El Gobierno argentino cuestionó hoy
las propuestas sindicales de pagar salarios extraordinarios y
aumentar las indemnizaciones para frenar despidos, que los
empresarios tacharon de "amenazas" que alientan el desempleo.
El jefe del gabinete de ministros, Sergio Massa, manifestó a
periodistas que "hay que trabajar en soluciones prácticas para el
momento y no atarse a otras que son duraderas y después cuesta
trabajo desarmar".
El funcionario hizo estas consideraciones luego de que Hugo
Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), la
mayor central sindical del país, planteó la necesidad de que se
vuelva a obligar a las empresas a pagar "una doble o triple
indemnización" por despidos injustificados.
Además de proponer la implantación de una norma que encarezca los
despidos, parecida a la que rigió entre 2003 y 2007, la CGT pide que
las empresas concedan una paga extraordinaria de 500 pesos (unos US$151) para atenuar el impacto de la inflación sobre el poder
adquisitivo del salario.
Al ser consultado sobre estas iniciativas durante una visita a la
provincia de Santiago del Estero, en el norte del país, Massa pidió
encarar la situación "con libertad, optimismo y sentido práctico".
Empresarios, industriales y analistas advirtieron que las medidas
que impulsa la CGT podrían crear un efecto contrario al deseado,
porque agrega incertidumbre al ya difícil contexto planteado por la
crisis financiera y económica global.
El titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos De la Vega,
consideró que la presión sindical es injustificada porque "no hay
despidos masivos" y acusó a los dirigentes gremiales de promover el
desempleo con "amenazas".
"En lugar de estar discutiendo cómo enfrentamos las crisis, cómo
bajamos las tasas de interés, cómo hacemos para alentar el consumo,
cómo mejoramos la rentabilidad, cómo hacemos para exportar más, lo
único que se le ocurre a la dirigencia sindical es proponer una
triple indemnización", declaró a la emisora local Radio 10.
En este contexto, el empresario aseguró que con la doble, y "más
aún" con la triple indemnización, "lo que van a lograr es que las
empresas, asustadas ante este anuncio, aceleren los procesos de
despido" de trabajadores.
"En momentos de crisis los sindicalistas, los empresarios, los
políticos, los medios de comunicación, todos debemos actuar con
prudencia para no tirar más nafta al fuego. No hay que alentar las
pasiones ni proyectos extremos", planteó.
De la Vega enfatizó que "en el sector del comercio y el servicio
no hay despidos masivos", además de opinar que los reclamos de la
CGT, que se mantiene alineada al Gobierno de la peronista Cristina
Fernández, tiene más motivaciones políticas que económicas.
A pesar de las críticas, la central obrera parece seguir adelante
con sus iniciativas y hoy Moyano tiene previsto reunirse con el
abogado de la CGT, Héctor Recalde, para terminar de elaborar un
proyecto de ley que será puesto a consideración del Parlamento.
El Gobierno ha prometido subsidiar la nómina salarial de empresas
en situación comprometida y para mantener el consumo doméstico, uno
de los motores del crecimiento que mostró la economía en los últimos
cinco años a una tasa superior al 8,5 por ciento en promedio.
Además, ha aplicado mecanismos aduaneros para proteger a la
industria de la competencia extranjera.
Se calcula que unos 150.000 trabajadores, la mayoría del sector
bancario, automovilístico, alimentario y de la construcción, han
sido cesados, suspendidos o cumplen vacaciones anticipadas a raíz de
la caída de la producción por los coletazos de la crisis global.
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