La aprobación del proyecto de ley corta de isapres el lunes en el Senado estuvo marcada por una victoria de la oposición –que logró introducir un mecanismo que posibilita la mutualización del cálculo de la deuda- y la derrota de la indicación de parlamentarios oficialistas para establecer un tope máximo al alza de los planes base, generando reacciones inmediatas entre los representantes de los partidos de Gobierno y del propio Ejecutivo, que debió salir a contener las críticas a este resultado.
La principal consecuencia durante la jornada de ayer fue la arremetida de un conjunto de 16 senadores –en un arco que va de la DC hasta el PC- a través del ingreso de un requerimiento al Tribunal Constitucional para revertir la aprobación de la indicación que abrió la puerta a la mutualización para efectos del cálculo de las devoluciones a los afiliados por concepto de cobros en exceso por tabla de factores, cumpliendo las instrucciones del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema de agosto del año pasado.
La idea de los senadores del oficialismo y la DC es presentar el requerimiento al TC este viernes. “Ya hay 16 senadores del oficialismo que han firmado el documento para ser presentado, esperamos el viernes, en el Tribunal Constitucional. Ya lo estamos trabajando, hay reuniones de los equipos de abogados y esperamos en los próximos tres días que esto se concrete formalmente en una presentación que permita recoger cada planteamiento de fondo que nos indica que se transgredió la Constitución y un fallo judicial”, indicó el senador PS Juan Luis Castro.
Junto con aseverar que la norma aprobada por la sala del Senado “es categóricamente un salvataje” a las aseguradoras de salud porque “pasa a llevar el fallo y se dio vuelta una inadmisibilidad solo por votación de mayoría”, el senador Castro aseveró que “se le hace el gran favor a las isapres al forzar un nuevo modo de cálculo de las deudas con las personas para reducirlo a un tercio de lo que existía. No se tuvo en consideración cómo la gente que ha venido de un largo proceso de judicialización quede mejor que antes, sino que, por el contrario, va a quedar peor”.
El cálculo de la deuda a partir de criterios de mutualización del sistema –propuesta por la Comité Técnico que asesoró a la Comisión de Salud del Senado- permite fijar su monto en niveles de US$ 451 millones, cifra muy inferior a los US$ 1.180 millones estimados en la última simulación de la Superintendencia de Salud. “Es un hecho grave y por ello acudiremos al TC porque, a nuestro juicio, esta indicación de la derecha no debió declararse admisible. De lo contrario estaríamos avalando un robo en despoblado ya que la mutualización disminuye la deuda” afirmó el senador DC Iván Flores, quien ayer analizaba los detalles de la presentación junto a sus pares Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla.
“Vamos a ocupar todas las herramientas que están en nuestras manos y hemos decidido recurrir en los próximos días al TC”, añadió el senador de RD, Juan Ignacio Latorre.
Críticas al Gobierno
Los cuestionamientos de los senadores alcanzaron al propio Ejecutivo, no obstante al término de la votación de este lunes el ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde hizo reserva de constitucionalidad sobre la mutualización.
La diferencia está en que, mientras el Ejecutivo apunta a concretar esas acciones en el marco de la próxima tramitación de la ley corta en la Cámara Baja a partir de marzo –“todavía nos falta mucha tramitación en la Cámara de Diputados y vamos a ver cómo sigue”, confirmó ayer martes la Ministra de Salud Ximena Aguilera- los senadores buscan actuar a “la brevedad”.
“Hubo debilidad por el lado del Ejecutivo; hubiésemos querido un posicionamiento político más fuerte para combatir la mutualización; no calibró suficientemente que era necesario frenar esto, y, tal vez, la capacidad negociadora fue débil. El Gobierno dijo que estaba haciendo la reconsideración de constitucionalidad, pero le pedimos taxativamente que lo haga ahora, porque esto no sirve cuando la ley ya se ha aprobado”, cuestionó Castro.
“Vamos a perseverar en nuestra interpretación y veremos cómo se tramita en la Cámara de Diputados”, insistió Aguilera.
El flanco que abrió el alza de planes
“El proyecto de ley no es un salvataje”, insistió ayer la titular de Salud. La afirmación no sólo estuvo dirigida a las críticas por la aprobación del mecanismo que permite reducir las devoluciones de las isapres -“va a haber pago de lo que se adeuda a las personas por los cobros en exceso”, dijo-, sino también a la polémica tras el rechazo a la indicación de senadores oficialistas que buscaba fijar un tope al incremento de los planes base, mecanismo que la iniciativa contempla por una sola vez en favor del equilibrio financiero de la industria.
“Las alzas tienen un techo, el cual vamos a calcular cuando tengamos los elementos adecuados para ello, como el Indicador de Costos de la Salud. El alza no es injustificada, tiene que presentarse junto con una propuesta de contención de costos”, dijo Aguilera .
Al respecto, el senador Iván Flores salió al paso de ese diagnóstico: “en términos simples, lo que está ocurriendo es que, por una parte, se baja la deuda y, por otra, con el alza de planes sin límite, el escenario es absolutamente negativo para las personas”.
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