El articulado -hoy en segundo trámite constitucional en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara- eliminaba la figura del Comité de Ministros, lo que implicaba que las reclamaciones contra los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) serían resueltas por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). De ahí que la definición del gobierno es su primer golpe de timón.
Como “desconcertante” calificó la exministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, lo planteado por el Ejecutivo (ver relacionada). Pero el presidente de la comisión del ramo de la Cámara de Diputados, Guillermo Ramírez, aseguró que parece haber consenso en que “reemplazar al Comité de Ministros por un órgano unipersonal es riesgoso”.
“Estamos hablando de proyectos que van a requerir aprobación, que suponen a veces miles de millones de dólares y puede haber ahí algún foco de corrupción en el futuro”, advirtió. Así, “quedarían dos alternativas en la mesa: mantener el Comité de Ministros o reemplazarlo por un órgano colegiado. Y eso es parte de lo que vamos a conversar en las próximas semanas”.
Fuentes aseguran que el giro es no concentrar en una sola persona las decisiones, pero el camino no sería dejar el Comité de Ministros como se conoce. De hecho, en paralelo al trabajo de la comisión de Medio Ambiente, el gobierno y diputados habrían decidido instaurar una mesa técnica para buscar la fórmula que convenza a ambas partes.
El diputado Jaime Araya reconoce no haber tenido simpatía por el Comité de Ministros, pero advierte: “Es prematuro pronunciarse si es favorable o no, solamente me quedo con que se reconoce la importancia de que sea un organismo colegiado y valorar muchísimo la voluntad de diálogo”.
Para la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, el problema del Comité de Ministros “nunca fue su existencia sino la demora en resolver, que la indicación corrige con sesiones mínimas y plazos fatales. Quedan materias pendientes: la calificación en solitario del Director Regional, acotar las facultades normativas del SEA y una participación ciudadana temprana proporcional a la magnitud de cada proyecto”.
La directora ambiental de Prieto, Romina Tobar, dice que la experiencia ha demostrado que, con un adecuado funcionamiento y una agenda de sesiones más regular, el Comité deja de ser un factor crítico: “En cambio, sí genera cuestionamientos que la decisión final sobre una impugnación de esta naturaleza quede radicada en una sola autoridad”.
Ignacio Urbina, socio de Bertrand-Galindo Barrueto Barroilhet, recordó que la instancia ha sido objeto de críticas “referidas a su lentitud, escasa capacidad técnica y vulnerabilidad ante tensiones políticas o sociales, las que se suman a su naturaleza colegiada, que diluye la responsabilidad política”. Por ello, si se repone, “es muy importante que se adopten reglas y procedimientos” que subsanen estos déficits.
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