Tras la llegada a la presidencia de Michelle Bachelet, varios funcionarios públicos han sido removidos de sus cargos porque la nueva administración decidió llenar esos cupos con personas de “confianza”.
Algunas remociones han causado mayor controversia por ser puestos designados por Alta Direccion Pública (ADP), organismo que recluta profesionales de excelencia para que se desempeñen en cargos “técnicos” más que “políticos” y, en ese sentido, se ha levantado una polémica por la utilidad de un sistema como este al momento de realizar un cambio de gobierno.
Una de las salidas más bulladas fue la del director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Juan Eduardo Coeymans, quien en diciembre había sido ratificado en el cargo, tras asumir luego de la salida del anterior director, Francisco Javier Labbé. Coeymans ocupó ese cargo en una categoría denominada “transitoria y provisoria” y posteriormente fue confirmado por concurso ADP.
Lo cierto es que al día siguiente de asumido el nuevo gobierno, al director del INE se le pidió la renuncia y fue nombrada la economista Ximena Clark en su reemplazo.
Igual situación ocurrió con otros cargos que fueron completados mediante concurso.
Cuestionamientos y defensa del gobierno
El sistema de Alta Dirección Pública implementado en 2004, persigue la transparencia de la gestión pública, convocando concursos abiertos para elegir al profesional más idóneo para un determinado puesto. Mientras en febrero de ese año solo 417 cargos eran designados por la ADP, a febrero de 2014, esa cifra aumentó a 1.255 puestos laborales.
Sin embargo, este sistema ha sido objeto de críticas principalmente por no alentar a una cantidad de postulaciones que asegure altos niveles de competencia, y por el bajo porcentaje de profesionales escogidos por ADP que terminan su período.
Respecto a la polémica que se ha presentado en los últimos días, Mario Waissbluth, miembro del consejo de la ADP entre 2004 y 2010, critica el desprestigio que tiene el sistema con los masivos despidos de funcionarios con cada cambio de administración.
Ante ese escenario es categórico al plantear que “la única forma de rescatarlo (al sistema de ADP)
de una nueva crisis, ahora tal
vez terminal, es que el gobierno entrante reenvíe con urgencia el proyecto de ley que ya está detenido desde la crisis del 2010”, cuando, también, masivos despidos ocurrieron con la llegada de la Alianza al gobierno.
Dicho proyecto contempla modificaciones al sistema, tales como prohibir que un directivo nombrado como interino pueda participar en el concurso público y limitar los despidos de los funcionarios de alto rango para asegurarles mayor estabilidad laboral.
Waissbluth, además, considera como de vital importancia
“darle autonomía total al Consejo
de la ADP con una figura equivalente a la del Consejo para la Transparencia”, ya que, así como está, “su margen de maniobra y de defensa política está permanentemente restringido”.
Pese a esas críticas, el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, defendió los despidos argumentando que “lo que hay es un proceso normal de instalación de un gobierno democrático, en un contexto normal, donde particularmente en los cargos directivos de confianza, obviamente se va a hacer una evaluación respecto de su trabajo”.
A su vez, el nuevo ministro de Justicia, José Antonio Gómez, afirmó que la gestión de Sebastián Piñera “hizo lo mismo” cuando llegó a La Moneda en 2010 y que ahora, la presidenta Bachelet les ha pedido a sus ministros que analicen y pidan las auditorias de cada caso para ser informados acerca del personal que encontrarán en cada una de las carteras que asumirán.
Insulza y De la Puente reaccionan
De visita ayer en La Moneda, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, respaldó las desvinculaciones del gobierno justificando que es "bastante natural que a algunos de ellos (funcionarios) se les pida la renuncia. Eso lo deciden los ministros y los jefes de servicio y está dentro de las reglas del juego". Reglas del juego que, con la ley vigente, permite que el Presidente de la República solicite la renuncia. "El sistema fue concebido así y no como un sistema de permanencia definitiva", agregó.
Por su parte, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, manifestó la necesidad de que las nuevas autoridades, "se reúnan prontamente con nuestra organización". Se refirió también a los despidos ocurridos cuando asumió la gestión anterior, señalando que "aquellas personas que fueron despedidas injustamente durante el gobierno de Piñera, queremos que tengan una reparación o puedan volver a algún puesto de trabajo".
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