La liberación del sospechoso de sicariato, por el asesinato del comerciante del Barrio Meiggs José Reyes, Osmar Ferrer Ramírez, vinculado a una banda que tendría conexiones con el Tren de Aragua, provocó este martes una serie de reacciones tanto de la oposición como del oficialismo, en el Congreso. Estos últimos, además, instan a que se apruebe el levantamiento del secreto bancario para detectar el lavado de activos.
Una de las reacciones es que la bancada de disputados de la UDI, encabezada por Henry Leal, junto con el secretario general de la colectividad, diputado Juan Antonio Coloma, exigieron al Presidente Gabriel Boric que convoque de manera “urgente” al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para la tarde de esta misma jornada.
Aunque los parlamentarios opositores esperan el resultado de las investigaciones en el Poder Judicial y en el Ministerio Público con las que se busca aclarar cómo se produjo este hecho, manifestaron que es “indispensable” que el mandatario cite al Cosena para abordar la eventual penetración del crimen organizado en las instituciones públicas, a propósito también de la detención de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas -en particular del Ejército y la Fuerza Aérea- en causas relacionadas con el tráfico de drogas.
Los legisladores estiman que “pareciera que ya llegamos al punto de no retorno del que todos hablaban” y, por lo mismo, reflexionaron respecto de que “si el Presidente se va a estar reuniendo de manera separada con los distintos integrantes del Cosena, lo mejor es que (…) convoque a este consejo como corresponde”.
Por su parte, el diputado Jorge Alessandri aseguró que el "equipo investigativo" de la bancada de la UDI ha recopilado una serie de antecedentes que permiten que se evalúe una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, por la responsabilidad política que le cabría en lo sucedido.
Entre los antecedentes, detalló que "hay una cadena de correos electrónicos, con minutos de diferencia, que podría apuntar al culpable"; además, también apunta al Registro Civil, por la demora en asignarle un rut provisorio al imputado que, finalmente, fue liberado.
Convocar al Consejo Nacional contra el Crimen Organizado
Desde el PPD, en tanto, el diputado Jaime Araya (indep. PPD) se sumó a la postura del gremialismo, instando a convocar a otro organismo más relacionado con lo que está ocurriendo en materia criminalidad. “Queremos pedirle al Presidente de la República que convoque, de una vez por todas, al Consejo Nacional contra el Crimen Organizado”, instó el legislador oficialista, argumentando que “tienen que estar todas las instituciones del Estado para mirarse a la cara y decir sinceramente cuan permeado está el Estado de Chile por el crimen organizado”.
Mientras que el diputado PPD Raúl Soto manifiesta que la pregunta que hay que hacerse tras lo sucedido es ¿cómo esta solicitud de liberación llega a ser suscrita oficialmente por el Poder Judicial y llega a manos, por tanto, de Gendarmería, para la liberación de este sicario? Tras lo cual manifestó que no se puede descartar ninguna tesis.
El mismo juzgado liberó a sujeto que amenazó de muerte a diputada
En tanto, la subjefa de la bancada, diputada Camila Musante (indep. PPD) hizo una grave denuncia, asegurando que fue víctima de amenazas de muerte por parte de un sujeto que fue identificado por la justicia, que prestó declaración y confesó ante el Ministerio Público, pero que “de igual forma fue dejado en libertad, tras la decisión del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el mismo tribunal desde donde se emitió la orden que revocó la prisión preventiva del sicario acusado de asesinar al empresario llamado el Rey de Meiggs”.
Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto, junto con expresar su preocupación por lo que está ocurriendo en esta materia, fue categórico en advertir que “el proyecto que ataca de frentón esta herramienta, esta arma mortal que tiene el narcotráfico, se llama proyecto de Ley del Subsistema de Inteligencia Económica”.
El parlamentario oficialista recordó que la iniciativa estuvo dos años en el Senado y, ahora, en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara “se le ha puesto ocho veces discusión inmediata y aún no lo sacan; ocho veces, no cumplen con la discusión inmediata. Y esta es la mejor contribución que se hace, desde este Congreso, al avance del crimen organizado, porque no podemos detectar a tiempo el lavado de activos”, advirtió.
Al planteamiento de Soto adhirió la diputada frenteamplista Gael Yeomans quien junto con expresar la gravedad de la situación, instó a la UDI a “aportar con su voto en el levantamiento del secreto bancario”. Adicionalmente anunció el ingreso de un proyecto para realizar el test de drogas en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, pero insistió que es urgente el levantamiento del secreto bancario.
Citaciones a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Comisión investigadora
La bancada del Partido Republicano (PR) también se refirió al tema. En este sentido, el diputado Cristián Araya, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, anunció que frente a los graves hechos que son de público conocimiento solicitará que se cite para el día lunes próximo al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco; y a representantes del Ministerio Público, Gendarmería, y del Ministro de Justicia.
Ello, porque según enfatizó “estamos frente a un hecho que atenta contra nuestro orden legal, pero también contra los principios más básicos de nuestra democracia. Si no podemos confiar en la justicia, el país se cae a pedazos”. Mientras que el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, diputado Johannes Kaiser, anunció que pedirá la creación de una comisión investigadora por lo sucedido y destacó que exigirá las responsabilidades administrativas y políticas por ello, por lo que está esperando -dijo- que el ministro de Justicia diga "qué cabezas rodarán".
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