Internacional
Repsol formaliza denuncia contra Argentina por YPF
Petrolera española podría reclamar US$ 10.000 millones en batalla legal contra el gobierno argentino por expropiación.
Por: | Publicado: Miércoles 16 de mayo de 2012 a las 05:00 hrs.
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La petrolera española Repsol inició ayer formalmente la batalla legal contra el gobierno argentino, al que podría reclamar cerca de US$ 10.000 millones por la expropiación de 51% de su filial YPF en el tribunal de arbitraje internacional CIADI.La compañía española notificó al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial) que remitió a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la declaración de controversia necesaria para abrir el proceso en el tribunal internacional.
Una vez remitida la misiva se abre un plazo de seis meses para que Repsol y el gobierno trasandino negocien un posible acuerdo antes de que el CIADI tome las riendas del caso.
“Con la notificación, Repsol anuncia formalmente el comienzo inmediato de acciones legales bajo el Derecho Internacional para que se declaren ilícitos y se condene a Argentina a la reintegración y/o a la reparación integral de los daños y perjuicios que hayan podido ocasionar,” dijo la petrolera española.
Según Repsol, Argentina violó varias reglas del Tratado de Promoción y Protección de Inversionistas. El país tomó control de YPF el mes pasado al expropiar 51% de Repsol, cuya participación total era 57%.
El presidente de la española, Antonio Brufau, dijo que basaría su reclamo por compensación en un valor total de US$ 18.000 millones. En tanto, Argentina dijo que existen razones para no pagar la cantidad requerida por Repsol.
Un camino difícil
El gobierno español y autoridades de la Unión Europea han dicho que tomarán medidas contra Argentina por la expropiación y analistas consultados por Reuters afirman que sus opciones, sin embargo, son limitadas, ya que Argentina en el pasado ignoró multas del CIADI.
Por otro lado, el país vecino está ajeno de los mercados internacionales de deuda, por lo que sería mucho más difícil imponerle presión internacional.
En cualquier caso, el gobierno de Fernández podría argumentar que fue de interés público hacer la expropiación.
