La Fiscalía Nacional Económica (FNE) detectó que la mayor parte de las compras funerarias se realizan 48 horas después de la muerte de la persona cercana, un tiempo acotado y bajo un estado emocional alterado, hechos que funcionan como ingredientes para disparar los costos de estos servicios. ¿La solución? Crear una regulación para generar eficiencias en la industria de cementerios y casas funerarias, según concluyó el organismo antimonopolio en su informe final con las recomendaciones para disminuir un 29% los gastos de los clientes, lo que se traduce en ahorros por US$ 45 millones anuales.
La FNE envió al Poder Ejecutivo nueve medidas para incrementar la competencia en los negocios de funerarias y de cementerios, con el fin de ayudar a los consumidores a encontrar precios más convenientes. La iniciativa busca cuatro grandes objetivos: aumentar la cotización entre empresas y la libertad de elección de servicios funerarios por parte de los clientes; eliminar ciertas barreras regulatorias al uso de los beneficios mortuorios; facilitar la entrada de nuevos cementerios y crematorios; además de fiscalizar los contratos de adhesión celebrados entre las partes.
“Este estudio demuestra, con datos concretos y objetivos, que hay mucho espacio para aumentar la competencia y la transparencia en el mercado fúnebre. Las medidas que estamos proponiendo van en este sentido y pueden generar un importante beneficio para los consumidores”, señaló la Fiscal Nacional Económica (S), Mónica Salamanca.
Según los antecedentes recabados por la FNE, dependiendo si es sepultación o cremación, los costos registrados en 2021 son entre $1.090.101 y la mediana de $782.428.
Ejes del estudio
En Chile existen más de 850 funerarias, las que realizaron aproximadamente 137.000 servicios el año 2021, con un flujo de US$ 126 millones. Para pagar estos servicios suele recurrirse a algún beneficio mortuorio, es decir, las cuotas que paga una institución pública o privada para el traslado y sepultura de una persona. En el caso estatal se brinda a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que desembolsa 15 UF.
La FNE sugirió que se elabore una regulación especial para las funerarias y el uso de los "beneficios mortuorios", porque la mayor parte de los clientes no sabe que la empresa hace uso de la cuota y genera distorsiones en cuanto a los precios mínimos que se cobran.
Un exgerente general de una relevante fábrica de ataúdes tradicionales le explicó a la FNE que el mercado opera de manera atomizada, desregulada y sin una fiscalización sistemática por parte de las Seremi de Salud. De hecho, su apreciación es que ningún fabricante concentra más del 5% de la comercialización, existiendo aproximadamente 55 proveedores de féretros, siendo que muchos de ellos son construidos por las propias funerarias.
A lo anterior, se suma que tampoco existen categorías en la regulación, lo que implica que se puedan generar más de 350 combinaciones de productos entre madera, pintura, barniz y accesorios. La situación descrita genera dos grandes problemas a ojos de la Fiscalía: no hay fiscalización de los productos de parte del Estado a nivel sanitario, y además se amplía la oferta sin la certeza de que el proveedor esté calificado para brindar el servicio.
Adicionalmente, los clientes no cotizan con tiempo los costos de los servicios fúnebres, porque de existir un aumento de la venta por necesidad futura podría implicar una disminución de los precios. Las sepulturas que son vendidas bajo esta modalidad son un 20% más baratas en promedio que aquellas que se venden por necesidad inmediata.
"Esto sería beneficioso, ya que si el 90% de los consumidores cotizara al menos dos veces, los precios podrían bajar en un 29%", explicó la FNE. De acuerdo a sus cálculos, esto implica ahorros por US$ 21 millones.
En el caso de los recintos, en el país existen más de 400 cementerios y 17 crematorios que, de acuerdo al tamaño de cada mercado de cada uno las sepulturas, habrían generado ingresos equivalentes a US$ 563,9 millones y US$ 15,8 millones, respectivamente.
De acuerdo a la FNE, la baja oferta de estos espacios se debe a que existen diversos aspectos que podrían estar dificultando la entrada y/o expansión por la falta de regulación. De hecho, se explicó que hay un déficit de claridad respecto de los lugares en los cuales se pueden instalar cementerios y crematorios, ya que los planes reguladores de las comunas son interpretados de manera discrecional y sin considerar la necesidad de instalar estos establecimientos.
"Es necesario realizar recomendaciones para promover una mayor planificación urbana respecto de la instalación de cementerios, así como modificar los requisitos aplicables para la instalación de cementerios y crematorios junto con regular el procedimiento de aprobación ante las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud", expresó.
Respecto a las ventas, los cementerios tienen poder de mercado respecto de los consumidores y se propuso crear una política para evitarlo y promover una mayor fiscalización de estos contratos.
"Proponemos que todos los establecimientos fúnebres deban informar los precios de todos los servicios o productos que ofrecen, desagregando los componentes incluidos en los planes y otros elementos relevantes en la toma de decisión. Dicha obligación será aplicable a todos los canales de venta, ya sea presencial, telefónico o a través de internet, sin perjuicio de que en cada canal varíe la forma de cumplir la dicha obligación", indicó la FNE.
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