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REGÍSTRATE AQUÍAyer partió una ronda de siete días de audiencias públicas en que las principales firmas de la primera economía advertirán sobre los costos e impacto de la guerra comercial.
Por: María Gabriela Arteaga
Publicado: Martes 18 de junio de 2019 a las 04:00 hrs.
La semana partió con una dura advertencia del grupo empresarial más poderoso de Washington sobre el impacto de la guerra comercial a la economía de Estados Unidos, mientras representantes de grandes firmas comenzaban a participar en una ronda de siete días de audiencias sobre las consecuencias de los aranceles.

Compañías como Best Buy, Hasbro, New Balance y HP, y grupos especializados como la Asociación Americana de Pesca Deportiva y la Asociación de Editores Evangélicos Cristianos, expusieron ayer ante la Oficina del Representante de Comercio de EEUU que la aplicación de gravámenes de 25% a US$ 300 mil millones en importaciones chinas podrían traducirse en 2 millones de despidos y golpear directamente el bolsillo de la familia estadounidense.
En paralelo, el jefe del despacho, Robert Lightziger, recibió un reporte de la Cámara de Comercio de EEUU con estimaciones de que la disputa costaría US$ 1 billón (millón de millones) a la economía durante la próxima década.
Por ello, el grupo solicitó que los impuestos ya aplicados se reviertan y detalló que la nueva ronda de medidas “ampliaría drásticamente el daño ya hecho” a consumidores, trabajadores y firmas locales.
La nota, firmada por 600 grupos la semana pasada -incluyendo a grandes minoristas como Walmart, Target y J Crew, apuntó a que la estrategia del presidente Donald Trump ha forzado a muchas compañías a elevar sus precios y desviar sus cadenas de suministro, debilitando las relaciones del jefe de Estado con quienes habían respaldado su agenda de recortes fiscales y de desregulación.
En la carta, la Cámara aseguró que comparte las preocupaciones del Ejecutivo sobre las violaciones de los derechos de propiedad intelectual por parte de China, las transferencias forzadas de tecnología y las intervenciones estatales, pero consideró que la política de aplicar aranceles unilaterales son contraproducentes.
“Los aranceles son impuestos ocultos y retroactivos que están siendo pagados por las empresas y consumidores estadounidenses”, apuntó.
De hecho, la semana pasada una encuesta de Business Roundtable reflejó que la confianza de los directores ejecutivos de las empresas ha caído, arrastrando consigo las perspectivas de la economía de EEUU por quinto trimestre consecutivo.
Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, y James Gorman, presidente y director ejecutivo de Morgan Stanley, dijeron que los aranceles aumentarán el riesgo de una recesión económica.
Ante ello, la Cámara emplazó a la administración Trump a reabrir las negociaciones con Beijing y trabajar con sus aliados para “alcanzar un acuerdo de alto nivel, integral y exigible que ponga fin a los aranceles ya existentes y evite nuevas interrupciones”.
El mensaje se produce ad portas de que el titular de la Casa Blanca pueda reunirse la próxima semana en Osaka, Japón, en el marco de la cumbre del G20 con su par chino, Xi Jinping.
Sin embargo, el encuentro aún no está confirmado y ayer se hablaba de que no habría acuerdo entre las partes sino tan sólo una reactivación de las conversaciones.
Mientras, Xi adelantó que visitará Corea del Norte a fines de esta semana, como muestra de un acercamiento entre ambos países, lo que pone aún mayor presión sobre EEUU.
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
B-Conex es una iniciativa transnacional que creó Ovalle Consejeros Legales junto a sus pares de Uruguay y Argentina, Castellán y PASBBA -respectivamente- y donde acaban de anexar al estudio CSA Advogados, con sede en São Paulo.
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
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