Uno de los principales focos de discusión -y negociación- en el marco de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción ha sido el crédito tributario al empleo.
Se trata de una de las principales medidas que defiende el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para proteger el empleo de la población más vulnerable, ya que se enfoca en remuneraciones mensuales entre 7,8 y 12 UTM ($ 550.000 - $838.000), con una estructura que será un crédito equivalente al 15% para remuneraciones desde las 7,8 UTM, disminuyendo progresivamente para las rentas más altas hasta 12 UTM. El monto de este crédito podrá ser imputable al impuesto de Primera Categoría, al IVA y a los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) de las empresas.
Ya en el trámite en la Cámara, el Ejecutivo modificó el instrumento, priorizando a los trabajadores menores de 25 años y las mujeres. Pero en el debate en el Senado ya ha abierto la puerta a acotarlo todavía más, específicamente a trabajadores vulnerables de sectores más expuestos al ciclo bajista de la economía y también para las compañías del rubro exportador de servicios. Según explico el ministro en entrevista con La Tercera este fin de semana, la reformulación reducirá su costo fiscal de US$ 1.400 millones a US$ 600 millones al año.
Sin embargo, no todos los actores ven con buenos ojos esta concesión de parte de La Moneda.
Uno de los más críticos es la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Un informe del gremio encabezado por María Teresa Vial manifestó su "preocupación" por los posibles cambios anunciados a la medida, enfatizando que un ajuste de tal magnitud en el instrumento "perjudica" el objetivo original y lo transforma en "incentivos específicos para determinadas actividades".
"El objetivo principal es hacer frente a los aumentos de costos laborales que deben soportar las empresas en virtud del exceso regulatorio reciente que, a juicio de expertos y de la misma institución, constituye el principal gatillante de la crisis que enfrenta actualmente el mercado del trabajo en nuestra economía", explicó el gremio.
Propuesta alternativa
El gremio no se queda solo en la crítica, sino que también postula un mecanismo alternativo para priorizar la protección del empleo, en especial del sector comercio.
Así, pone sobre la mesa establecer un tratamiento de crédito fiscal equivalente al 50% del gasto en cotizaciones previsionales adicionales (que llegarán al 9% de las remuneraciones en un plazo de nueve años), que deben financiar las empresas a partir de la reforma de pensiones.
Es decir, que los 7 puntos adicionales de cotización con cargo al empleador, que corresponden a gastos necesarios para generar la renta, podrían deducirse en un 50%, de los impuestos a pagar por la empresa.
"De esta forma, se contribuiría a reducir el costo neto de contratación para la empresa, así como el impacto negativo en el empleo y en las remuneraciones. También se obtendría un incremento de los fondos previsionales, al haber un mayor número de personas con empleo formal gracias a la reducción relativa en los costos de contratación", complementa la propuesta, señalando que también posibilitaría una mayor recaudación de impuestos en los trabajadores de altos ingresos, así como un aumento de ingresos impositivos provenientes de empresas que, debido a la medida, lograrían mejorar su desempeño y mantenerse activas tributariamente.
A diferencia del proyecto del Ejecutivo, la propuesta de la CCS considera otorgar el beneficio por todos los trabajadores formales del país, no solamente a aquellos de determinados segmentos de remuneraciones o de tamaño de empresa.
"Ello se debe a que la crisis del mercado laboral es sistémica y transversal, por lo que si la intención es contribuir a enfrentar dicha crisis, las medidas deben ser igual de sistémicas y transversales. Cualquier otra aproximación generará distorsiones adicionales en mercado duramente golpeado y se transformará en beneficios específicos sin impacto macroeconómico", recalca la entidad.
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Sebastian Valdenegro
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