Candidatos constituyentes en cinco claves | Pauline Kantor, Ítalo Zunino y Francisco Orrego (Cap. IV)

Aunque la mayoría de los candidatos a la Convención Constitucional ya están promoviendo sus ideas para la elección del 11 de abril, esta semana se inicia oficialmente el período de campaña. De esta manera, los 1.191 aspirantes a los 155 escaños del órgano encargado de elaborar la nueva Constitución podrán promocionarse a través de los distintos medios –prensa escrita, radio, televisión y otros- para conseguir el apoyo del electorado.

La semana pasada, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer los montos máximos de gasto electoral para las campañas presidencial, al Senado, a la Cámara y para consejeros regionales (CORE), determinados por la ley. Montos que han generado inquietud en el mundo político, desde donde algunos dirigentes han reconocido que son demasiado altos en el actual contexto de crisis económica. Como ejemplo, los candidatos a La Moneda podrán gastar hasta poco más de $ 10.000 millones, entre las campañas de primera y segunda vuelta.

En el caso de los aspirantes a la convención, el diputado Rodrigo González (PPD) se reunió con el presidente el Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, para expresarle su preocupación por los altos montos de gasto electoral para estas campañas y pedirle a la autoridad su respaldo al proyecto que rebaja los límites y que ingresó a la Cámara días antes del receso parlamentario. Aunque no parece que la iniciativa tenga destino, dado el escaso tiempo para tramitarlo entre el inicio del periodo legislativo y las elecciones; ya dado que a esa altura las campañas estarán en pleno apogeo.

Por otro lado, los montos adjudicados a los candidatos a diputado, son los mismos que corresponderán a quienes apuestan por llegar a la convención. En este sentido, los aspirantes de los distritos 8, 10 y 12, son los que puntean con el límite de gasto más alto, de $ 475.806.889, $ 450.188.484 y $ 404.237.053, respectivamente.

Pauline Kantor (Evópoli), exministra del Deporte: Pacto Vamos por Chile, distrito 11 (La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura)

1.Derechos de propiedad: La nueva Constitución debe proteger el derecho de propiedad al igual que todas las constituciones de los países desarrollados. Es necesaria la protección actual de la propiedad y sus atributos esenciales, junto con el deber de compensar las expropiaciones. Además, debería agregarse el deber de compensar las limitaciones importantes a la propiedad, y que todas sean ejecutadas mediante un procedimiento imparcial, técnico y expedito. La protección de la propiedad no debiese dificultar, sin embargo, a que nuestra Constitución reconozca que el Estado debe cumplir un rol en aquellos sectores estratégicos para el bien común y el desarrollo del país. Adicionalmente, se puede avanzar en la protección de datos personales y la privacidad, especialmente en el mundo digital, reconociendo la titularidad de las personas sobre sus datos, y estableciendo mandatos al legislador para protegerlos.

2.Medio ambiente: La Constitución debe promover con fuerza el compromiso del Estado y de la sociedad con el desarrollo sustentable, buscando un nuevo equilibrio entre desarrollo económico, cuidado del medio ambiente y equidad social. Debe mantenerse el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, a su vez, agregar un deber positivo del Estado y las personas de conservar nuestro patrimonio ambiental, incluyendo la flora y fauna locales, el mar, los glaciares, ríos, lagos y montañas. Debe permitir y promover la adopción de estrategias innovadoras para enfrentar el cambio climático, incluyendo la adopción de las mejores tecnologías y avances científicos en las políticas ambientales, acciones para alcanzar la carbono neutralidad, la creación de campañas de promoción y educación en pos del desarrollo sustentable, y una mayor coordinación de los distintos organismos públicos y privados que tienen incidencia en el medio ambiente.

