalía solicite cualquier tipo de información a las empresas, incluso confidencial, por lo que Riesco considera que no es necesaria una reforma legal para ello. También descartó que las empresas vean un problema en entregarla, ya que en su experiencia la autoridad resguarda la información y no existe temor a eventuales filtraciones.
El jurista aclaró que "el problema es que muchas veces la FNE pide información de un nivel de profundidad, detalle y por períodos de tiempo que son sencillamente inabarcables (...) en mi experiencia veo día a día los enormes esfuerzos que despliegan las empresas chilenas (...) con el objeto de recabar en tiempo y forma la información que les solicita la FNE", explicó.
En cuanto al éxito de lo planteado por el fiscal dijo que "para que esto funcione, los estudios de mercado de la FNE efectivamente deben tener un efecto preventivo, disuasorio ex ante, pero no ser utilizado en contra de las mismas empresas en juicios con posterioridad", concluyó.
aumento de sanciones
Otra de las temáticas abordadas en el encuentro fue el aumento de las sanciones. En esta materia el Fiscal Irarrázabal nuevamente puso en duda las penas de cárcel para casos de colusión.
Agregó que "el paso lógico es continuar lo que se hizo el 2003, no ser disruptivo, hacer el ajuste de lo que está en Chile al modelo europeo de sanciones económicas".
En ese sentido, reiteró que las multas deberían ser equivalente al porcentaje de las ventas .
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