"Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante: restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera sean sus creencias, ideas, actividades o condición social; sean civiles o militares". Así se plantó Patricio Aylwin Azócar el 12 de marzo de 1990, un día después de haber asumido la Presidencia de la República ante las 80 mil personas que llegaron al Estado Nacional para celebrar el primer gobierno democrático tras 17 años de dictadura. Una ensordecedora silbatina se apoderó del recinto. Él levantó su brazo, endureció su voz y reforzó su mensaje: "¡Sí señores, sí compatriotas. Civiles o militares. Chile es uno solo!". Los aplausos se impusieron, quizás como un anticipo del sello dialogante y transformador de la administración que lideró tras ganar en primera vuelta -con el 55% de los votos- a Hernán Büchi, el aspirante de la coalición Democracia y Progreso y ministro de Hacienda de Augusto Pinochet.
Consciente de la importancia del triunfo en los comicios, el mismo Aylwin reconoció años después el significado de esos resultados: "Sentí que tenía una gran responsabilidad, no sólo con la Concertación, sino con todo el país".
Bajo el compromiso de campaña de "construir una patria buena y justa para todos", el emblemático dirigente DC buscó -como describió en noviembre de 1993- "armonizar la aspiración a la democracia de la sociedad chilena con un marco de estabilidad y crecimiento económico, así como una mayor equidad en la distribución de los frutos de dicho crecimiento".
Alta expansión del PIB apuntaló el gasto social y la baja en la pobreza
"Crecimiento con equidad". Así se denominó el programa económico-social que orientó la administración de Patricio Aylwin y, en particular, la gestión de quien fuera su ministro de Hacienda, el economista Alejandro Foxley.
El mismo Presidente declaró al partir su mandato que pese a ser muchas las necesidades de la sociedad, "deberemos establecer prioridades, lo justo es empezar por los más pobres. Es mucha la gente con problemas, daremos la primera prioridad a los que realmente son más necesitados".
Para ese entonces, los números eran desafiantes. El 40% de la población chilena estaba bajo el límite de la pobreza; más del 17% en indigencia y más del 9% estaba desempleada.
En pos de un accionar que se sustentó en la búsqueda de la justicia social, los esfuerzos apuntaron a conseguir recursos para sanear el pobre presupuesto que habían heredado del gobierno anterior, para lo que se llevó a cabo una reforma tributaria que fue rápidamente aprobada por el Congreso. El objetivo era aumentar el gasto social, tal cual ocurrió cuando se contó con los recursos a un ritmo que superó el 40%.
El accionar de las autoridades se tradujo gradualmente en una favorable respuesta de los inversionistas, que comenzaron a incluir a Chile en su radar de proyectos. Vinieron los acuerdos comerciales y la consolidación del buen pasar en algunos sectores productivos. El ritmo de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) se aceleró para llegar a un promedio en el período de 7,3%. Bajó la pobreza y el desempleo. También la inflación.
El hito de la reforma tributaria con el apoyo de la oposición
"Sé que la afirmación 'en la medida de lo posible', que mis compatriotas me han oído, es objeto de bromas y críticas", confesó el ex Presidente Aylwin al recibir en 2008 la medalla "Héroes de la Paz" de parte de la U. Alberto Hurtado. Pero, subrayó, "la exitosa transición a la democracia fue posible porque conciliamos nuestros ideales con la realidad".
Aún más, fue en ese momento que agradeció a quien liderara Renovación Nacional durante su presidencia, Sergio Onofre Jarpa, por cuanto ese partido dio los votos en el Senado para hacer posible dos reformas fundamentales: la tributaria y la laboral.
Precisamente, entonces se estableció el fin de subir la recaudación en tres puntos del PIB para financiar los nuevos programas sociales.
Los aspectos fundamentales fueron el cambio en el sistema de tributación de las empresas desde utilidades distribuidas a utilidades devengadas; el aumento progresivo del impuesto de primera categoría del 10% al 15%, hasta 1993; aumento progresivo de la tasa del IVA de 15% a 18% y cambio en la estructura de tramos para la aplicación de los impuestos a los ingresos personales, entre otros.
Según datos de la Dirección de Presupuestos, la reforma implicó un alza promedio de los ingresos fiscales de 14,9% entre 1990 y 1993, mientras el país creció 7,3%.
Lo recaudado se destinó en gran medida al gasto social, que creció un 32% real en el período. Subieron las pensiones del 70% de los jubilados y las asignaciones familiares de casi cuatro millones de personas; aumentó la cobertura del programa de alimentación escolar para 100 mil niños, se inició la construcción de 25 mil nuevas viviendas sociales, el sueldo mínimo creció en 44% y se amplió el acceso a servicio de agua potable a 100 mil familias y de electricidad a otras 30 mil.
Esta agenda en busca de justicia social se complementó con la transformación de Odeplan en el Ministerio de Planificación y Coordinación (Mideplan), del cual dependerían los nacientes servicios como el Fosis, Sernam, Conadi, entre otros.
