Para el próximo 6 de agosto quedó fijada la audiencia de formalización de Alejandro Gil, presidente de Clínica Las Condes (CLC) y pareja de Cecilia Karlezi, controladora del establecimiento. El directivo será formalizado por el delito de apropiación indebida entre 2021 y 2024, tras una serie de querellas de exmédicos de la clínica, que fueron agrupadas en una misma causa a cargo de la fiscal Karin Naranjo.
La acción legal nació luego de la salida masiva de doctores de la clínica tras modificaciones al contrato marco entre la empresa y los profesionales. Tras dejar el establecimiento, los querellantes habrían mandatado a CLC el cobro de honorarios médicos adeudados por los pacientes que se atendieron en sus dependencias.
No obstante, según el relato de los doctores, no sólo no se cobró la totalidad de las prestaciones, sino que se les pagó en fracciones menores y parciales, “con el claro objeto de apropiarse de los dineros cobrados a las aseguradoras y pacientes, para poder afrontar el conocido escenario financiero desfavorable que presenta la clínica”, se lee la primera de las querellas, ingresada por los médicos cirujanos Joaquín Lara y Javier Del Río.
En conjunto, estos dos doctores acusaron montos no enterados por unos $ 350 millones. Eventualmente, dijeron, los pagos cesaron “unilateralmente”, situación que se habría repetido con otros médicos.
El caso
La acusación que plantearía la Fiscalía en contra de Gil, no necesariamente tendrá que ser por los montos reclamados por los doctores. Lo que el Ministerio Público sí apuntará a probar, es que determinados montos sí fueron pagados por Fonasa o isapres a la clínica, pero que los honorarios correspondientes no fueron traspasados a los médicos.
En este punto, la posición de CLC es que estas entidades han estado retrasando sus pagos, situación a la que también ha atribuido su complejo momento económico. En entrevista con DFMAS, el gerente general, Pablo Ortiz, lo calificó como un “desfase financiero”.
Pese a que las querellas también iban dirigidas contra exgerentes generales -Ignacio Tapia y Jerónimo García-, la Fiscalía optó por ir sólo contra Gil. Según conocedores del caso, en la investigación se tomó esa determinación debido a la alta rotación de ejecutivos -Ortiz es, de hecho, el sexto gerente general de CLC desde 2019- y el rol de alto involucramiento del presidente en la firma. Vale decir que esta acusación de apropiación indebida no busca establecer que Gil usó los fondos en beneficio personal, sino que estos no se utilizaron para lo que estaban destinados.
Es la segunda vez que el Ministerio Público busca la formalización del directivo. Este mismo año, se había solicitado otra audiencia en el marco de la querella por calumnias que presentó otro exgerente general, Fredy Jacial. No obstante, tras reparos de los abogados de CLC, esta fue suspendida, al menos por el momento.
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