3.Seguridad social: La Constitución debe avanzar en materia de derechos sociales, estableciendo mandatos efectivos al legislador y al Estado para mejorar el acceso a la salud, las pensiones y las protecciones sociales para personas en circunstancias desfavorables. Creo que la Carta Fundamental no debe definir el sistema a implementar, sino que debe dejar espacio al legislador y el Ejecutivo para que adopten decisiones y tengan la flexibilidad de adaptar el sistema a los desafíos futuros. Sin embargo, debería promover la colaboración público-privada para la provisión de estos derechos, establecer un mandato de responsabilidad fiscal y mandatar que las políticas públicas promuevan la responsabilidad de los ciudadanos, como el ahorro, previsión y cuidado de los sistemas de seguridad social. En materia de pensiones, ésta debe incluir la libertad para elegir una administración pública o privada.

4.Derechos laborales: La Constitución debe promover y cuidar el trabajo, respaldando y promoviendo la iniciativa privada en los distintos sectores de la economía, otorgando un derecho de libertad ocupacional, modernizando el sistema de empleo público y, al mismo tiempo, establecer una institucionalidad que proteja los derechos de los trabajadores de forma justa y efectiva. Esta institucionalidad, también, debe tener el espacio para adaptar las reglas laborales a los desafíos que aparezcan en el futuro, especialmente para enfrentar los grandes cambios que existirán con el avance de las tecnologías, como por ejemplo el teletrabajo. También existe un tremendo espacio para avanzar en equidad de género en materia de trabajo, estableciendo una prohibición de discriminación entre hombres y mujeres en el espacio y oportunidades laborales.

5.Reforma tributaria: Debe mantenerse parte de nuestra norma Constitucional actual, que dispone la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas, o en la progresión o forma que fije la ley, y la prohibición de establecimiento de tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Sin embargo, por otra parte, debe avanzarse en establecer impuestos territoriales para promover la descentralización y el desarrollo regional, así como impuestos específicos para promover ciertos ámbitos con importante impacto social como el deporte, la cultura, la salud, entre otros.

Ítalo Zunino Besnier (Evópoli), empresario: Pacto Vamos por Chile, distrito 21(Yumbel, Cabrero, Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa y Tucapel)

1.Derecho de Propiedad: Creo profundamente en la libertad de las personas. El derecho de propiedad es una libertad fundamental y, por lo tanto, debemos ratificarlo y protegerlo. La claridad debe ser total. Sólo así las personas podrán desarrollar sus proyectos de vida y aportarlos al desarrollo del país. Este derecho sólo podrá limitarse excepcionalmente por causas que deriven de la función social de la propiedad. En este caso podrán disponerse expropiaciones legales que deberán dar derecho a una indemnización determinada mediante un procedimiento conocido e imparcial.

2.Medioambiente: Es fundamental que el compromiso con el medioambiente y la naturaleza estén al centro de nuestra nueva Constitución. Se requiere total compromiso del Estado y de toda la sociedad con el desarrollo sustentable. Será necesario definir un nuevo equilibrio entre desarrollo económico, cuidado del medioambiente y equidad social. El Estado debe comprometerse a considerar los avances más actualizados de la ciencia y de la tecnología en el diseño de las políticas públicas tendientes a proteger el medioambiente. Y debe, también, asegurar la conservación de nuestro patrimonio ambiental.

3.Seguridad social: Debemos revisar los mínimos que aseguren una vejez digna y una sociedad justa. El Estado, sobre la base de estos mínimos y manteniendo el principio de responsabilidad fiscal, debe velar para que todos los ciudadanos cuenten con las garantías esenciales para alcanzarlos. No obstante, es fundamental que la ciudadanía se involucre activamente en su propia seguridad social asumiendo, también, deberes y obligaciones individuales. El esfuerzo debe ser justo pero compartido de acuerdo a las capacidades de cada persona durante su vida laboral.

4.Derechos Laborales: Debemos garantizar igualdad, no discriminación de trato y derecho a sindicalización a todos los trabajadores del sector público y privado. Sin embargo, el desarrollo y el cambio tecnológico requerirán incorporar suficiente flexibilidad para enfrentar el Chile del futuro. Adicionalmente, debemos incorporar el principio de igualdad y no discriminación entre trabajadores públicos y privados eliminando las actuales diferencias en el tipo de contrato. Es necesario un nuevo Estatuto del Empleo Público que garantice meritocracia, integridad, neutralidad política, eficiencia y excelencia.

