Tras largos ocho meses de discusión en el Senado hasta su despacho en enero pasado, ahora que el proyecto de Ley Corta de isapres inició su trámite en la Cámara de Diputados se encuentra en una carrera a contrarreloj para cumplir el mandato de promulgarla en mayo próximo, para que así coincida con la aplicación del fallo de la Corte Suprema por tabla de factores, de acuerdo con el cronograma actual establecido luego de dos postergaciones. Esa sentencia implicará una baja de ingresos y millonarias devoluciones a los afiliados, por lo cual para la industria es vital contar con las medidas que la ley establezca para su sostenibilidad financiera.
En este marco, una de las grandes interrogantes es qué tan factible es concretar la tramitación de la iniciativa dentro de tres meses. Mientras entre los diputados crece la opinión respecto de que los plazos actuales son insuficientes y se hace necesario pedir un tercer aplazamiento al máximo tribunal –facultad radicada en el Ejecutivo-, las propias isapres son tajantes respecto de mantener el diseño actual. “Hacemos un llamado a resolver la tramitación de la ley corta en los plazos estipulados y pudiera estar aprobándose en el mes de mayo”, enfatizó el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, este lunes, alertando que una eventual postergación “generará un riesgo en el sistema, porque es muy difícil pensar que las isapres puedan subsistir durante todo 2024 a pérdida”.
Tomás Lagomarsino
diputado integrante de la comisión de Salud.
“No nos va a alcanzar el tiempo, y considero necesaria nueva prórroga del fallo a la Corte Suprema. Yo la pediría desde ya, pero el Ejecutivo no tiene esa misma postura”
Juan Luis castro
senador presidente de la Comisión de Salud
“El fallo obliga a tener en vigencia la ley corta el 12 de mayo y no debe modificarse ese plazo. Hay un deber de ajustarse a lo que la justicia estableció con dos prórrogas de por medio”.
Sergio Gahona
senador integrante de la Comisión de Salud.
“Lo óptimo es que se respeten los plazos, ya que entre más pronto esté promulgada la ley, hay mecanismos que entran en acción que permiten dar sostenibilidad al sistema privado de salud”.
Emilio Santelices
exministro de Salud
“Postergar una vez más el proyecto mantendría una incertidumbre que va en el sentido contrario de todo aquello que queremos reconstruir en materia de financiamiento”.
Manuel Inostroza
exsuperintendente de Salud.
“Se debe trabajar en los dos escenarios: insistir en una rápida tramitación para intentar la aprobación antes de mayo y, si la tramitación se alarga, tener más plazo”.
Patricio Fernández
exsuperintendente de Salud.
“El Ejecutivo ya debería estar pensando en solicitar una nueva prórroga durante abril si la discusión no va de acuerdo a los tiempos propuestos para despachar el proyecto”.
Desde su posición como integrante y expresidente de la Comisión de Salud, el diputado Tomás Lagomarsino (independiente) se manifestó en el sentido contrario: “Creo que no nos va a alcanzar el tiempo, y considero necesaria una nueva prórroga del fallo por tabla de factores a la Corte Suprema. Yo la pediría desde ya, pero el Ejecutivo –que debe tomar esa decisión en función de cómo vaya la tramitación- no tiene esa misma postura”. Junto con estimar que “lo más probable es que estemos despachando el proyecto de la Cámara en dos meses o dos meses y medio más”, Lagomarsino recordó que uno de los puntos clave del proyecto aprobado en el Senado es la aplicación del mecanismo de mutualización –fórmula que permite compartir los riesgos-, la cual tiene el rechazo de un gran número de diputados, por cuanto reduce sustancialmente la deuda de las isapres, desde los US$ 1.100 millones calculados por el Ejecutivo a unos US$ 450 millones. “Lo más probable es que esto se rechace en la Cámara y, con ello, la discusión vaya a comisión mixta”, dijo.
El dilema del Gobierno
En el Senado las opiniones se inclinan por mantener el cronograma actual. “El fallo obliga a tener en vigencia la ley corta el 12 de mayo y no debe modificarse ese plazo. Y así lo está haciendo la Comisión de Salud, que tiene un itinerario para que a mediados de abril se despache de la Cámara de Diputados y quede para el último trámite en comisión mixta, antes de mayo. Por lo tanto, se está actuando en tiempo y plazo. Hay un deber social y político de ajustarse a lo que la justicia estableció con dos prórrogas de por medio”, indicó el senador Juan Luis Castro (PS).
En tanto, su par en la comisión de Salud de la Cámara Alta, Sergio Gahona (UDI), señaló que “lo óptimo es que se respeten los plazos que ha dado la Corte Suprema y el proceso esté terminado en mayo, ya que entre más pronto esté promulgada la ley, hay mecanismos que entran rápidamente en acción que permiten dar una sostenibilidad al sistema privado de salud, más temprano que tarde”, no obstante considerar que desde la perspectiva del trabajo de los diputados “un mayor plazo sería ideal para analizar el proyecto”.
En la misma línea, el exministro de Salud, Emilio Santelices, sostuvo que una nueva postergación “mantendría una condición de incertidumbre sobre el sector, ya que el paso del tiempo condiciona iniciativas que van en el sentido contrario de todo aquello que queremos reconstruir en materia de financiamiento a la salud de manera virtuosa, aparecen las soluciones imaginativas, y eso es muy malo a la hora de diseñar políticas públicas sostenibles y de largo plazo; además de los riesgos financieros”.
¿Cuál debería ser la mejor estrategia del Gobierno?
“Debe trabajar en los dos escenarios: insistir en la rápida tramitación para intentar la aprobación antes de mayo y, si esto no fuera así y la tramitación se alarga, tener más plazo”, indicó Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud y académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Recordó que "el Senado tomó nueve meses de tramitación y es difícil pensar que en un plazo de dos meses la Cámara de Diputados se vaya a allanar a aprobar un proyecto tan complejo como este, y además, los propios parlamentarios están anunciando modificaciones significativas al proyecto, lo que hace suponer que sí o sí va a ir a comisión mixta. Por ende, lo más probable es que el Gobierno va a tener que volver a pedir una nueva prórroga a la Corte Suprema".
Advirtiendo que “los propios diputados han dicho que los plazos no van a ser suficientes”, el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, consideró que el Ejecutivo “ya debería estar pensando en solicitar una nueva prórroga en abril si la discusión en la Cámara Baja no va de acuerdo a los tiempos propuestos para despachar el proyecto", coincidiendo en que "es casi un hecho que va a terminar en comisión mixta”.
Fernández estima que “a la propia Cámara de Diputados en su conjunto no le va a parecer adecuado que solamente se le den a unas semanas para despachar este proyecto de ley, por lo que veo difícil cumplir el cronograma, más si se toma en cuenta que comienza un año que se va a hacer bastante corto en el sentido de que muchas de las fuerzas políticas van a estar mucha energía concentrada en lo que se viene para las elecciones municipales. Todos estos elementos, sin duda, van a contaminar la discusión de esta ley corta y el éxito dentro de los plazos”.
Inostroza alertó sobre la necesidad de evitar el riesgo de llegar a mayo “sin una ley, y tampoco sin plazos que den espacio a un cúmplase del fallo con interpretaciones sobre la deuda vigente en US$ 1.200 millones y sin mutualización, lo cual haría caer los planes de los afiliados y generaría una crisis sanitaria”.
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