Un breve documento de dos párrafos está abriendo una nueva arista de diferencias entre empresas constructoras y la Controlaría General de la República (CGR).
Se trata de un dictamen del 13 de septiembre, donde se mandata a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud (Minsal) a pagar gastos generales provenientes de la construcción de hospitales no concesionados sólo una vez que esté ejecutada la obra.
Hasta antes de esto, los gastos derivados de modificaciones solicitadas por el Estado se pagaban periódicamente, a medida que se iban generando.
En la industria esto es visto como una fuente de problemas, dado que podría afectar los flujos de caja de las compañías, toda vez que las iniciativas tienen largos plazos de construcción.
“Esta Contraloría General ha estimado del caso instruir que tales actos (pago de mayores gastos generales) sean dictados con posterioridad a la finalización del plazo total de ejecución de la respectiva obra pública. Lo anterior, considerando que los referidos pagos suponen modificaciones al programa de trabajo que implican un aumento de plazo de ejecución de la obra de modo definitivo”, dice el oficio.
Moller y Pérez Cotapos, una de las empresas más activas en ese negocio, fue la primera en reaccionar. La firma tiene cinco construcciones adjudicadas: Hospital de Angol, Padre Las Casas (Temuco), San Antonio, Higueras de Talcahuano y el Centro de Diagnóstico Terapéutico del Hospital de La Serena. Por eso, presentó un recurso de protección a fines de octubre en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Allí expone que tal actuación es “ilegal” toda vez que “modifican contratos administrativos en curso, alterando las reglas contractuales que regulan el pago del precio por concepto de gastos generales”.
Y agrega que “excede el ámbito de atribuciones de la Contraloría y modifica lo establecido en contratos válidamente celebrados, cuyas bases y resoluciones adjudicatorias fueron previamente aprobadas por la misma CGR”.
Mañana se producirán los alegatos del recurso de la constructora.
El nuevo criterio de la CGR no tardó en llegar a oídos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), quien acogiendo la preocupación que el oficio ha producido en varios socios, elaboró un informe.
Al respecto, Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura del gremio, señala que “nos preocupa de sobremanera. Hay bases sólidas de que esto es un dictamen que contraviene y rompe el equilibrio del contrato, porque cualquier acción dispuesta por el mandante, tiene que ser compensada de forma oportuna. Si no es oportuna, no es eficaz y evidentemente esto te puede traer perjuicios financieros graves para las empresas, que tienen que asumir estos costos cuando se suceden estas modificaciones de obra”.
Pero esto no es lo único, pues Piaggio advierte que el dictamen también dice que se “evaluará la procedencia” de esos mayores gastos generales.
Esto, agrega, podría traer otros efectos. “Si una obra que se demora diez meses tiene un aumento en el plazo por una modificación que pide el mandante y se aumenta en dos meses esa ejecución, hay mayores gastos generales. Pero si por algún motivo, el contratista acelera la ejecución y logra mantener los diez meses del contrato, ¿no se van a pagar esos mayores gastos?”, dice.
La CChC está evaluando alternativas para hacer presente su postura frente al órgano Contralor.
Minsal presentará propuesta en enero
El Minsal tiene cerca de 120 contratos de construcción o ampliación de hospitales y centros asistenciales a su cargo.
Luis Barrios, jefe de la División de Inversiones del Minsal, sostiene que dada la problemática que se les ha presentado por tener varias empresas que están ejecutando obras, “lo que estamos haciendo es pedirle a las empresas que no nos entreguen sus gastos generales hasta que tengamos resuelto esto”.
Explica que ya formaron una mesa de trabajo con la CChC y que esperan entregar una propuesta en enero a la Contraloría.
“Yo entiendo que para una empresa constructora, que generalmente son medianas o chicas, no es lo mismo recibir los pagos hoy que en dos años más”, concluye la autoridad.
Contraloría dice que no se afectan derechos
En el documento que ingresó Moller y Pérez Cotapos el 31 de octubre, no solo tilda de ilegal el actuar de la Contraloría, sino que señala que afecta dos derechos constitucionales: el derecho de propiedad y libertad económica.
Esto, dado que a su juicio, se vulnera la propiedad que emana de los contratos de salud y se transgrede la garantía a que las personas desarrollen actividades económicas "en la medida que se respeten las normas legales que las regulan", señala la constructora.
Consultada, la Contraloría dijo que la empresa confunde conceptos. "El recurso de protección interpuesto confunde gastos generales, que son parte de la oferta, con los mayores gastos generales que son indemnización. Por lo tanto, en ningún caso se afecta el derecho de propiedad, ni el derecho a desarrollar una actividad económica de las empresas contratistas, ya que no se cuestiona la procedencia de la indemnización, sino que se señala que esta debe estar determinada una vez finalizado el plazo de ejecución de la obra".
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