La semana pasada venció el plazo para aportar antecedentes a la consulta que se lleva en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acerca de los servicios de salud otorgados por las mutuales de seguridad, fuera del Seguro Legal Obligatorio (SLO). El proceso, fue iniciado en diciembre por el grupo Andes Salud y se ha centrado en la expansión de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
Ahora, otras clínicas se hicieron parte de la consulta y cuestionaron las autorizaciones entregadas para que esta entidad ampliara su ámbito operativo. Entre estos, destacó el grupo Banmédica, que presentó un escrito por medio de cinco de sus clínicas -Dávila, Ciudad del Mar, Biobío, Dávila Vespucio y Vidaintegra-, en el que sostuvo que esta extensión “de forma pura y simple, podría atentar contra la libre competencia”.
“No parece existir justificación económica para el doble rol de aseguradoras y prestadoras que hoy ejercen las mutualidades”, argumentaron las filiales de Empresas Banmédica.
Representada por los abogados Nader Mufdi, Andrés Fuchs y Rosario García, los prestadores plantearon algunos riesgos de la autorización entregada a la ACHS y, eventualmente, a otras mutuales.
Primero, argumentaron que estas entidades cuentan con información relevante y posición preferente para ofrecer prestaciones médicas fuera del seguro, cuando ellas tienen lugar en conjunto con un accidente laboral o enfermedad profesional, ventajas que consideran injustificadas.
Asimismo, plantearon la existencia de “asimetrías regulatorias”, por el hecho de que las mutuales “puedan subsidiar sus prestaciones ajenas a la cobertura del SLO a través de los ingresos obtenidos en virtud” del mismo, lo que les permitiría ofrecer niveles de precios diferenciados en el mercado de los convenios requeridos por instituciones públicas y privadas.
Por otro lado, sugirieron que administradores de mutualidades podrían tener incentivos para desarrollar más capacidad en exceso, para efectuar más prestaciones fuera del SLO y, finalmente, sostuvieron que “no parece existir justificación económica para el doble rol de aseguradoras y prestadoras que hoy ejercen las mutualidades”.
Medidas solicitadas
Con todo lo anterior, solicitaron que se obligue a la ACHS -y cualquier otra mutual que llegue a tener una autorización similar- llevar contabilidad separada de sus respectivos prestadores y de los convenios con entidades relacionadas y terceros para efectuar prestaciones fuera del SLO.
También pidieron que se prohíba vincular comercialmente la contratación de prestaciones ligadas al SLO con otras que estén fuera del mismo. Además, respecto de estas últimas, propusieron que sean todas efectuadas por entidades sin fines de lucro y que las autorizaciones para llevarlas a cabo tengan como máximo una vigencia de un año.
Finalmente, agregaron que debería modificarse el mecanismo para determinar si un accidente o enfermedad califica como un evento del trabajo o laboral y establecer posibles inhabilidades de ejecutivos de mutualidades en sus prestadores.
Desde las clínicas que patrocinan el escrito, declararon a DF que “el propósito de esta acción es contribuir a contar con una regulación que garantice la simetría de participación de todos los prestadores en las prestaciones de salud común, y además de la revisión y actualización de la normativa que regula las prestaciones relacionadas al SLO”.
FNE descarta posición dominante de la ACHS, pero recomienda cambios regulatorios, y las mutuales defienden sus modelos
Además de algunos sindicatos y otras clínicas, entre otros actores, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) también entregó su visión de la consulta. La entidad sostuvo que efectivamente esta industria ha cambiado, con mayor número de trabajadores protegidos y cambios en la actividad económica, además de una “disminución considerable” de la tasa de accidentabilidad.
La FNE concluyó que la ACHS no cuenta con una posición dominante y que no es probable que la alcance en el corto o mediano plazo, pero sí sostuvo que el SLO tiene una estructura regulatoria que “no genera los incentivos óptimos para un funcionamiento completamente eficiente y efectivo”.
Así, estimó que el TDLC podría recomendar que se incorporen medidas para obtener información fidedigna de costos asociados al SLO y prestaciones ajenas al mismo, “tales como el establecimiento de un giro único o separación contable”. No obstante, remarcó que este análisis excede la consulta que se está llevando a cabo.
La principal competidora de la ACHS, la Mutual de Seguridad (Museg, ligada a la Cámara Chilena de la Construcción), se desligó del objeto de la consulta y aseveró que el alcance del proceso fue limitado exclusivamente a la ACHS.
No obstante, esta compañía sí dijo que “se evidencian ciertos riesgos teóricos” de la extensión de las funciones de las mutuales que, acompañadas de una falta de regulación o fiscalización, podrían conllevar problemas de libre competencia, tales como integración vertical entre la mutual y sus filiales que “podría devenir en un desvío de pacientes del sistema de seguridad social a uno privado, a interés único de la respectiva mutualidad y en perjuicio de los trabajadores”.
La ACHS, en tanto, volvió a insistir en que no existen subsidios cruzados y en que “no ha financiado, ni pretende financiar, las actividades del Plan de Salud No Laboral con aquellos ingresos vinculados al seguro laboral. Hay una estricta separación de dichas áreas”.
Planteó que hace más de 45 años que las mutualidades intervienen en salud no laboral, y que, de hecho, se contrató a una auditora externa (PwC) que emitió un informe técnico estableciendo, a noviembre de 2022, que el plan no laboral no generaba utilidades.
Asimismo, recalcaron que no han descuidado su rol fundamental y que sólo durante 2022 realizaron más de 1,1 millón de capacitaciones, 4,8 millones de atenciones en salud y más de 836 mil traslados y rescates de pacientes.
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