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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Lunes 1 de julio de 2013 a las 05:00 hrs.
Los últimos reportes de que la estadounidense AT&T sondeó al gobierno español por una oferta sobre Telefónica dieron la alarma. Aunque el gobierno español bloqueó una compra, el panorama de Telefónica no es aislado. Tras varios años de crisis, la bolsa en España sigue 52,6% por debajo de su peak de 2007. Y eso ha dejado a una serie de empresas locales baratas, justo en momentos en que algunos de sus rivales tienen niveles récord de efectivo.
Considerando las diez mayores firmas del índice, la mitad registra un valor contable mayor que su capitalización. De esta lista, tres corresponden a firmas financieras, las más golpeadas por la crisis.
Aunque no todo se trata del precio. Anticipando este escenario, el gobierno repuso el año pasado las “acciones de oro”, un mecanismo que le da derecho a veto sobre la venta de algunas empresas, y que habían sido eliminadas en la administración anterior.
Esto bloquea cualquier oferta hostil sobre firmas estratégicas para la economía, ya sea por su actividad, tamaño o volumen de empleados. En este grupo se encuentran las grandes empresas de telecomunicaciones, como Telefónica y de energía, como Repsol e Iberdrola. Pero también los grandes bancos.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.