La historia y conflictos legales de Leonarda Villalobos, la protagonista del caso financiero más bullado de los últimos años
Justo hace dos años, el 19 de noviembre de 2021, la protagonista de este caso se tituló de abogada. Pero desde 2016 ya era “abogada tributaria externa” de la empresa ligada a los Sauer. Mucho antes fue dueña de casa, trabajó en una AFP y luego saltó a cargos públicos. En Conchalí enfrentó una querella por amenazas en un caso en el que luego la fiscalía no perseveró.
Por: Azucena González
Publicado: Viernes 17 de noviembre de 2023 a las 11:00 hrs.
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Su madre era dueña de casa y su padre, Osvaldo Villalobos Castro, ya fallecido -refieren personas que la conocieron-, trabajaba en el Servicio de Impuestos Internos (SII), en una oficina emplazada en el mismo edificio donde está la Intendencia en el puerto. Luego fue trasladado a la sede del SII en Viña del Mar.
Villalobos se casó joven y producto de ese primer matrimonio -del que nacieron cuatro hijos-, por el trabajo de su entonces cónyuge, vivió en varias ciudades de Chile, en San Antonio, Antofagasta y Talca, hasta que esta familia se estableció en Santiago, en 2002. Durante este período, Villalobos era dueña de casa, no trabajaba, pero luego empezó su vida laboral como vendedora y, más tarde, supervisora en una AFP, en la capital.
A la política
Luego, trabajó en el hospital San José de Melipilla, hasta el 2 de mayo de 2013, a partir de lo cual comienza a desempeñarse en el Ministerio de Educación. Registros públicos muestran que, en efecto, en 2014, aparece en la planta de funcionarios del Mineduc, a contrata, como “Relacionador Público Empresarial”, con grado 9, y con una remuneración bruta mensualizada de $ 1,8 millones.
Los tiempos
En el Poder Judicial María Leonarda Villalobos figura con anteriores causas, en particular una que data de 2011, donde la profesional aparece en calidad de querellada por amenazas. Este caso se remonta a febrero de 2011, cuando un sicólogo, Rodrigo Soto Donoso, se querelló acusándola de amenazas, por hechos que se remontan a 2009.
El profesional parte relatando que en julio de ese año llegó a trabajar a la Corporación de Educación Salud y Atención de Menores de Conchalí (Coresam), a cargo del área de Atención de Menores, como director.
Los problemas comenzaron el 16 de noviembre de ese año, cuando -indica en la acción legal- Villalobos le solicita que imprimiera unas chapitas con recursos del área que él administraba, a lo que él se niega. Según se lee en el texto, Villalobos lo increpó con la frase “a la Karla no la (sic) va a gustar”. La querella señala expresamente que con ello se refería a la diputada Karla Rubilar, cónyuge del alcalde de Conchalí Rubén Malvoa, presidente a su vez de la Coresam en la época de estos hechos.
El sicólogo relata que él mantuvo su postura, no accediendo a la petición. A su vez, él mismo concurrió a la sede de la entonces diputada Rubilar, para que la situación se le aclarase, constatando que se encontraban ahí diversos insumos de la Corporación destinados a la producción de chapas de campaña, incluida una guillotina sacada sin permiso, ante lo cual Villalobos le indica al hombre “estay con nosotros o no estay”, mientras Rubilar no se refiere directamente al tema en presencia del sicólogo.
La querella menciona además que Villalobos se refería de manera jactanciosa al tema como “La Corporación paga”, y que tras comprar insumos de ferretería, a nombre de la Corporación, para pintar un kiosco ubicado en Zapadores con Independencia, la mujer lo amenaza, diciendo “yo hablé con Rubén y la Karla, y me dijeron que quien hacía problemas, se iba no ma... Ahhhh y sin plata, porhue”.
“Desde la ocurrencia de estos hechos y hasta mediados de junio de 2010, la jefa de adquisiciones y logística María Leonarda Villalobos comenta a viva voz, delante de los trabajadores, que soy un flojo, que nunca he trabajado, que mi puesto de trabajo es inapropiado a mi persona, ya que según su relato yo sería homosexual y que he incurrido en robos al interior del área que dirijo”, se lee en la querella.
“Conjuntamente al hostigamiento laboral que se sucedía en mi lugar de trabajo, comienzo a observar que en las inmediaciones a mi domicilio en la comuna de Conchalí, habitualmente era posible observar una camioneta blanca conducida por un funcionario de la Corporación quien es conocido como ‘El Conde Vrolok’, quien se coloca en el sector y ‘vigilaba’ mi vivienda”.
Dado el riesgo a la propia familia, describe el querellante, decidió cambiarse, trasladándose a la comuna de Quilicura.
“Una vez en mi nuevo domicilio comenzaron a llegar mensajes anónimos en los que se amenaza directamente mi vida y la de mi familia (…) y que sin lugar a dudas tienen su origen en la actuación de la querellada Villalobos, dado que he visto en un par de oportunidades en las inmediaciones de mi domicilio a la querellada Villalobos, aun cuando mi vivienda se encuentra bastante alejada y aislada de otros sectores de Quilicura y debiendo tener en consideración que la señora Villalobos tiene su domicilio en la comuna de La Reina y trabaja en la comuna de Conchalí”, relata el escrito.
Esta causa terminó en un cierre de la investigación sin formalización ni cautelares, pues la fiscalía decidió no perseverar en el procedimiento, en octubre de 2011.
Consultada Karla Rubilar, dijo a DF MAS desconocer totalmente estos eventos, pues insistió en que nunca supo de esta querella o acusación, y que nunca fue llamada a declarar, ni siquiera en calidad de testigo, sobre hechos que además se remontan hace más de 12 años.
A su vez, este medio intentó contactarse con Leonarda Villalobos, por mail y teléfono, pero no obtuvo respuesta.
En el plano legal, Villalobos enfrentó en 2007 otra causa caratulada como delito de lesiones menos graves. En este caso, en agosto de 2010, una resolución del Cuarto Juzgado de Garantía da cuenta de que se decretó el “sobreseimiento definitivo en favor del citado imputado, por haberse extinguido su responsabilidad penal”.
Asimismo, hubo otra querella contra Villalobos, por falsificación de instrumento privado y el delito de perjurio, en la que se le acusó de presentar el 6 de mayo de 2016 una solicitud de medida cautelar de cuidado en relación con uno de sus hijos, acompañando una declaración jurada “completamente falsa”, dice esta acción.
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