Una jornada intensa de conversaciones se desarrollaron ayer para ingresar indicaciones a la reforma tributaria.
Es que la reunión entre los asesores técnicos de parlamentarios con Hacienda tuvo una disrupción, ya que los representantes de la oposición se restaron. ¿La razón? Protestar por lo que consideran es un espacio “acotado” para cambios.
Los asesores técnicos de la oposición se restaron de la reunión de ayer a modo de protesta, lo que generó desconcierto en Hacienda ya que la decisión no fue informada a la cartera por los diputados.
Todo nació tras la reunión del viernes, cuando la abogada Carolina Fuensalida (en representación del UDI Guillermo Ramírez) solicitó al co-coordinador de Política Tributaria de Hacienda, Diego Riquelme, abrirse a modificaciones en dos temas clave: la desintegración del sistema tributario y la creación del impuesto a la riqueza.
La negativa del alto asesor del ministro Mario Marcel descolocó a la experta y generó molestia entre los diputados de ChileVamos de la comisión de Hacienda, quienes solicitaron a sus asesores no participar de la cita de ayer.
“Nuestros asesores, gente muy profesional y ocupada, tienen la sensación de que las reuniones son inútiles. No se abordan los temas en profundidad, no hay apertura para hacer cambios y no hay sintonía entre lo que dice el ministro y sus representantes en esa mesa. Al final, es una mesa para hacer como que se negocia; pero es solo una pantalla. Y no tenemos tiempo para eso”, dijo Ramírez.
La respuesta de Hacienda
Consultados oficialmente, desde Hacienda sostuvieron que los diputados opositores “no habían anticipado” la decisión de restar a los asesores de la reunión, por lo cual el ministerio “se vio sorprendido por el repentino cambio de actitud respecto de las conversaciones que se entendía estaban, hasta el viernes, avanzando en términos bastante positivos”.
Junto con señalar su disposición a continuar dialogando, en Teatinos 120 señalaron que entendían que había “principios de acuerdo” respecto del temario que revisarían los asesores, “e incluso se habían concordado algunas indicaciones, y nunca se advirtió al Ministerio de Hacienda de un problema”.
De hecho, el Ejecutivo reveló los 15 temas propuestos para el trabajo de preparar indicaciones.
El primero es modificar la tasa del 1,8% al diferimiento de impuestos finales; el reconocimiento como crédito de los impuestos pagados en el exterior; mantener las exenciones de ingresos por viviendas DFL-2 “en algunos casos”; cambios al gasto presunto cuando personas naturales reciben ingreso por arriendo de viviendas; y la “armonización” de la reforma con los beneficios tributarios para las zonas francas.
Un sexto -y nuevo- tema que se agregó al listado de eventuales ajustes se relaciona con el procedimiento de aplicación de la Normativa General Antielusión (NGA), pero “manteniendo su calificación administrativa”.
Los puntos siete y ocho del listado se relacionan con la figura del denunciante anónimo: uno es homologar el procedimiento con el régimen vigente en la legislación en otras materias, como el denunciante en delitos contra la libre competencia e ilícitos del mercado de capitales; y aumentar las sanciones por denuncias falsas.
Un noveno punto se refiere a sanciones y procedimientos en materia de evasión tributaria como comercio ilegal, narcotráfico y robo de madera.
También, se exploran incentivos a la formalización de negocios y una mayor gradualidad en la salida de la rebaja transitoria del impuesto de Primera Categoría a las empresas en el régimen Pyme, que sube de 10% a 25% a partir del 2023.
El punto 12 se relaciona con una mayor gradualidad en la entrada en vigencia del límite del uso de pérdidas al 50% de la base imponible. También, se ajustarán las medidas de la reforma que se relacionan con la fiscalización de las reorganizaciones internacionales.
Los últimos dos puntos se refieren a cambios en la tributación de los fondos de inversión y el “exit tax” de 5% que contempla el impuesto al patrimonio para los contribuyentes que cambien su residencia. Estos dos últimos temas fueron sugeridos por Fuensalida el viernes y fueron acogidos por Hacienda.
Lo que espera el mercado
Las auditoras y estudios de abogados ya identifican los temas que podrían ser parte de un ajuste más amplio a la reforma, luego del resultado del plebiscito y las palabras de Marcel el lunes, cuando dijo que el escenario cambiaba el tono de la tramitación de las reformas.
El socio líder de Tax & Legal de Deloitte, Hugo Hurtado, apunta al impuesto patrimonial, advirtiendo que tiene un “marcado sesgo y que no ha sido exitoso en otros países”. A su vez, señala que habría que ajustar la desintegración del sistema impositivo, el cual es un cambio “muy radical que no aporta mucho a la simplicidad ni tampoco a la recaudación”.
La socia de Tax & Legal de PwC, Loreto Pelegrí, plantea eliminar el nuevo gravamen a la retención de utilidades en las empresas no operativas y recalca que no se trata de no hacer una reforma impositiva, “sino de que la reforma sea técnicamente buena, que se enfoque en la informalidad y elusión, y que no se afecte la inversión y el ahorro”.
El socio líder de Consultoría Tributaria de KPMG, Andrés Martínez, complementa que las modificaciones deberían partir por las materias “que han sido mayormente criticadas”, como el gravamen a las utilidades diferidas y la limitación al uso de las pérdidas tributarias. “Tales medidas entregan mensajes que son contrarios a la inversión y financiamientol”.
El socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, argumenta que la situación económica amerita nuevos estímulos al crecimiento y la inversión, por lo cual “sería conveniente evaluar una rebaja, aunque fuere transitoria, a la tasa del impuesto de Primera Categoría de todas las empresas, sin limitación”.
El socio de Cabello Abogados, Juan Pablo Cabello, cree que también se podría revisar el aumento de 10% a 22% del impuesto a las ganancias de capital por operaciones bursátiles en instrumentos líquidos: “No es descartable que en la discusión se opte por postergar el cambio a un sistema desintegrado”.
Una modificación al diseño del impuesto al patrimonio podría ayudar a reducir la incertidumbre sobre las decisiones de inversión, considera el socio de AK Contadores, Patricio Gana: “Además es un factor que ha empujado (y lo seguiría haciendo) la fuga de capitales”.
Mientras que el socio de Moraga & Cía., Álvaro Moraga, cree que el proyecto debe reformularse “por completo, poniendo énfasis en la inversión y el empleo. Más aún cuando todos los especialistas auguran un 2023 con una grave recesión económica”.
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