5.Reforma tributaria: El Estado debe contar con los recursos suficientes para cumplir con todas sus obligaciones y deberes. Para obtener estos recursos se debe contar con una estructura tributaria razonable que maximice la recaudación y promueva la inversión, con las instituciones de recaudación y fiscalización adecuadas. Este proceso debe hacerse garantizando la legalidad, proporcionalidad y justicia tributaria a todos los contribuyentes. Simultáneamente, los ciudadanos tienen derecho a una buena administración pública que brinde garantías de eficiencia y eficacia en la administración de sus recursos.

Francisco Orrego (Indep.), exsubsecretario de Minería: Candidatura independiente, distrito 11 (La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura)

1.Derecho de propiedad: El derecho de propiedad es, sin duda, el principio económico más relevante a nivel constitucional. Voy a promover, defender y proteger el derecho de propiedad y la iniciativa privada, sin complejos ni ambigüedades, pues no creo en la hoja en blanco. Me preocupa la insistencia de algunos sectores de izquierda por realizar profundos cambios políticos, sociales y económicos, a través de la nueva Constitución. Quiero más emprendimiento, fomento a la innovación, seguridad, confianza, certeza jurídica y menos intervención del Estado.

2. Medioambiente: El concepto de medio ambiente como garantía constitucional ha evolucionado y se habla de un derecho a un "medio ambiente sostenible". Me preocupa la inspiración conservacionista con que algunos sectores quieren encarar al proceso constituyente, que en lugar de buscar un enfoque de desarrollo sustentable, que permita armonizar todos los intereses involucrados, más bien buscan prohibir, restringir o limitar -de manera absoluta y ex ante- el desarrollo de toda clase de proyectos y actividades de inversión, que son importantes para los chilenos. Quiero sostenibilidad y desarrollo, como motores de nuestra economía, y como conceptos inseparables e irrenunciables.

3. Seguridad social: Ante las expectativas que genera esta discusión, hay que ser honestos y responsables: no hay que hacer creer a las personas que al consagrar los derechos sociales en la Constitución, eso va a significar automáticamente un cambio en sus condiciones de vida. Junto con consagrar nuevos derechos, como aspiraciones a perseguir como sociedad y no susceptibles de ser exigidos judicialmente, el nuevo texto constitucional debe recoger los deberes constitucionales. Somos los campeones en exigir derechos y de mirar al techo a la hora de cumplir los deberes. Quienes sólo quieran ver muchos derechos en la futura Constitución y pocos deberes, se llevarán una gran decepción. La nueva Constitución deberá consagrar equilibradamente unos y otros. Quiero que, por cada derecho que se reconozca en el texto constitucional, se consagre su correlativo deber.

4. Derechos laborales: La actual Constitución ya contempla desde su origen la "libertad de trabajo" y no parece razonable realizar ahí mayores cambios. Lo que sí puede hacer la Constitución es contemplar normas destinadas a garantizar un salario que respete la dignidad humana. La actual Constitución ya reconoce como derecho fundamental la negociación colectiva, que incluye la huelga, la que queda limitada a lo que disponga la ley. No soy partidario de contemplarla, pues los abusos serían inevitables. Soy contrario a la "negociación colectiva por rama", la que, además de ineficiente, choca con el derecho de propiedad, ya que terceros no deberían inmiscuirse en los derechos y obligaciones que una empresa acuerda con sus propios trabajadores. Junto con ello, y acelerado por la pandemia, creo conveniente que se pueda tener claridad sobre los alcances que reviste todo lo que rodea al teletrabajo.

5. Reforma tributaria: El tema tributario conlleva un tema mucho más de fondo y es la modernización del Estado. Siempre se está pensando en cómo sacar más plata a las personas para financiar los gastos del Estado, pero nadie habla de cómo hacer un Estado más moderno y eficiente. Por cada peso que los particulares aporten, el Estado debería disminuir el gasto público en el mismo monto. Debemos avanzar en una modernización del Estado pero en una que sea real y obligatoria para las autoridades.