Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en el año 2013 y los precios del petróleo empezaron a caer significativamente –golpeando aún más duro a la ya alicaída economía-, decenas de empresas nacionales e internacionales se vieron obligadas a vender, reducir o cerrar sus operaciones con el fin de evitar el golpe de la peor crisis financiera que ha azotado el país.
Sin embargo, ya desde 2005, bajo el gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez, algunas compañías habían decidido bajar sus cortinas, luego de que se implementara la expropiación como política de Estado para impulsar el modelo productivo del socialismo del siglo XXI.
En doce años, 1.359 firmas pasaron a manos del Estado por medio de la expropiación, la confiscación y la nacionalización, cifra calculada por el Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) .
La mayoría hoy se encuentra inoperativa o trabajando a su mínima capacidad, agravando la escasez de bienes y servicios básicos.
Detrás de ello estaría la llamada “guerra económica”, pero también la responsabilidad del propio gobierno. Así lo reconoció a fines de julio Maduro, quien dijo que “los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado”.
En entrevista con DF, Ana María Carrasquero, investigadora del observatorio de Cedice, aseguró que “nada de esto fue al alzar. Lo anunció Chávez en 2005 como política de Estado y ello se ha traducido en la destrucción del tejido empresarial del país”.
Ataque sistemático
Además de la mala administración, la caída de la producción da cuenta de “una política de ataque sistemático” en contra del derecho de propiedad, según Carrasquero.
La experta estimó que para el gobierno ha sido prioridad acabar con el aparato productivo para someter a la población. “Especialmente con Maduro, hay una política de control a través del hambre”, dijo.
Y la crisis se agrava cuando las empresas estatales y las nacionalizadas pasan a convertirse en “una pérdida patrimonial”: se paga por su estatización y éstas terminan siendo incapaces de generar, de manera eficaz, productos para el mercado interno.
“Hubo una época en que arremetieron en contra de los centrales azucareros. Hoy todos están en manos del Estado, pero no consigues azúcar por ningún lado. Lo mismo con el café. En 2009, se tomaron todas las plantas procesadoras y ahora no se consigue el producto o se encuentra a precios exorbitantes”, relató Carrasquero.
Hasta la fecha se ha estatizado la industria cementera, el sector petrolero, el telefónico, el alimenticio y hasta el servicio eléctrico que, precisamente, atraviesa uno de los peores momentos con interrupciones sistemáticas que se extienden por más de 30 horas.
Demandas por venir
El golpe no ha sido sólo interno. El gobierno ha puesto sus manos en más de 60 empresas multinacionales, desatando una ola de demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Según recoge el observatorio de Cedice, desde el año 2000, Venezuela ha sido demandada 44 veces. A la fecha, quedan 21 causas pendientes en el tribunal que se traducirán en mayores pérdidas para la nación.
Según Carrasquero, sólo quedaría un 25% de las compañías que estaban establecidas cuando llegó el gobierno y “las que quedan, que por lo general son tradición del país, están esperando por ‘el día después’”.
Mientras, sobreviven a un control cambiario que tiene quince años y que dificulta la repatriación de capitales y el acceso a la materia prima; a la ley de precios justos que define un tope máximo de un 30% de las ganancias; a la hiperinflación, y a una ley del trabajo que refuerza el ausentismo laboral.
“Muchas no soportan las condiciones y deciden irse; entre ellas las líneas aéreas que nos han dejado virtualmente aislados del mundo”, dijo la experta.
Sin respeto a la propiedad
Las políticas implementadas por el chavismo han dejado al país en el puesto 123, de 125, en lo que a respeto a la propiedad se refiere, un aspecto que es considerado por el observatorio de Cedice como fundamental para lograr crecimiento y prosperidad.
De esta manera, el panorama se torna cada vez más sombrío para una nación sumida en la peor crisis de su historia, con un gobierno que se ha orientado sólo a redistribuir la escasez.
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