Camanchaca concluyó la compra del 30% de Camanchaca Pesca Sur, avaluado en US$ 87,8 millones, a la familia Stengel, perteneciente al Grupo Bío Bío, tras 19 meses de negociaciones, lo cual lo transforma en el único propietario de la filial.
La empresa afirmó que la base para determinar el precio fue trabajada por dos entidades financieras expertas e independientes que se encargaron de valorizar el 100% de Camanchaca Pesca Sur, procedimiento que se inició en diciembre y que concluyó a finales de marzo. El resultado de esto dio un valor de US$ 87,2 millones para el 30%. Sin embargo, a esta cifra se le sumaron intereses hasta la fecha de traspaso de acciones, y también se le descontaron los dividendos distribuidos en el mismo período, lo que dio como total US$ 87,8 millones.
Ricardo García, CEO de Camanchaca, indicó que este valor resultó superior a lo que la empresa había anticipado en 2022 y lo atribuyó principalmente al buen estado de la biomasa del jurel que la actual ley de pesca ha permitido, la orientación al consumo humano que las inversiones lograron y la alta valoración de las proteínas y aceites marinos en el mundo.
En la misma línea, detalló que el pago de esta transacción se realizará en cuotas, entre abril de este año y abril de 2026, y que quedará reflejado en pasivos financieros corrientes y no corrientes y en otras reservas del patrimonio, sin efectos inmediatos en el estado de resultados de la compañía.
Regulación del sector
Ahora, respecto a la ley que presentó el gobierno y los efectos en la valorización de la pesquera, García aclaró que en septiembre de 2022 ya se poseía información pública que permitía estimar que el Ejecutivo presentaría una propuesta dañina para el sector. En ese sentido, el empresario opinó que los bancos valorizadores fueron optimistas con que las reglas del juego se respetarían en Chile, y que el Estado no se apropiaría ilegítimamente de los derechos y licencias concedidos por este mismo.
“Ese marco legal nos motivó a hacer cuantiosas inversiones exigiendo mucha paciencia para esperar la recuperación de las pesquerías que venían debilitadas hace 10 años y por ello vemos con extrema alarma el proyecto de ley tal como se envió a la Cámara. Esa propuesta expolia derechos de propiedad legítimos, y abre riesgos de daños a la actividad económica en las regiones pesqueras, como la del Biobío”. Sobre esto, estimó que “las entidades financieras que valorizaron deben haber asumido que las discusiones parlamentarias serían razonables y se encauzarían hacia soluciones que respetaran los acuerdos y las reglas vigentes, con una mirada de desarrollo país y de bien colectivo para las regiones pesqueras”, mencionó.
“Queremos pensar que las discusiones legislativas moderarán las propuestas extremas y buscarán generar un ambiente de confianza que permitan seguir trabajando e invirtiendo. Son esas condiciones las que permitirán dar desarrollo a las regiones pesqueras, dar empleos estables y producir alimentos sanos, nutritivos y sustentables para las necesidades de alimentación del mundo”, concluyó el ejecutivo.
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