Con nota azul pasaron gran parte de la empresas públicas el examen de transparencia activa realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), donde el cumplimiento promedio de las firmas estatales alcanzó un 94,8% en 2025, lo que significó un aumento de 4,5 puntos porcentuales respecto del año anterior (90,3%).
A pesar de esta positiva alza, todavía 17 de las 33 entidades evaluadas presentan incumplimientos, según reveló el último informe de fiscalización realizado en marzo del presente año. Lo anterior implica en la práctica que más de la mitad de las empresas públicas no pone a disposición de la ciudadanía toda aquella información que la normativa aplicable exige, o lo hace de forma desactualizada, incompleta o sin el detalle requerido.
El proceso de fiscalización, realizado entre el 18 y el 28 de marzo del presente año, evaluó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa establecidas por la ley sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia) y la Instrucción General del CPLT que obliga a las empresas públicas a la publicación de materias como su estructura organizativa, personal y remuneraciones, estados financieros, individualización de quienes componen la administración superior e indicación de sociedades filiales, coligadas o en que tengan participación.
Zonas opacas
Según el estudio, fueron 16 empresas -seis más que en 2024- las que alcanzaron un 100% de cumplimiento, destacando por entregar información íntegra, actualizada y estructurada según los estándares exigidos.
Por el contrario, 17 firmas presentaron algún tipo de infracción. Entre estas últimas, las que presentaron los niveles más preocupantes de cumplimiento fueron Empresa Fondo de Infraestructura S.A., que obtuvo solo un 39,6%, seguida por Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA con 70,8% y Metro S.A. con 83,1%.
En términos generales, entre los hallazgos más preocupantes se detectaron informaciones desactualizadas sobre el personal y sus remuneraciones, así como la de directivos y ejecutivos, y también omisiones o información incompleta sobre la estructura interna, funciones y marco normativo aplicable.
La presidenta del CPLT, Natalia González, junto con valorar la mejora general en materia de transparencia activa, sostuvo que “no podemos ignorar que más de la mitad de las empresas públicas aún tiene tareas pendientes que son relevantes. Estas cifras evidencian que aún hay zonas opacas en la gestión del Estado que deben corregirse con urgencia”.
Asimismo, la abogada reiteró el llamado a las empresas públicas con infracciones a cumplir con su deber institucional, de manera de permitir a la ciudadanía ejercer de manera plena su derecho a acceder a información pública.