El receso legislativo frenó la discusión de la ley corta que busca dar salida a la crisis de las isapres, aplicando el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores -instruyendo el método para las devoluciones a afiliados- y permitiendo un reajuste extraordinario en el precio base de los planes para que las compañías recuperen el equilibrio financiero.
En el centro del debate está la deuda del sistema que, en enero, fue estimada por la Superintendencia de Salud en unos US$ 1.180 millones. No obstante, en el Senado se aprobó la mutualización de la misma, esto es, un principio por el cual los afiliados de una cartera comparten los riesgos de siniestro. Con ello, el monto bajaría en torno a los US$ 451 millones. Parlamentarios oficialistas llevaron esa norma al Tribunal Constitucional (TC), proceso aún pendiente de resolverse.
Pero dentro de la industria no hay consenso en cuanto a que estos montos sean los que efectivamente tendrán que desembolsar las isapres y, según fuentes ligadas a las compañías, la cifra incluso habría crecido.
En efecto, respecto del monto de la deuda de US$ 451 millones, estimado a partir de la mutualización propuesta por un comité técnico a la comisión de Salud del Senado en noviembre pasado, estos análisis indican que esa cifra ya asciende a unos US$ 600 millones dados los meses transcurridos. Y calculan igual efecto para el caso de los US$ 1.180 millones estimados por el Gobierno en sus últimas indicaciones al proyecto en enero pasado, la que ahora sería de más de US$ 1.300 millones.
“Para saldar un monto de US$ 1.180 millones, las isapres deberían marginar más de $ 100 mil millones anuales por diez años, escenario absolutamente imposible. Por lo tanto, la promesa de pago de una deuda de tal envergadura es ficción”.
Victoria Beaumont, directora ejecutiva de Fundación Politopedia
“Hay una urgencia de zanjar este tema, no solamente por la ejecución del fallo, que es indiscutible, sino por el impacto que esto está teniendo en el sistema y su sustentabilidad”.
Emilio Santelices, exministro de salud
“Hay efectos en direcciones contrarias (para la deuda), por lo que es central cuantificarla y que acompañe el debate legislativo que se retomará en marzo”.
Daniela Sugg, Ceo de Sugg y Asociados
Fotos: Agencia Uno y Archivo
De igual forma, indican que el primer monto de devoluciones por US$ 1.400 millones del Ejecutivo en mayo de 2023, ya superaría los US$ 1.600 millones.
Falta de certezas
“La deuda se incrementa a medida que pasa el tiempo y esto se debe a que la Corte Suprema considera que mes a mes hay afiliados a los que se les están haciendo cobros indebidos por concepto de la tabla de factores. Mientras más tiempo pasa, más se acumulan”, afirma Victoria Beaumont, directora ejecutiva de Fundación Politopedia.
Daniela Sugg, economista de la salud y CEO de Sugg y Asociados, añade que una actualización del monto se requiere no solo por el paso del tiempo, sino también porque se han ido aprobando mecanismos adicionales, como el no cobro a los menores de dos años desde marzo de 2024 y el adelanto de alzas por concepto del Indicador de Costos de la Salud (ICSA).
Sin ir más lejos, la última minuta de la Superintendencia liderada por Víctor Torres suponía que la ley corta se promulgaría en febrero, lo que no ocurrió. Con ello, Sugg dice que para tener un cálculo certero hay que considerar tres efectos: el del fallo de la tabla de factores en el periodo que va desde abril de 2020, cuando entró en vigencia la nueva tabla; el no cobro a menores de dos años, y la aplicación del fallo GES. “Hay efectos en direcciones contrarias (para la deuda) por lo que es central cuantificarla y que acompañe el debate legislativo que se retomará en marzo”, estima.
El exministro de Salud Emilio Santelices, quien además fue coordinador del Comité Técnico que asesoró al Senado, explica que la deuda se compone de dos partes: la primera es el pasivo asociado a la devolución de los excesos que, para él, no debería pasar los US$ 450 millones, con mutualización.
“La otra parte corresponde a la deuda prospectiva que se ha ido generando en estos meses, mientras no se resuelve definitivamente a partir de la ley corta cuál va a ser la fórmula para los períodos siguientes, y ahí se genera el vacío para lo que queda entre el fallo y la ejecución de la ley”, dice.
Santelices sostiene que “hay una urgencia de zanjar este tema, no solamente por la ejecución del fallo, que es indiscutible, sino por el impacto que esto está teniendo en el sistema y su sustentabilidad”.
Críticas a los cálculos
El exministro es enfático en que es un error hablar de que los planes subirán hasta en un 40%, porque si bien subirá el precio base, para algunos afiliados habrá disminuciones por la aplicación de la nueva tabla de factores. Para ciertos usuarios “puede que incluso siga siendo menor al precio actual, o similar, y a quienes les suba el precio final no debiera subir más allá del 10%. Eso no se ha comunicado adecuadamente, la discusión se ha centrado en el precio base y eso es solo un componente del precio final”, argumenta.
Beaumont va hacia el fallo de la Corte y esgrime que es un error considerar solo la variante tabla de factores para calificar los cobros como injustificados. Señala que esos cobros indebidos se deberían haber reflejado en las utilidades de las empresas, con “platas que no se pueden justificar”, lo que, para ella, no sucede.
“En realidad, para poder generar un plan de pago para saldar un monto de US$ 1.180 millones, las isapres deberían marginar más de $ 100 mil millones anuales por diez años, escenario absolutamente imposible. Por lo tanto, la promesa de pago de una deuda de tal envergadura es ficción. Si las isapres cobrasen en exceso deberían acumular a lo menos ese mayor valor. Desde abril de 2020, acumulan pérdidas por US$ 253 millones”, lanza la experta.
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Martín Baeza
