La maratónica sesión que se desplegó el viernes por más de 10 horas en el Congreso para votar el proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia, no fue suficiente para lograr su despacho a Sala.
Fueron cuatro los puntos que quedaron pendientes en la comisión mixta, y dos de ellos, donde faltó llegar a acuerdo. Estos dos últimos dicen relación con limitar el consumo de agua potable por hogar y con regular el sistema de pago entre empresas en el sector eléctrico.
Con el fin de "no poner en riesgo las inversiones", la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), previo a la votación puso el acento en la necesidad de establecer un límite al consumo por persona de 12 metros cúbicos (m3) de agua potable mensual. Este es consistente -argumentó el gremio- con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), equivalente a 100 litros diarios por persona.
De todas formas, la opción que se dirimirá esta tarde en la comisión mixta pone un límite mayor. "En relación a los beneficios prestados por las empresas sanitarias, los beneficiarios podrán postergar el pago de hasta 15 metros cúbicos de agua. Los usuarios que superen dicho límite podrán requerir su incremento a la empresa sanitaria, lo que no podrá ser denegado sin causa justificada", señala el borrador.
El diputado Joaquín Lavín, miembro de la instancia, explicó que esta propuesta se hizo en base a la recomendación de la OMS, pero también teniendo en cuenta que el consumo por persona en el país es un poco mayor a ese. La idea -dijo- es hacerse cargo también del contexto de sequía en el que nos encontramos, y al establecerse un límite habrá un incentivo en no pagar el consumo extra.
El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, señaló que hasta antes de la pandemia, un 60% de las familias están en un rango de consumo menor o igual a 15 m3 mensuales, lo que equivale a un promedio de $ 20.000 al mes.
Para los diputados y senadores de oposición, el punto de discordia está en que poner una restricción a un bien esencial, especialmente cuando las autoridades de salud han solicitado a la población un mayor lavado de manos y medidas de higiene, es contraproducente toda vez que va a la par de un aumento en el consumo de agua.
El otro punto donde no hubo acuerdo fue si regular o no el sistema de pago entre empresas en el sector eléctrico. Esto, porque algunos parlamentarios propusieron la semana pasada que, desde la entrada en vigencia la ley y hasta los 120 días posteriores al cese del estado de catástrofe, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y cooperativas eléctricas.
Con todo, dice, "el pago de las empresas distribuidoras eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras se devengará y pagará una vez cesado el estado de excepción a prorrata en el mismo número de meses en que se prorrateará las cuotas a los usuarios finales, sin multas ni intereses". Lo anterior, eso sí, estableciendo algunas excepciones como que no será aplicable a las empresas de menos de 20 MW de potencia máxima. En aquella ocasión y frente a la propuesta, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, sugirió no intervenir en la cadena de pagos del sector eléctrico.
Dentro de los temas pendientes, están los incisos relativos a los servicios de telecomunicaciones, pues la ministra Gloria Hutt, solicitó a la instancia posponerlo hasta esta jornada para presentar un plan solidario con mayor cobertura, que incluya, por ejemplo, a estudiantes secundarios que tienen que seguir sus clases online.
El plan que ha regido desde fines de marzo consiste en el acceso gratuito a internet para el uso de redes sociales, correos, a la página de Aprendo en Línea del Mineduc y otros servicios.
En cuanto a las multas, se detallarán los casos y montos asociados por incumplimiento. Esto, porque el presidente de la comisión, Álvaro Elizalde (PS), hizo hincapié en que de ser una multa estándar, podría ser muy alta para el caso de que sea por mero error administrativo, y muy baja, en caso de tratarse de un incumplimiento con intención.
El proyecto
La iniciativa se despachará con o sin las indicaciones del gobierno, y de momento, ya se han marcado algunos puntos que distan con el plan solidario que hasta ahora han aplicado las compañías prestadoras de servicios básicos, en el marco de un acuerdo alcanzado con el gobierno en marzo.
Ejemplo de esto, es la ampliación del beneficio desde el 40% al 60% más vulnerable de la población y dejar fuera de la ley a las empresas de agua potable rural, cooperativas eléctricas y empresas con menos de 12.000 clientes hasta la fecha de inicio del Estado de catástrofe, como medida de protección ante una eventual quiebra. Esto, pues no cuentan con suficiente espalda financiera para afrontar la suspensión de pagos en el mediano plazo.
Con todo, Elizalde puso énfasis en que, de alargarse esta situación por más de tres meses a contar de esta fecha, se tendrían que analizar otras alternativas distintas al prorrateo de deudas.
Según explicó el senador, en el mejor de los escenarios -donde la emergencia sanitaria se mantenga hasta agosto- las deudas de los beneficiarios de esta ley aumentarían cerca del 20% el próximo año. Sin embargo, si se extendiera tres meses más, podrían aumentar hasta un 50%, lo que hace insostenible su pago. "Si esta situación se alarga, esta ley no va a ser suficiente para proteger a las personas", dijo Elizalde.
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