Herencia laboral: reforma y diálogo gobierno-empresarios-trabajadores
La reforma laboral que lideró el ministro del Trabajo de entonces, René Cortázar, buscó un mayor equilibrio en los derechos y deberes entre trabajadores y empleadores. Para ello se propuso, entre otros aspectos, reconocer que sólo las organizaciones sindicales fueran la contraparte de los convenios y contratos colectivos; respetar el principio de libertad de organización sindical de los trabajadores, lo que suponía, permitir la libertad de afiliación sindical, estableciéndose regulaciones que evitaban la fragmentación de los sindicatos; y, adicionalmente, avanzar hacia un mayor equilibrio entre las partes que negocian. Los acuerdos colectivos podrían darse a tres niveles: negociación colectiva en la empresa; negociación colectiva supra-empresa, y tarifados sectoriales.
Estos cambios que derivaron en el Código del Trabajo de 1994 fueron complementados por lo que se llamó el Acuerdo Marco, una iniciativa que reunió todos los años a representantes del empresariado y trabajadores para concordar decisiones de reajustes salariales.
Chile se inserta en el mundo e inicia el camino de acuerdos comerciales
O tra de las tareas que enfrentó la administración Aylwin fue optimizar las relaciones internacionales. El gobierno se centró en reinsertar al país en la órbita de los países con salida al Océano Pacífico y recomponer lazos con los vecinos, trabajando en distintos pactos con Perú, y especialmente con Argentina a fin de solucionar conflictos fronterizos que se arrastraban por años.
En la relación con los trasandinos fue clave el entendimiento con el entonces Presidente Carlos Menem, con quien Aylwin creó una comisión mixta sobre límites fronterizos, la que tenía como objetivo solucionar 22 problemas limítrofes existentes entre ambos países. En menos de un mes hubo solución para 20 de los puntos, quedando pendientes los casos de Laguna del Desierto, que posteriormente sería perdido en un arbitraje, y el de Campos de Hielo Sur.
En el ámbito netamente comercial, el gobierno tomó la decisión de reducir los aranceles desde 15% a 11%, mientras que se inició el proceso que derivó en la firma de acuerdos económicos con varios países de la región, entre ellos México (1991), Argentina (1992), Venezuela (1993) y Colombia (1993), los que servirían de base para futuros tratados de libre comercio, tanto como con algunas de estas naciones, como con los países miembros del Mercosur.
También se recuperó el diálogo con Estados Unidos, que se convertiría por años en el principal socio comercial de Chile.
Durante este cuatrienio también se realizaron importantes convenciones en Santiago, tales como la XXI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1991 y la VII reunión del Grupo de Río, en 1993.
Recordada es la intervención del Presidente Aylwin en la Asamblea de Naciones Unidas del 90, en la que aseguró que "mientras haya pueblos sumidos en el hambre, la miseria, u otros que, sin tan dramáticas circunstancias, se estrellan con obstáculos insalvables en sus esfuerzos por crecer y superarse, la causa de la paz estará amenazada".
Comisión Rettig, ícono del camino hacia la reconciliación nacional
Bajo el mandato del abogado Raúl Rettig, Aylwin creó en 1990 la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para contribuir a esclarecer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Los resultados de este trabajo que consignó 2.279 casos los dio a conocer el mismo mandatario en marzo de 1991, ocasión en la que no solo se hizo célebre su frase "habrá justicia solo en la medida de lo posible", sino que también su petición de perdón. Visiblemente afectado, expresó: "Me atrevo, en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera, para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas".
El 4 septiembre de 1990 hizo otro gesto que dio cuenta de su interés por avanzar en la reconciliación del país, al hacerle un funeral de Estado a quien fuera uno de sus adversarios políticos como lo fue el ex Presidente Salvador Allende, tal como se lo había prometido a su viuda Hortensia Bussi.
Su visión sobre Pinochet
Patricio Aylwin tuvo que convivir con Augusto Pinochet en su calidad de comandante en jefe del Ejército. Y las escaramuzas se dieron desde el principio. Por ejemplo, una ocurrió tras el nombramiento de Patricio Rojas como ministro de Defensa, lo que molestó en los cuarteles del Ejército. "Lo elegí porque sentí que tenía que ser una persona terca, de gran carácter que impusiera respeto", confidenció en su momento a la historiadora Patricia Arancibia. Es más, contó que en un momento le solicitó a Pinochet que diera un paso al costado, a lo que Pinochet habría respondido: "No señor, se equivoca, no ve que mi gente está muy nerviosa, nadie lo va a defender mejor que yo".
Los desencuentros subirían de tono con el tiempo, en especial tras la investigación iniciada en contra Augusto Pinochet Hiriart, hijo del militar, por el caso de los "pinocheques". Luego que esta información fue filtrada por la prensa, Pinochet ordenó a las tropas acuartelarse, buscando generar presiones para que el gobierno se abstuviera de tomar medidas al respecto. Tres años después, el caso volvió a generar desencuentros cuando la portada del diario La Nación informaba sobre la reapertura de las investigaciones.
Vinieron las reacciones y esta vez el general se reunió con otros oficiales en el edificio de las Fuerzas Armadas, escoltado por militares armados y con sus trajes de combate. Este episodio, que hizo ceder a Aylwin, fue conocido como "el boinazo" por las boinas de color negro que llevaban los soldados.
En el balance de Aylwin, durante su período presidencial -salvo el ejercicio de enlace y el boinazo- tuvo una "relación humana muy correcta con el general", a quien definió como "cazurro, un hombre que en lo formal era muy respetuoso e, incluso, amistoso".
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