Mientras el Ministerio de Hacienda afina la reforma al mercado de capitales que pretende ingresar durante el segundo semestre -una vez despachado el proyecto de reconstrucción-, el sector privado comenzó a delinear sus propias prioridades en esta materia.
De hecho, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) elaboró una batería de propuestas que incluso ya socializó con el Presidente de la República, José Antonio Kast, en la reunión que sostuvieron en La Moneda hace unos días.
Todas ideas que, además, coinciden en parte con algunas que barajaría la actual administración, como la internacionalización del peso chileno y la revisión de la Tasa Máxima Convencional (TMC).
Los ejes
Uno de los principales planteamientos de la multigremial es fortalecer la integridad y seguridad del sistema financiero, por ello, proponen actualizar la Ley de Fraudes para alinearla con estándares internacionales.
La iniciativa también apunta a modernizar la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo encargado de prevenir y detectar operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entregándole mayores capacidades para enfrentar esquemas delictuales cada vez más sofisticados.
En esa línea, la CPC planteó fortalecer la inteligencia financiera mediante una mayor colaboración entre el sector público y privado, a través de un marco moderno de intercambio de información que permita reaccionar con mayor rapidez frente a operaciones sospechosas.
“Nuestro país tiene las condiciones para transformarse en un centro financiero regional, pero necesitamos seguir modernizando nuestro mercado de capitales. Eso supone realizar ajustes regulatorios y tributarios que fortalezcan su competitividad”, dijo Jiménez.
Entre las medidas ya más específicas, figura la propuesta de agilizar el levantamiento del secreto o reserva bancaria para reducir los tiempos judiciales requeridos para acceder a antecedentes en investigaciones por lavado de activos.
Actualmente, para acceder a la información bancaria sujeta a reserva, la CMF debe contar con la autorización previa de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dicho requerimiento debe ser presentado con los antecedentes que lo sustenten y que justifiquen la necesidad de contar con los antecedentes en cuestión.
Luego, el ministro de la Corte de Apelaciones debe resolver la solicitud en un plazo de tres días, sin audiencia ni intervención de terceros. Aquí, la apuesta de la CPC es que la solicitud se resuelva en un plazo de 24 horas.
La Confederación, adicionalmente, sugiere crear un Registro Centralizado de Operaciones Sospechosas, administrado por la UAF, que facilite el intercambio de información entre los distintos sujetos obligados bajo estrictos estándares de seguridad.
A ello se suma la posibilidad de compartir información anonimizada y tipologías de riesgo entre la autoridad y las instituciones financieras, con el objetivo de fortalecer la prevención sin vulnerar las normas de secreto y reserva.
El documento también sugirió ampliar las facultades preventivas de la UAF respecto de productos financieros asociados a operaciones sospechosas, y ampliar el uso del Registro de Deuda Consolidada como herramienta para detectar operaciones vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
Internacionalización del peso y cambios a la TMC
Otra de las directrices busca profundizar el mercado de capitales mediante acciones para ampliar las fuentes de financiamiento y aumentar la liquidez.
En esa línea, la CPC propone avanzar en la internacionalización del peso, fortalecer el mercado de REPO, crear un programa de market makers para la deuda soberana y revisar el impuesto a las ganancias de capital para acciones sin presencia bursátil.
La multigremial se mostró partidaria de ajustar o eliminar la Tasa Máxima Convencional para facilitar el acceso al crédito.
Lo anterior, como parte de una agenda para convertir a Chile en una plataforma financiera regional, con cambios regulatorios y tributarios que fortalezcan la competitividad del sistema financiero. Asimismo, proponen separar la administración de fondos de la gestión de inversiones, modernizar la regulación de seguros y revisar los requerimientos de capital, manteniendo los estándares de Basilea III, pero evitando sobrecostos que puedan restringir el crédito.
La CPC también dedicó un apartado a la implementación de reformas recientemente aprobadas. Entre ellas, plantearon desarrollar un marco de inversiones derivado de la reforma previsional basado en riesgos, resguardar la protección de datos en la futura licitación del stock de afiliados e implementar gradualmente el Sistema de Finanzas Abiertas para asegurar que fomente competencia e innovación.
“Nuestro país tiene las condiciones para transformarse en un centro financiero regional, pero necesitamos seguir modernizando nuestro mercado de capitales”, dijo la presidenta de la multigremial, Susana Jiménez.
Eso, añadió, “supone realizar ajustes regulatorios y tributarios que fortalezcan su competitividad, implementar adecuadamente las reformas que ya están en marcha, reforzar la integridad y la seguridad del sistema financiero, y avanzar decididamente en educación financiera”.
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