El Comité de Ministros decidió iniciar un proceso invalidatorio respecto de la resolución del gobierno anterior de revisar sólo parte de las reclamaciones contra HidroAysén y solicitar nuevos estudios. El ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier aseguró que la medida se justificaba porque habían vicios de ilegalidad en la determinación de fines de enero.
“Hemos resuelto invalidar los acuerdos del Comité de Ministros del 30 de enero que resolvieron parcialmente los recursos de reclamación que se presentaron contra el proyecto HidroAysén”, dijo Badenier.
El ministro precisó que la decisión se tomó debido a que “estimamos que dicho pronunciamiento tiene vicios de ilegalidad. Estimamos que lo pertinente es que los recursos de reclamación puedan verse integralmente. Creemos que con esta decisión las materias reclamadas vuelven a su cauce institucional, nosotros, como Ministerio de Medio Ambiente, somos los primeros llamados a respetar la institucionalidad ambiental”.
Además, dijo que en un plazo de 60 días el Comité de Ministros se daría nuevamente cita y resolvería las 35 reclamaciones, tal cual determina la ley.
En tanto, el ministro de Energía, Máximo Pacheco dijo ayer en el Congreso que “llama muchísimo la atención que el estudio que pidieron para mejor resolver las 18 reclamaciones es un estudio de cómo ese proyecto impacta el caudal del río. Pero si es un proyecto hidroeléctrico, es la base del proyecto. No estamos hablando aquí que faltó un proyecto para afinar la ingeniería de detalles. Estamos hablando de que aquí se está pidiendo un estudio para revisar la ingeniería conceptual”.
Además, añadió, “la base del derecho administrativo es la unicidad del contrato, lo que quiere decir: Aquí están las 35 reclamaciones, las estudie y con esta reclamación, si las reclamaciones son justas no se aprueban el proyecto y si las reclamaciones no son pertinentes, se aprueba el proyecto”.
Las dudas que quedan
La decisión del nuevo Comité siembra nuevas dudas sobre la continuidad del proyecto, pues aunque la instancia sólo puede pronunciarse respecto de las reclamaciones, podría buscar espacios para invalidar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), retrotrayéndolo a la fase de evaluación ambiental.
En todo caso, cercanos al gobierno aseguran que la opción más segura es que el Comité termine pidiendo mayores medidas de mitigación, evitando rechazar el proyecto, por la señal que daría respecto de la inversión y la matriz energética, al dejar fuera los recursos hídricos de Aysén.
De hecho, Badenier indicó que “a nosotros no nos corresponde como Comité de Ministros modificar el proyecto, lo que sí pudiese hacer el Comité de Ministros es establecer nuevas condiciones, pero no modificar el proyecto. Este proyecto ya está presentado y evaluado ambientalmente”.
En tanto, al interior de las firmas socias de HidroAysén -Endesa Chile y Colbún- las posiciones están divididas. En algunos el sentimiento es que el Comité terminará rechazando el proyecto. Entre otras razones, por la abierta oposición que ha mostrado la presidenta Bachelet, quien ha señalado que tal cual está el proyecto, éste es “inviable”. Para quienes están más pesimistas, les resulta extraña la posición que ha ido adoptando el gobierno, toda vez que casi un 75% de los estudios y consultas previo a la obtención de la RCA se hizo durante el primer mandato de Bachelet.
El tema no es menor para ellos, pues hasta ahora habrían invertido entre US$ 250 millones y US$ 270 millones.
Otros cercanos a HidroAysén están confiados en que el gobierno no pedirá nuevos estudios, toda vez que la evaluación regional abarcó todos los aspectos.
Un largo camino
En todo caso, la respuesta que el Comité entregue sobre las reclamaciones no será la última de las batallas que se darán respecto de esta fase del proyecto, que sólo considera las centrales, puesto que quienes reclamaron ante el Comité pueden recurrir al Tribunal Ambiental si no están de acuerdo con su resolución.
De hecho, entre los socios de HidroAysén está tomada la decisión de recurrir al Tribunal Ambiental de Valdivia una vez que el Comité resuelva. Lo mismo se haría si se acogen algunas de las reclamaciones de los ecologistas –o se rechaza la presentada por ellos mismos- lo que volvería prácticamente inviable el proyecto.
En caso de que en dicha instancia cualquiera de los reclamantes que haya recurrido al Tribunal tampoco estuvieran conformes, aún quedará la Corte Suprema como último recurso. Por lo mismo, aseguran cercanos, todavía se avizoran muchas instancias por resolver.
En HidroAysén declinaron referirse a la resolución del Comité, pues aún no han sido notificados.
Pablo Badenier, ministro de Medio Ambiente: "Tenemos que recuperar confianzas con la comunidad y titulares de proyectos"
-Ud. Ha dicho que es necesario restablecer la institucionalidad ¿cómo planea hacerlo?
-Se va a restablecer en términos que nos vamos a pronunciar respecto de los recursos de reclamación como procede, de manera simultánea. Eso también tiene que ver con reconocer los derechos que tienen las personas a reclamar y que sus reclamos sean bien abordados.
-El gobierno anterior, en la forma en que manejó HidroAysén ¿quebró esta institucionalidad?
-Sí, hay vicios de ilegalidad y no se puede proceder de esa manera. Tienen que verse todos los recursos de reclamación simultáneamente.
-Pero más allá de HidroAysén ¿cómo se restaura la institucionalidad?
-Haciendo respetar la ley. Tenemos una institucionalidad bien concebida, pero falta mucha gestión. Eso es lo que nos ha pedido la presidenta Bachelet. Tenemos que recuperar confianzas con la comunidad, parlamentarios y con los propios titulares de proyectos.
-Durante la administración anterior se vio fuerte la judicialización de proyectos ¿debería bajar ahora?
-La judicialización de proyectos no me genera ningún inconveniente. Son las reglas del juego y no somos quienes para restringir el uso de los recursos de protección o de hacer valer otro tipo de garantías constitucionales. Nuestra labor es que los proyectos sean mejor evaluados. Con proyectos mejor evaluados desde el punto de vista ambiental, se va evitar que los proyectos se judicialicen.
-El poder judicial también señaló que como la administración no estaba actuando bien, debieron entrar a corregir y resguardar derechos...
-Por eso. Tenemos que hacer mejor nuestra labor de evaluar proyectos.
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