Sus fallos y el debate sobre su uso son algunos tópicos que tienen al Tribunal Constitucional (TC) en la palestra. El reciente pronunciamiento sobre el proyecto de Escuelas Protegidas, donde se declaró la inconstitucionalidad de algunas de las disposiciones del texto, reactivó la discusión en torno a la instancia. De hecho, en el pódcast “Cómo te lo explico”, la actual presidenta, Daniela Marzi, defendió el rol de la entidad ante los cuestionamientos de que operaría como una “tercera Cámara” e indicó que se trata de críticas “partisanas” de todos los sectores políticos.
Con ese telón de fondo, se alista un cambio de timón en el TC. El 25 de junio se eligió para un primer período a la ministra María Pía Silva como presidenta, quien asumirá el próximo 10 de julio. Mientras, para el tiempo remanente del período -hasta el 10 de julio de 2028- el Tribunal será presidido por la ministra Catalina Lagos. Esto, ya que Silva asumió como ministra del TC por un período de nueve años, desde el 3 de julio de 2018 hasta el año 2027.
¿Cómo definiría el momento que vive hoy el TC? Para el profesor UC, abogado constitucionalista y socio del Estudio Fermandois, Arturo Fermandois, “el TC no es ni puede ser una ‘tercera Cámara’; esa es una crítica ideológica que degrada su naturaleza jurisdiccional”. Añade que en cada etapa esta magistratura tiene la oportunidad de seguir confirmando que es un tribunal que falla esencialmente en derecho, que aplica primeramente la Constitución como norma y no solo una interpretación política al resolver los conflictos. Y remarca: “Los ministros del TC reúnen calidades de competencia constitucional, académica o judicial que buscan reafirmar esta naturaleza primordialmente jurisdiccional”.
Para la extimonel del TC, Marisol Peña, Silva podría enfatizar algunas acciones de carácter jurisdiccional y acercar el TC a las regiones.
La directora del Centro de Justicia Constitucional UDD y expresidenta del TC, Marisol Peña, plantea que, “en el fondo, siempre se ha criticado que las cortes constitucionales enmienden las decisiones legislativas como si los Parlamentos fueran infalibles. La verdad es que están subordinados a la Constitución como cualquier otro órgano del Estado”. “Luego, lo que hace el Tribunal es darle primacía a la Constitución frenando proyectos de ley o leyes vigentes que puedan contrariarla, y eso no es ser una ‘tercera Cámara’, sino que el ‘garante’ de la Carta Fundamental. Así, además, contribuyen a resguardar el Estado de Derecho”, añadió.
El profesor de derecho de la Universidad Finis Terrae, Felipe Bravo, ve que el TC vive un momento de inflexión, similar a lo ocurrido en gobiernos anteriores, en que su integración tiene una inclinación menos deferente al Poder Ejecutivo: “Es en estos períodos que aumentan las críticas contra el TC, porque sus decisiones se ven como contrarias a la voluntad democrática; en este caso, en manos de un Poder Ejecutivo de derecha, y de un Congreso también controlado por ese sector”.
Bravo añade que desde 2022 en adelante, “el ejercicio del voto dirimente ha sido abrumadoramente mayoritario a favor de posiciones impulsadas por el gobierno del expresidente Boric en ese entonces. Es de esperar que esto se mantenga con dos presidencias seguidas de izquierda en el Tribunal”.
Javier Couso, experto en derecho constitucional y director del Doctorado en Derecho UDP, cree que para afrontar una época que parece desafiante, “el tribunal llega en un muy buen momento desde el punto de vista de su cohesión interna, la amistad cívica, por decirlo así, que hay entre sus integrantes”.
Los desafíos
En conversación con Derecho UC, la próxima presidenta del TC señaló que es un gran desafío seguir fortaleciendo el TC como órgano de control de constitucionalidad. Ello implica -dijo- “dar continuidad y profundizar en lo que, sobre todo, estas dos últimas presidencias han avanzado para modernizar su gestión y mejorar su clima interno, pero, además, avanzar en mejorar los aspectos más propios de la función propiamente jurisdiccional y en divulgar tal tarea, acercando con mayor fuerza su jurisprudencia a la ciudadanía”.
Sin embargo, la exministra Peña considera que además podría enfatizar algunas acciones de carácter jurisdiccional, como minimizar la existencia de variados votos particulares en los fallos. “El éxito de un tribunal colegiado pasa por lograr el mayor consenso posible en las decisiones para que la ciudadanía no tenga dudas acerca de lo que realmente se decidió en derecho y ajeno a cualquier consideración coyuntural, como sería apreciar el mérito de una política pública determinada”, dice, agregando que “debiera perseverarse en acercar al TC a las regiones, sesionando en estas cada cierto tiempo y en base a causas vinculadas a cada una de ellas”.
Para Couso, el principal desafío para la nueva presidenta será profundizar la cohesión, y la reputación como un foro de principios: “El gran desafío es dirigir al TC en un momento en que en otros países ha sido difícil para Cortes Supremas o tribunales constitucionales que confrontan pulsiones populistas autoritarias o populistas punitivas, como lo que ya se advierte un poco en el país”.
El evitar que sus sentencias caigan en la crítica absoluta a la actividad legislativa del Ejecutivo y del Congreso, e iniciar un proceso de reforma del TC, son los desafíos que identifica Bravo. Según explica, “el TC tiene actualmente problemas institucionales con el Ejecutivo y el Senado, por la falta de nombramiento de sus ministros suplentes desde hace un año y medio, y con la Corte Suprema, por la falta de claridad de los efectos de las sentencias del TC en los recursos judiciales. Esto, sin considerar que los últimos dos nombramientos de ministros que corresponden a la Corte Suprema este órgano los ha completado con miembros del Poder Judicial, produciendo un cambio de facto en la forma de integración del TC”.
Fermandois puntualiza que un desafío adicional en esta etapa es continuar incrementando la eficiencia jurisdiccional. Es decir, aplicar ritmos fluidos para conocer y fallar las numerosas causas que recibe, especialmente el recurso de inaplicabilidad. “Recordemos que los ingresos anuales de inaplicabilidades han aumentado fuertemente. Mientras hace diez años eran de 300 recursos, hoy están en el orden de 1.100 casos al año y se dictan del orden de 1.200 sentencias anuales”, dice. Y enfatiza: “La inaplicabilidad es importante (...) Pero el TC debe hacer un buen balance; velocidad, pero sin sacrificar excesivamente el derecho de las partes a ejercer su defensa, con alegatos de tiempo razonable, etc.”.
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