La venta del millonario proyecto habitacional a medio construir en Pucón fue postergada hasta nuevo aviso. Así lo definió la junta de acreedores de la Inmobiliaria La Poza S.A., ligada al empresario Alfonso Fuenzalida, que inicialmente intentó sacar adelante un proceso de reorganización judicial, pero finalmente se decretó su quiebra.
Se trata de un complejo de tres edificios con 170 departamentos (con avances que van desde el 75% al 90%), emplazado en un terreno de 8.700 metros cuadrados en Camino Villarrica-Pucón 1200. Como parte del litigio, se han llevado a cabo tres procesos de subasta del mentado proyecto (el único activo de la fallida para pagar a sus acreedores), pero todos han resultado sin éxito.
El primer remate se efectuó el 25 de enero de este año, con un mínimo de UF 500 mil (unos US$ 20 millones); luego, fue el 25 de abril recién pasado, con un piso de UF 400 mil (US$ 16 millones), y el último fue el 30 de mayo, en que se fijó un valor de al menos UF 300 mil (US$ 12 millones). En ninguna de las subastas hubo postores.
Ofertas de compra
En el intertanto, según informó el liquidador de la sociedad, Francisco Cuadrado, en la junta ordinaria de acreedores realizada el pasado 27 de mayo, se recibieron dos ofertas de compra directa.
La primera fue de la inmobiliaria Valorarte (ligada al grupo Oval), por UF 260 mil (US$ 10,5 millones); unos US$ 500 mil más frente a una oferta que había presentado anteriormente y que fue rechazada.
“Nos resulta de gran interés poder lograr la compraventa del inmueble, considerando la intención de, a posterior, reanudar la construcción del proyecto para finalmente obtener todas las recepciones de éste para enajenar los departamentos”, dijo la empresa en su propuesta formal, en que detalló que la oferta se compone de un 20% financiado de manera directa y 80% a través de un banco.
La segunda fue de la Constructora Yubini Araya y Cía. Limitada, también por US$ 10,5 millones. “Será condición de validez de la presente oferta la aprobación del financiamiento de una institución financiera por el valor de adquisición y que los títulos de la propiedad se encuentren ajustados a derecho”, señaló.
Los acreedores (liderados por el principal, el mencionado Banco Security) votaron las ofertas en la pasada junta de fines de junio, siendo ambas rechazadas por amplia mayoría.
El apoderado del banco, Esteban García, dijo -según el acta de la junta- que ambas ofertas fueron consideradas aun insuficientes, y “siguen siendo sin pago al contado y con financiamiento bancario, por lo que no las consideran atractivas, tanto por el precio como por las condiciones”.
Proceso de reorganización
Tras esto, la junta decidió "postergar por ahora y hasta la próxima asamblea de acreedores cualquier pronunciamiento sobre la vía, forma, términos, condiciones”, entre otros puntos, en cómo se enajenará el activo.
En agosto de 2020, la empresa solicitó a la justicia la apertura de un proceso de reorganización judicial. Sus pasivos superan los $ 17.593 millones, según antecedentes del proceso, en los cuales se precisó que el giro principal de la inmobiliaria es el desarrollo del proyecto La Poza.
A fines de 2020, se aprobó la reorganización judicial, y se nombró como interventor concursal a Patricio Jamarne. La comisión de acreedores quedó conformada por representantes del Banco Security y la Chilena Consolidada Seguros Generales.
En enero de 2022, el mencionado banco solicitó declarar la liquidación de la inmobiliaria, acusando el impago de 16 pagarés. A través de la demanda de liquidación forzosa, la entidad financiera decidió hacer exigible el saldo adeudado por más de 77.633 UF. La justicia decretó la quiebra de la empresa el 22 de junio de 2023.
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