Dos decretos recientes del gobierno argentino han dado más poder a Axel Kicillof –un economista de izquierda, secretario de política económica en el Ministerio de Economía, y asesor cercano de la presidenta Cristina Fernández- en una jugada interpretada como un intento por tomar un mayor control de operaciones del sector privado en sectores clave, bajo la supervisión de Kicillof.
El primer decreto crea el Comité de Planificación y Coordinación Estratégica, dirigido por Kicillof, que supervisará un plan de inversión nacional para el sector energético. El segundo hace que Kicillof sea formalmente responsable de la participación estatal en directorios de empresas donde el Estado mantiene una participación minoritaria a través de la agencia de seguridad nacional (Anses).
Estos decretos envían una fuerte señal de que el gobierno pretende intervenir en las operaciones de empresas privadas en el sector energético y en otros sectores, cuando lo considere necesario. Las nuevas regulaciones del sector energético permiten que Kicillof –quien se cree ampliamente que encabezó la reciente nacionalización de la petrolera YPF- determine los precios de referencia para la venta de productos energéticos.
También obligaron a empresas energéticas operando en Argentina -hay grandes petroleras que aún operan en Argentina, como la brasileña Petrobras y ExxonMobil (EEUU)- a que presenten planes de inversión anuales al comité de Kicillof.
Asimismo, dieron a éste último poder para corregir los planes de la compañía para colocarlos en línea con las metas nacionales, auditar la implementación de planes de inversión e imponer sanciones, incluyendo multas y el retiro de concesiones por fracaso en cumplir las metas.
Al mismo tiempo, bajo la guía de Kicillof, el gobierno parece crecientemente determinado a usar su presencia en los directorios de empresas privadas (en su mayoría un legado de la privatización de los fondos de pensiones de Argentina en 2008) para influenciar las decisiones de inversiones en el sector privado. El gobierno primero levantó una restricción de 5% a los derechos de voto de los representantes del gobierno en empresas donde la Anses tiene participaciones a principios de 2011.
Mayro presión
Ahora ha transferido formalmente la responsabilidad de coordinar y dirigir a los representantes estatales a Kicillof. Tal como ocurrió con YPF antes de su nacionalización a principios de este año, ahora parece probable que representantes estatales presionen aún más a las empresas para enfocarse en reinversiones y para limitar la distribución de dividendos.
El Estado tiene presencia en el directorio de 42 empresas privadas en el país. Esto incluye varias compañías energéticas, los grandes bancos locales Banco Macro y Banco Patagonia, además de la acerera Siderar y la firma de telecomunicaciones Telecom (en parte propiedad de Telecom Italia).
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