Desde el exterior continúan los análisis luego del triunfo de la opción "en contra" del borrador de nueva Constitución emanado del Consejo Constitucional.
Desde Moody’s, su vicepresidenta y senior credit officer, Ariane Ortiz-Bollin, apunta a que el rechazo a la propuesta constitucional estaba dentro de su escenario base.
“Es positivo que se disipe la incertidumbre en torno al proceso de reforma constitucional, lo cual genera un entorno menos incierto para la inversión”, apunta la economista en conversación con Diario Financiero.
Recuerda que durante este año se ralentizó la actividad económica chilena debido a ajustadas condiciones financieras y la débil demanda externa, complementados con el bajo precio del cobre. Así, proyecta que este año el Producto Interno Bruto (PIB) se contraiga un 0,5%, pero que se recupere con una expansión de 2% en 2024, a medida que la política monetaria continúe siendo menos restrictiva y la inflación disminuya, apoyando un aumento en el consumo y la inversión.
“El descontento continúa entre los chilenos, quienes perciben deficiencias en la cobertura y en la calidad de los servicios esenciales”, afirma.
“Si se aprueba el pacto fiscal, ayudará a abordar las demandas de mayor gasto social, pero el éxito de las medidas (...) dependerá de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y el crecimiento”.
Acerca del fin del proceso constitucional, señala que “el descontento continúa entre los chilenos, quienes perciben deficiencias en la cobertura y en la calidad de los servicios esenciales como la educación, las pensiones, el transporte y la salud, además de una creciente preocupación por un incremento de la delincuencia y un menor crecimiento económico”.
Así, Ortiz-Bollin espera que el Gobierno se centre en abordarlo mediante cambios en las políticas, con principal prioridad en la aprobación del pacto fiscal, advirtiendo que se enfrenta a un Congreso dividido.
“Si se aprueba el pacto fiscal, este ayudará a abordar las demandas de un mayor gasto social, pero el éxito de las medidas para aumentar los ingresos dependerá de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y el crecimiento económico”, señala.
En esa línea, la alta ejecutiva de la agencia clasificadora de riesgo indica que con el rechazo a la propuesta constitucional y la aprobación del pacto fiscal pendiente, proyecta un déficit fiscal del 2,2% del PIB para 2023, “lo que refleja una dinámica de crecimiento e ingresos relativamente débiles”.
Fin a la incertidumbre
Con el rechazo, Ortiz-Bollin señala que se reduciría la incertidumbre regulatoria para el sector privado y se mantendrían las disposiciones fundamentales de la Constitución actual, “las cuales han apoyado a las empresas chilenas”. Ejemplificando con el actual convenio colectivo de trabajo, que permite la mediación del Gobierno en las negociaciones laborales, cuando corresponda, y derechos de propiedad.
En el caso de las empresas de industrias extractivas -como la minería y productos forestales-, la experta apunta a que con los desafíos de mayores costos y menor demanda de China, tampoco tienen proyectos de expansión importantes previstos en estas industrias para 2024-2025, algo que la economista atribuye a la incertidumbre regulatoria imperante y su efecto en la limitación de las inversiones.
“Con el fin del proceso constitucional y la posible reducción de la incertidumbre institucional y política, esta nueva estabilidad podría servir como catalizador para el desarrollo de nuevos proyectos en las industrias extractivas. Una menor incertidumbre regulatoria también reafirmará la perspectiva de las industrias locales en 2024 y 2025. Este cambio positivo en la confianza podría verse reforzado aún más por la proyección de una disminución continua de la inflación y las tasas de interés”, señala.
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