La tramitación de la Ley Corta de Salud comenzó ayer martes en la Cámara de Diputados, iniciando un proceso contra el tiempo, ya que el objetivo es que la ley esté despachada completamente a fines de mayo, para así posibilitar su entrada en vigor en paralelo a la aplicación del fallo de la Corte Suprema por tabla de factores, que motivó el envío de este proyecto justamente para instruir esa sentencia y contener sus efectos.
Por este efecto, uno de los aspectos más críticos es el cronograma, para lo cual la presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Gazmuri, propuso que a fines de marzo, antes de la semana distrital, el proyecto debe ser aprobado en general, para que la última semana de abril, antes de la distrital, sea aprobado en particular y despachado de la Comisión de Salud, de modo que en mayo se discuta en la Sala de la Cámara. Y para cumplir la meta, la diputada estableció un régimen de sesiones dobles semanalmente encaminada a posibilitar la tramitación con “máxima celeridad”.
En las horas previas a la sesión de ayer, las autoridades de salud se reunieron con los diputados oficialistas más la Democracia Cristiana (DC).
Y en la sesión –en la que estuvo presente la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el director de Fonasa, Camilo Cid; y, el superintendente de Salud, Víctor Torres- los temas que marcaron las intervenciones fueron la oposición al mecanismo de mutualización (fórmula que reparte los riesgo entre los afiliados a un sistema de seguro) y a la próxima alza de los planes, prevista por una única vez para agosto próximo, ambos puntos contenidos en el proyecto de ley que aprobó el Senado en enero pasado.
Tras la adecuación de los precios base de los planes de las isapres para el periodo 2024-2025 que las aseguradoras aplicarán a contar del próximo mes –alza que fue adelantada en tres meses promediando un 4,4% a nivel de la industria y que llegará a 7,4% en el caso de tres compañías- la posibilidad de otro reajuste a mediados de este año como mecanismo de estabilización financiera de la industria fue rechazada por diputados oficialistas en la sesión de ayer, sobre todo porque no considera un tope máximo, a diferencia del aumento en curso que estaba limitado según el Indicador de Costos de la Salud (ICSA).
“Vemos esto con mucha preocupación. Del proyecto aprobado en el Senado esa alza extraordinaria quedó sin tope. Incluso yo tengo duda si debe haber algún alza, sobre todo a la luz de lo que ha pasado con el adelantamiento del ICSA” , manifestó Ana María Gazmuri.
Asimismo, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja remarcó la línea del oficialismo en contra de la fórmula de la mutualización: “permite bajar la deuda final, lo que nos parece totalmente improcedente".
En este punto, Gazmuri indicó que "estamos totalmente coordinados con el Ejecutivo en que debemos evitar la mutualización, que de alguna manera vulnera el fallo de la Corte Suprema, porque lo que las isapres le deben a los afiliados es una deuda personal de cada uno".
En efecto, en el marco de su intervención ante la Comisión de Salud, la ministra Ximena Aguilera reiteró a que la mutualización “no tiene sentido” para una deuda correspondiente a contratos individuales, y enfatizó que este mecanismo “no está en el espíritu del proyecto de ley”.
Las gestiones previas
En las horas previas a la sesión, las autoridades de salud se reunieron con los diputados oficialistas más la Democracia Cristiana (DC ) que integran la instancia, con el fin de ponerlos al día acerca de los contenidos con que el Senado despachó a esta corporación el proyecto a segundo trámite.
Según algunos de los participantes en la cita, si bien la intención de la ministra era presentar el proyecto, la reunión sirvió para que “se pusieran las cartas sobre la mesa” y que los parlamentarios plantearan sus dudas acerca de la estrategia diseñada por el Gobierno para esta etapa de la tramitación, que se encuentra con discusión inmediata (seis días en cada cámara).
Sin embargo, no quedó muy claro que exista tal diseño y es lo que se elaboró en conjunto. Otro elemento que quedó más o menos claro es que lo más probable es que el proyecto no pueda eludir la Comisión Mixta. Ello debido a que ni el oficialismo ni la DC están disponibles para aprobar la polémica indicación que permite la mutualización de la deuda de las isapres. No obstante, dada la conformación de la Cámara, algunos diputados hicieron ver a la ministra Aguilera que la mayoría para rechazar la indicación impuesta por la oposición en el Senado hay que construirla, porque en la actualidad no está asegurada.
De hecho, el representante de la DC en el almuerzo, el jefe de la bancada falangista, hizo ver que sus votos no alcanzan para generar la mayoría requerida y que es necesario conversar con otros sectores no alineados como el Partido de la Gente (PDG), Demócratas e independientes.
¿Nueva prórroga para aplicar el fallo?
En la cita también se abordó en la posibilidad de que el Gobierno pidiera una tercera prórroga para la implementación del fallo de la Corte Suprema, algo a lo que el Ejecutivo se habría cerrado de plano. No obstante, algunos de los presentes pidieron que no sea tan categórico en este sentido y que no descarte tal posibilidad.
Más tarde, el diputado Aedo señaló que la cita con la ministra “era necesaria para ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a enfrentar esta discusión, pero también para ponernos de acuerdo en los que criterios con que vamos a enfrentar la discusión. Aquí no se trata ni un minuto de salvar per se al sistema de isapres, aquí el foco tiene que ser los usuarios”.
Además, comentó que se le planteó a las autoridades la necesidad de poner un techo hasta donde pueden aumentar las isapres los planes a partir de agosto, lo que se haría a través de la presentación de una indicación, planteó el legislador.
Incluso adelantó que el Gobierno se comprometió “a ingresar una reforma al sistema de salud más profunda en octubre”. Eso también es un elemento orientador, añade, para tener en consideración de que lo que se está resolviendo ahora es una coyuntura, aunque ha tomado muchos meses.
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