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Publicado: Martes 31 de julio de 2018 a las 04:00 hrs.
Paul Manafort se convierte hoy en el primer exasesor de Donald Trump en ir a juicio, acusado de fraude bancario y tributario por los investigadores federales que tratan de probar la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016.
A pesar de centrarse en delitos financieros, el juicio podría generar daños políticos ya que Manafort dirigió la campaña del ahora titular de la Casa Blanca durante tres meses y asistió a una reunión en junio de 2016 con representantes rusos, a quienes ofreció información perjudicial sobre la rival demócrata Hillary Clinton, un punto central de la investigación del fiscal especial, Robert Mueller.
Entre las evidencias pesa el gasto en trajes, casas y artículos de lujo que no coinciden con los ingresos informados por Manafort en su declaración de impuestos.
El exasesor, quien se declaró inocente, enfrenta 18 cargos. Los nueve de fraude bancario y conspiración conllevan sentencias máximas de 30 años cada uno. Sin embargo, dada la solidez de la evidencia, algunos expertos legales han sugerido que Manafort podría contar con un eventual perdón de Trump, quien ha calificado a su exjefe de campaña como un “tipo agradable” que ha sido tratado injustamente.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.