Los duros cuestionamientos al criterio definido por el gobierno para empezar a avanzar en educación superior gratuita en 2016 siguen subiendo de tono. De hecho, la Alianza articula sus próximos pasos: de aprobarse el proyecto tal como está enunciado, la UDI y RN acudirán conjuntamente al Tribunal Constitucional (TC).
Es un escenario cada vez más probable, pues el gobierno se mantiene firme en financiar al 60% de estudiantes más vulnerables, pero sólo de universidades del Consejo de Rectores (Cruch), en 2016.
"Para incluir a otras universidades, primero necesitamos un nuevo marco regulatorio", dijo ayer el ministro de la cartera, Nicolás Eyzaguirre. Junto con ello reafirmó las razones de la decisión del gobierno: que todas las instituciones del Cruch están acreditadas, que sus aranceles son más bajos y que no lucran, dijo.
El diputado UDI miembro de la Comisión de Educación Jaime Bellolio aseguró que "si se aprobara así, no dudaríamos en hacer una presentación al TC". En la misma línea, su par de RN, José Manuel Edwards, sentenció que "nada justifica esta discriminación atroz. En ese contexto el TC nos parece una excelente idea". Así, este sería un nuevo intento por poner freno a la reforma educacional, luego que el TC rechazara los requerimientos que la Alianza presentó por la ley de inclusión y por el administrador provisional.
Y aunque Eyzaguirre negó una discriminación arbitraria y dijo que "la gratuidad no es un derecho constitucional, entonces se puede establecer beneficios para algunos", la eventual inconstitucionalidad de la medida es respaldada por diversos centros de estudios. Desde Libertad y Desarrollo (LyD), el abogado Jorge Áviles explica que "la inconstitucionalidad se da principalmente por tratamiento distinto a estudiantes que están en igual o peor situación socioeconómica, sin ningún tipo de fundamento razonable".
Raúl Figueroa, director de Acción Educar, también afirma que "separar por Cruch o no Cruch no es viable. Se deben establecer requisitos objetivos a los que todas las universidades puedan acceder". Por su parte, Patricia Schaulsohn, subdirectora de Educación 2020, no cree que la medida es inconstitucional, pero precisa que "nos gustaría que sea para todas las universidades que reúnen requisitos importantes como la acreditación".
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