Si bien fue hace más de seis meses que se aprobó la Ley Corta que permitió que las isapres pagaran hasta en 13 años la deuda que mantienen con sus afiliados por concepto de tabla de factores (en torno a US$ 1.200 millones para el sistema), recién en los últimos días estalló la indignación, cuando las aseguradoras comunicaron que harían uso del plazo máximo, devolviendo los dineros hasta en 156 cuotas.
Las empresas, como ordenó la Corte Suprema, tuvieron que ajustar todos sus planes a la tabla de factores única vigente desde abril de 2020. Así, todo lo cobrado en exceso respecto a esa fecha -para los beneficiarios con una diferencia a su favor- debe ser restituido. Las isapres harán esto en las ya mencionadas cuotas que, en muchos casos, irán creciendo con el pasar de los años. Así, en las primeras cuotas, hay usuarios que recibirán alrededor del 0,05% de la deuda.
“Era peor aún el escenario si es que no hubiera existido la Ley”, dijo este lunes en TVN el superintendente de Salud, Víctor Torres, quien argumentó que esta fue la única fórmula posible, recordando que cuando se aprobó la Ley corta todas las aseguradoras estaban al borde de la insolvencia, con lo cual, de no haberse dado este tipo de facilidades de pago, no hubiesen podido haber devoluciones.
Cabe recordar que, de acuerdo a la misma Ley Corta, los accionistas de las isapres no podrán retirar utilidades mientras no hayan terminado de pagar la deuda.
Responsabilidad política
El mecanismo causó indignación incluso entre quienes lo aprobaron. En Radio Pauta, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), lo calificó como “insultante” y sostuvo que “estamos a tiempo de corregirlo”.
La fundadora del movimiento ciudadano Salud Libre, Victoria Beaumont, señaló que esto “habla mal de nuestro sistema político. Luego de dos años de haber discutido profundamente una reforma, haber tenido convicciones, mesas de negociación, haber generado un mecanismo en la Ley para crear transparencia en la implementación con un Consejo Consultivo y además con el visto bueno de la Superintendencia, que después de la implementación de todos esos mecanismos vengan a reclamar (...) cualquier persona que lee la Ley se da cuenta que se está permitiendo dicho plazo”.
En la misma línea, el exministro de Salud, Emilio Santelices, dijo que esto “fue lo que los legisladores finalmente aprobaron” y que la idea de corregir la situación no tiene ningún asidero, porque la única manera sería con un nuevo proyecto.
Fuga de afiliados
En paralelo, la situación operativa de las isapres se sigue complicando. A pesar de que se ha moderado la fuga, en lo que va del año, las aseguradoras abiertas han perdido 130.766 afiliados. A fines de octubre, la Superintendencia contabilizó 2.586.980 beneficiarios (cotizantes más cargas). Hace tan solo dos años, en octubre de 2022, el regulador tenía registrados 3.152.295 afiliados entre las siete isapres abiertas. Es decir, en solo esos 24 meses han salido 567 mil personas.
Dicha tendencia significa una dificultad aún mayor para las isapres, debido a que la mayor parte de la fuga se da en los usuarios más jóvenes, con lo cual la cartera se vuelve más riesgosa y la estructura de gastos se hace más costosa, generando un círculo vicioso.
¿Impactará el mecanismo de devoluciones en esto? Santelices consideró que la situación “genera mucha desazón en las personas, porque se hace una devolución de cifras tan exiguas (...) hay una desprolijidad que lo que hace es ahondar cierto descontento”. El exministro recordó que es por esto que han insistido en la necesidad de una reforma hacia un sistema de aseguradores privados que funcione bajo una lógica de seguridad social, con un fondo mancomunado y un plan universal de salud.
Beaumont, en tanto, dijo que, más que las devoluciones, la fuga podría acentuarse por parte de las personas cuyos planes se encarecieron, ya sea porque costaban menos del 7% y debieron ajustarse hacia arriba, o por el incremento con una prima extraordinaria que permitió la norma.
Dicho esto, volvió a apuntar al sistema político: “Los afiliados se generaron una expectativa de devoluciones de grandes sumas de dinero, alimentada irresponsablemente por los políticos que, al hacer la ley, firmaron otra cosa”.
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